Las ONG llevan años denunciando las vulneraciones de derechos humanos que suceden en los vuelos de deportación. Comprobar los testimonios de los repatriados que han asegurado ser víctimas de un uso excesivo de la fuerza policial se hace prácticamente imposible: los operativos están blindados por un compromiso de silencio que pesa sobre todo el personal a bordo.
Sin embargo, las 25 páginas del protocolo policial sobre repatriaciones, creado en 2007 tras la muerte de Osamuyi Aikpitanyi durante su deportación a Nigeria desde España, dan cuenta de hasta dónde puede llegar el “operativo de seguridad” activado en estos aviones.
Repasamos lo que sí se sabe acerca de los vuelos de deportación organizados por España.
¿Cómo son los vuelos de deportación?
Pueden ser de varios tipos. Por un lado, las expulsiones forzosas se pueden producir en vuelos comerciales, como ocurrió en el avión con destino Dakar del que acabaron expulsadas algunas de las personas que protestaron contra la deportación este fin de semana. En estos casos, el resto de pasajeros viajan al país de origen del repatriado en una aerolínea común y, en el avión, sin ser avisados, se encuentran la escena.
Por otro lado, el Ministerio del Interior fleta vuelos cada cierto tiempo en solitario o en colaboración con la Agencia Europea de Control de la Frontera Exterior (Frontex) con el objetivo de deportar a un gran número de personas. En ocasiones, realizan paradas en más de un país.
¿Cómo funcionan los macrovuelos de deportación?
La Unidad Central de Expulsiones y Repatriaciones (UCER) de la Policía Nacional es el grupo encargado de organizar la ejecución de las repatriaciones colectivas, ya sea en aviones fletados para este fin o en vuelos comerciales.
Los operativos están caracterizados por una fuerte presencia policial. Cada uno de los dispositivos de deportación está formado por un grupo de policías vestidos de paisano con un chaleco identificativo. El número de escoltas, como mínimo, debe igualar la cifra de personas expulsadas. El equipo siempre deberá estar integrado, además, por personal sanitario, según el Protocolo policial que establece las “normas de actuación en las repatriaciones y en el traslado de detenidos por vía aérea o marítima”. Los deportados pueden ir amarrados durante todo el trayecto.
Los testimonios de personas repatriadas recogidos por eldiario.es denuncian el uso “desproporcional” de la fuerza con el objetivo de reprimir la resistencia de aquellas personas que se oponen a tomar el vuelo.
¿La Policía puede usar la violencia física en los vuelos de deportación?
La normativa interna que rige qué puede y qué no puede hacer la Policía Nacional en un vuelo de deportación deja abierta la puerta al uso de sedantes en los vuelos, el empleo de medidas coercitivas en el mismo avión donde también son expulsados menores, la utilización de “prendas o cinturones inmovilizadores”, “lazos de seguridad”...
Según la normativa, el uso de la fuerza “deberá ser proporcionado y respetar los derechos individuales de los repatriados”. Sin embargo, según ONG como Amnistía Internacional, no hay mecanismos para vigilar si esa violencia es proporcional o no.
El protocolo interno añade en dos ocasiones (y subraya) un único límite específico: “En ningún caso la aplicación de las medidas coercitivas podrá comprometer las funciones vitales del repatriado”. Es decir, no lo pueden matar.
En 2015, un vídeo difundido por Stop Deportación captó los golpes de una agente policial a una persona que iba a ser repatriada en un vuelo comercial:
Los escoltas de las personas repatriadas no podrán ir armados y tienen prohibido el consumo de bebidas alcohólicas.
¿Qué medios usa la Policía dentro del avión para evitar la resistencia?
El protocolo interno incluye un listado de los medios que pueden emplear los agentes: lazos de seguridad, prendas o monos de vestir “para aquellos repatriados que lo necesiten”; cascos para los que “manifiesten con violencia o de forma perturbadora, que sea de características materiales y técnicas que impidan que no se autolesionen”; “cinturones y prensas inmovilizadoras homologadas; cinta reforzada (adhesiva) y ”lazos de seguridad“.
La cinta adhesiva suele ser utilizada, según fuentes policiales consultadas por eldiario.es, para atar a aquellos repatriados que ponen resistencia de pies y manos, “como una momia”, antes de subirles a la fuerza al avión. Está prohibido usarla de mordaza.
¿Cómo se usan las sedaciones forzosas?
A pesar de que la Policía Nacional asegura que el uso de sedantes para facilitar la repatriación de inmigrantes que se resisten a ser expulsados “está prohibido”, el protocolo que determina las normas de actuación en estos dispositivos policiales deja una puerta abierta al empleo de esta técnica.
El Ministerio del Interior permite las sedaciones forzosas en los vuelos de deportación siempre y cuando el médico que acompaña al operativo, un funcionario adscrito a la Dirección General de la Policía, apruebe su utilización “por razones de seguridad” o, en su caso, el doctor del Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) de la ciudad de partida del vuelo –una empresa privada que ha ganado el concurso publico en el caso de Madrid–.
“El uso de sedantes para facilitar la expulsión está prohibido, salvo prescripción facultativa cuando fuera necesaria por razones de seguridad del vuelo”, determina el protocolo policial.
Las razones esgrimidas por la Policía Nacional para justificar los supuestos en los que, bajo prescripción facultativa, se recurre al uso de sedantes en estos operativos son la “seguridad del vuelo y de sus ocupantes ” y la propia integridad de la persona sedada. Pero volvemos al problema de base: ningún organismo independiente puede controlar su uso.
¿Alguna persona ha muerto en un vuelo de deportación organizado por España?
Sí. En junio de 2007, Osamuyi Aikpitanyi, un joven nigeriano de 23 años, falleció en un vuelo de deportación Madrid-Lagos. Las ONG aseguran que murió de asfixia por culpa de la cinta que amordazaba su boca.
¿Por qué se dice que los vuelos de deportación son secretos?
La Dirección General de la Policía no aporta datos concretos de los vuelos de deportación al considerarlo un “operativo policial”. La única institución que ofrece información al respecto es la Defensora del Pueblo, a través del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.
Además, las empresas adjudicatarias del servicio de deportación firman un “pacto de silencio” con el Gobierno. Entre las condiciones técnicas y económicas especificadas en el concurso público, una de las exigencias que deben cumplir es la confidencialidad. Lo que ocurre en el avión se queda en el avión.
El protocolo policial también prohíbe a los agentes “tomar fotografías mientras se esté prestando servicio” para, apunta, salvaguardar “los derechos y protección de la intimidad y la propia imagen de los escoltas y repatriados”.
¿Cómo se puede controlar entonces qué ocurre en los vuelos de deportación?
El único control en España sobre lo que ocurre en el interior de las operaciones de repatriación lo ejerce el Mecanismo Nacional Prevención de la Tortura de la Defensoría del Pueblo, a través de la supervisión esporádica de estos vuelos. En los casos de los vuelos de deportación de Frontex, la Defensora del Pueblo debe avisar con antelación de la realización de la visita. En 2016, vigiló tres de los 174 operativos de retorno efectuados.
El comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa recomendó en septiembre de 2001 en septiembre de 2001a todos los estados miembros la realización de informes médicos previos y posteriores a la expulsión para garantizar que el estado de salud se mantiene tras la deportación. También solicitó una mayor transparencia en estos operativos y el impulso de un sistema de control independiente de los vuelos de repatriación europeos. De esta forma, se podría aumentar la vigilancia sobre el empleo de sedantes o el uso de la fuerza.
En esta línea, la Defensoría del Pueblo ha recomendado a la Dirección General de la Policía la realización de un informe médico previo a la deportación, así como la creación de “un libro de registro” en el que la Policía Nacional incluya “los medios de contención” empleados en cada operativo. Por el momento, la DGP no ha respondido a dichas solicitudes, según el último informe anual del MPT.
¿Cuáles son las empresas adjudicatarias del servicio de repatriación de los macrovuelos de deportación?
La última adjudicación ha sido concedida a Air Nostrum y Barceló Viajes, a las que el Ejecutivo ha destinado 11.880.000 euros en 2017 y 2018 para encargarse del servicio aéreo de repatriaciones.
Hasta esta último concurso público, Air Europa fue la encargada de prestar este servicio durante los años anteriores.
¿Pueden los pasajeros o la tripulación de un vuelo comercial frenar una deportación?
En las repatriaciones forzosas llevadas a cabo en vuelos comerciales, el piloto puede exigir a la Policía Nacional la cancelación de la deportación. Él tiene la última palabra sobre el vuelo y puede negarse a despegar en estas circunstancias. En este sentido, los pasajeros pueden influir en la decisión del capitán con sus quejas.
En 2015, un piloto de la compañía marroquí Air Maroc se negó a embarcar en su nave a un inmigrante esposado y escoltado por dos agentes de la Policía Nacional que iba a ser deportado en un vuelo comercial rumbo a Guinea Bissau con escala en Casablanca. Alegó que en su nave no subían personas maniatadas.
Tampoco es la primera vez que los pasajeros que se oponen a las deportaciones sufren represalias. En marzo de 2015, diez personas fueron detenidas acusadas de provocar “un motín” en un vuelo comercial de Iberia entre Madrid y Dakar tras escuchar los gritos de un hombre senegalés custodiado por la policía. El repatriado llevaba cinco años en España y había pedido la residencia, informó Europa Press.