La semana pasada salieron a pasear algunos datos sobre visitas turísticas a España. En los cinco primeros meses del año, ha venido un 11,4% más de visitantes que en el mismo periodo del año anterior (que ya batió records con un crecimiento del 7,6%). Tiene pinta de que este año pasamos de 70 millones de turistas extranjeros, de los cuales al menos 11 ó 12 millones deambularán por Madrid, que también acoge un buen número de curiosos del país. Como siempre con las cifras que representan crecimiento y dinerito, todo el mundo está dando palmas con las orejas y planteándose pocas dudas. Bueno, casi todo el mundo.
Vivo en el distrito Centro de Madrid. Cada mañana camino cinco minutos hasta mi oficina en Malasaña. Cada vez más, tengo la sensación de ser parte de un paisaje, un extra para la foto. El barrio, como pasó antes en otras zonas (Letras, Latina, Sol), empieza a ser un decorado. Las terrazas de la plaza de Juan Pujol, por ejemplo, se ofrecen desde primera, haga frío o calor, hora para el desayuno, merienda y cena de parejas y familias de Lonely Planet. El ruido de los trolleys es ya tan habitual como el de los chinos ofreciendo cerveza. Cuando cierra una carnicería, en menos de dos semanas el local se convierte en una tienda de ropa vintage (no es exageración, pasó hace un par de meses).
Ojo, no escribo poseído por el espíritu de Javier Marías, me parece estupenda la modernidad y entiendo que los barrios tienen que evolucionar y también sé que el euro del guiri es bienvenido y necesario para muchos. Pero hay que tener cuidado con el turismo. Muchos lugares de todo el mundo ya le han visto las orejas al lobo a este modelo productivo que genera unos cuantos traumas.
Va una ristra de noticias más o menos recientes sobre el tema: en Islandia han tenido que reponer sus señales de tráfico, hacerlas más pesadas y anclarlas mejor a los postes porque los turistas habían decidido que eran un buen recuerdo de su viaje. En ese mismo país se están planteando poner límites a las visitas —1,3 millones de turistas al año para una población de 330.000—, impuestos y algunas otras medidas para paliar el daño de tanta gente en busca de gnomos. En Lisboa hace tiempo que hay un movimiento ciudadano contra la avalancha de foráneos con chancletas. En Ámsterdam, la oposición socialdemócrata pide poner freno a la riada de guiris que están acabando con la personalidad de la ciudad. ¿Cómo? Con límites a los festivales que se celebran y a los alquileres turísticos—ya los tienen restringidos en 60 días al año por piso pero quieren que sean 30—.
Y con esto llegamos al temazo: los pisos turísticos y la economía colaborativa que no es tal. ¿Está cambiando una empresa de San Francisco la forma en que vivimos las ciudades de todo el mundo? Sí. Volvamos a Malasaña.
En un barrio con muy pocas plazas hoteleras, hay en torno a 500 apartamentos en Airbnb según un estudio que realizó el año pasado Somos Malasaña (ahora serán unos cuantas más). Eso quiere decir que al menos hay 500 pisos menos en el mercado normal de alquiler, o sea, que hay 500 unidades familiares menos viviendo y haciendo barrio. Por eso cierran las carnicerías y abren tiendas de ropa de segunda mano, porque cada vez hay menos vecinos y más turistas. Hay beneficios para algunos, claro, pero también hay pérdidas para muchos. Llámalo gentrificación o encarecimiento de precios, desnaturalización, desplazamiento de la población, empobrecimiento del tejido social y comunitario.
Por eso, cuando Airbnb saca pecho con el impacto económico de su actividad, hay que mirar el cuadro completo, no sólo su parte. En este texto de Manuel Ángel Menéndez hay unos cuantos matices necesarios. Y en este análisis que realizó El Español, un montón de datos que demuestran que esta economía tiene poco de colaborativa y permanece cómoda al margen de la ley. Y no afecta sólo a Malasaña sino a los centros de todas las ciudades.
De hecho, son muchos los gobernantes que están tomando medidas. Va otra tanda de noticias: Berlín ha prohibido el alquiler de apartamentos completos como pisos turísticos para limitar la burbuja que han provocado en los alquileres. Como la que ha vivido Nueva York, donde según un reciente estudio, Airbnb y similares han reducido un 10% la oferta inmobiliaria. En esa ciudad, como en muchas otras de Estados Unidos, están tratando de poner freno con distintas medidas. Barcelona acaba de presentar un plan de choque para combatir los pisos turísticos ilegales que ya reguló hace poco. Y, a todo esto, Airbnb en España ha declarado unos beneficios de 108.000 euros después de haber ingresado 2,6 millones de euros. Ejem.
¿Qué pasa en Madrid? Aquí el asunto esta regulado por la Comunidad, por el decreto 79/2014 que es bastante restrictivo pero que recientemente ha sufrido un palo por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, tras una sentencia que anula el mínimo de cinco noches para poder alquilar una vivienda completa. Se mantiene, eso sí, la necesidad de tenerla inscrita en un registro oficial y la obligación de presentar un plano de la misma. Al habla con Carlos Chaguaceda, director general de Turismo de Madrid, me cuenta que esto “garantiza tanto los derechos de los turistas como el control de la actividad”. Sin embargo, reconoce que está siendo difícil poner coto a estas plataformas. “Por una parte, se niegan a someterse a regulaciones nacionales al declararse empresas online y, además, dicen no estar dedicadas al turismo, sino ser meros tablones de anuncios, así eluden responsabilidades”. Por ejemplo: ahora mismo están registradas en Madrid sólo unas mil viviendas. ¿Comparamos este número con el de viviendas localizadas en Airbnb en el barrio de Malasaña mencionado antes? Pues eso.
“El turismo es fuente de riqueza —explica Chaguaceda— pero hay dos palabras necesarias: control y sostenibilidad. Vale lo mismo para el Parque Nacional de Guadarrama que para los pisos turísticos. Igual que se ha prohibido bañarse en La Pedriza, hay que imponer estos criterios de sostenibilidad y respeto al entorno para controlar el impacto del turismo en el centro de las ciudades. A nadie le gusta que se conviertan en un parque temático”.
Desde el Ayuntamiento, también se muestran preocupados por el tema y explican que están en contacto constante con la Comunidad. Luis Cueto, coordinador general de la Alcaldía de Madrid, dice: “El Ayuntamiento promueve la autorregulación, y así se lo ha hecho saber a Airbnb, por ejemplo, a quien se le ha recomendado que expulse de sus plataformas a los propietarios que la usen como alquiler profesional encubierto, ya que en caso contrario, tal y como ha ocurrido en otras capitales, se podría llegar a prohibir este tipo de alojamientos”.
El problema, ya se ha dicho y los dos cargos consultados lo admiten, es que ni la regulación ni la autorregulación están funcionando. ¿Qué más se puede hacer? Habla Carlos Chaguaceda: “Nosotros no estamos por establecer cuotas, creemos que lo primero es conocer una realidad que se ha escapado de nuestro control. Hay que regular para que aflore todo lo que hay, luego ordenarlo y después tomar medidas”. Luis Cueto, en cambio, piensa en ir bastante más allá: “Una medida coherente sería limitar el número de apartamentos de este tipo por barrio, para impedir los problemas ocasionados por la masificación de esta oferta, mediante modificaciones puntuales del plan general de Ordenación Urbana o planes especiales”. Una medida que suena bien pero que se puede topar con el superpoder de estas plataformas, que son evasivas como el mercurio.
Acabo. Consuela saber que Ayuntamiento y Comunidad están coordinados y detrás del asunto. Pero es preocupante que no haya medidas urgentes. El problema no está por llegar. Ya existe. Y va a ir a mucho más.
