Los 18 años de acuerdos de precios con supermercados en Argentina: no solucionan la inflación, pero moderan las expectativas

A finales de 2005, el entonces presidente de Argentina, Néstor Kirchner, comenzó a aplicar acuerdos de precios con supermercados para controlar una inflación que subía al 12%. No era una idea nueva: la habían instrumentado desde la década de 1950 otros gobiernos peronistas y radicales (centro) y dictaduras militares. Pese a los pactos con las grandes cadenas comerciales y sus proveedores, las empresas de alimentos, bebidas y productos de higiene, el índice de precios al consumidor (IPC) se situó a partir de 2007 en un entorno del 25% anual. En 2015, el neoliberal Mauricio Macri llegó al poder, pero no se atrevió a eliminar los llamados Precios Cuidados, que heredó de su antecesora, Cristina Fernández de Kirchner: los acotó y apostó por una receta ortodoxa para bajar la inflación, pero acabó con un IPC del 54% en 2019. Ese año volvió al poder el peronismo con Alberto Fernández de presidente y Cristina Kirchner como vicepresidenta y en 2022, ante un IPC que alcanzó el 95%, el ministro de Economía, Sergio Massa, lanzó en noviembre pasado los Precios Justos. Se trata de una herramienta que puede moderar las expectativas de una mayor inflación a futuro, un instrumento necesario pero insuficiente para provocar un descenso del IPC.

El equipo del ministro Massa negoció los Precios Justos con todas las cadenas de supermercados, desde las grandes como Carrefour, Día y sus rivales de capital argentino y chileno, hasta las pequeñas compañías de cada provincia. Además, acordó con un centenar de sus proveedores que representan el 86% de la oferta de las grandes superficies: desde corporaciones locales hasta multinacionales como Coca-Cola, Unilever, las cerveceras AB Inbev y Heineken, Nestlé, Danone, Colgate Palmolive, Mondelez, PepsiCo, Clorox y Procter & Gamble (P&G). El primer acuerdo de Precios Justos congeló los precios de 1.823 productos por cuatro meses y estableció que el resto de los más de 20.000 artículos que ofrecen los supermercados argentinos aumentaran un 4% mensual, después de varios meses de inflación que superaba el 6%. El segundo pacto irá de marzo a junio, mantendrá sin cambios los valores de 1.974 bienes y permitirá que el resto se encarezca a razón del 3% mensual. Hay excepciones: el Gobierno argentino ha permitido que 540 productos aumenten en este segundo acuerdo un 9% adicional para compensar la subida de sus costes de producción.

Con los Precios Justos, el ministro de Economía, un abogado que suena como eventual candidato a presidente en las elecciones de octubre próximo, pretende que se calmen las expectativas inflacionarias. Cuando él llegó al cargo, en agosto pasado, se temía que Argentina caminara hacia una hiperinflación, es decir, a un 50% mensual. Sin embargo, el equipo de economistas que rodea a Massa admite que los acuerdos de precios son un complemento necesario pero insuficiente para el combate contra la inflación. Sostienen que esta estrategia resulta útil y efectiva siempre y cuando se complemente con la reducción del déficit fiscal, la disminución de la emisión monetaria para financiar ese rojo de las cuentas públicas, la acumulación de reservas en el Banco Central, la subida de los tipos de interés y una depreciación del peso a la par de la inflación, no mayor por si no se dispara el IPC, como le sucedió a Macri.

Los ciudadanos notan que los incrementos de precios en los supermercados se han moderado. Sin embargo, los Precios Justos tienen sus déficits. Los supermercados denuncian que reciben de sus proveedores la mitad de la mercancía que ellos les piden. No hay desabastecimiento, pero sí faltantes de algunas variedades de determinados artículos. En las grandes superficies sostienen que las empresas de alimentos, bebidas y artículos de higiene a veces prefieren enviar más productos a los 13.000 supermercados que en toda Argentina han abierto inmigrantes chinos desde la década del 90 o los 100.000 pequeños almacenes que aún subsisten. Tantos en los supermercados chinos como en los comercios de barrio no rigen los Precios Justos y eso provoca que algunos bienes allí cuestan el doble que en los Carrefour o Día. Pero tanto los locales chinos como los almacenes resisten porque están instalados más cerca de los consumidores, sobre todo aquellos que viven en barrios pobres. Por eso se da la paradoja que el 37% de argentinos que vive en la pobreza suele ir más a estos negocios que a las cadenas de supermercados.

El IPC de Argentina había llegado al 6,3% mensual en octubre pasado, un mes antes de iniciarse los Precios Justos. En noviembre bajó al 4,9% y en diciembre fue del 5,1%. La semana próxima se conocerá el índice de enero, pero se teme que sea mayor al de diciembre porque los Precios Justos no alcanzan a todos los sectores de la economía. El primer mes de 2023 subieron fuerte los costes del transporte público, la telefonía móvil, los restaurantes y los hoteles -son las vacaciones del verano austral-, las frutas y las verduras, dos artículos que no están incluidos en los acuerdos con supermercados.

En este país, el que más consume carne per cápita en el mundo, rigen ofertas convenidas entre el Gobierno peronista y las grandes supermercados para siete populares cortes bovinos, como la tira de asado (el costillar), de lunes a viernes de cada semana. Pero muchos argentinos compran en carnicerías. Además, el Ejecutivo ha logrado ampliar los Precios Justos a otros sectores: la ropa, el calzado, los electrodomésticos, los materiales de la construcción, los teléfonos móviles, los útiles escolares, las cuotas de los colegios privados, los insumos industriales, las motos, las bicicletas, los medicamentos y los productos de ventas por catálogo. Incluso en la coalición opositora de centroderecha Juntos por el Cambio, que aboga por una receta más ortodoxa contra la inflación y un ajuste draconiano del déficit fiscal, sus economistas reconocen que su remedio también deberá complementarse con acuerdos de precios para moderar expectativas si es que ganan las elecciones de octubre.