El Defensor pide más funcionarios y médicos en las cárceles para mejor la atención

El Defensor del Pueblo reconoce que, superados los problemas de masificación en las cárceles, son los problemas de falta de personal los que dificultan el funcionamiento de algunos servicios, por lo que demanda un incremento significativo de las plantillas, también de médicos, para una mejor atención a los presos.

Así lo pone de manifiesto la institución en su informe anual, en el que insiste en la necesidad de ese aumento de las plantillas en materia de vigilancia, seguridad y sanidad, pero también del personal dedicado al tratamiento penitenciario para la reeducación y reinserción social.

Y ve con especial preocupación los problemas relacionados con el personal médico, pues “ni se producen las transferencias comprometidas hace muchos años ni parecen existir incentivos suficientes para el mantenimiento y reforzamiento de la actual plantilla en sus puestos de trabajo”.

Tras recordar que en los últimos años la población reclusa ha disminuido un 16 por ciento, el informe señala que el pasado año el Defensor recibió 804 quejas de internos, lo que supone un aumento “muy notable” frente a las 656 del año anterior.

Destacan las quejas sobre traslados (228), aspectos higiénicos-sanitarios y alimenticios (106) y comunicaciones (46), además de los malos tratos (44) o permisos de salida (41).

El informe recoge datos de muertes de presos pero de 2016, que se elevaron a 156, de los que 23 fueron suicidios, y resalta el “mandato legal” para la administración de intentar reducir el impacto de los factores de riesgo.

Por eso, cree que deben fomentarse las comunicaciones de los internos y evitar el aislamiento social “facilitando la permanencia” del recluso en centros penitenciarios “próximos a su lugar de vinculación sociofamiliar”.

Al analizar algunos casos, el Defensor ha detectado fallos en la figura del “interno de apoyo” o “preso sombra”, que suele ser un recluso designado para acompañar a otro que puede tener algún riesgo de suicido.

En este sentido, recomienda que esa función no se le atribuya a internos que no hayan sido previamente entrevistados por miembros de la junta de tratamiento de la cárcel correspondiente y por el equipo sanitario para confirmar su aptitud personal, así como a las que no hayan recibido formación en este sentido.

Pide también que se tomen fotografías del estado y situación del interno que se ha suicidado, y que se implante en todas las cárceles el libro de quejas de los internos por malos tratos.

Una recomendación que hizo el Defensor y que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias plasmó en una orden, si bien, según el informe, “está teniendo un cumplimiento muy discreto”.

En otro capítulo, el informe hace referencia a los presos españoles en el extranjero y recuerda que sigue siendo Perú el país como más reclusos, con 1.103 a 31 de diciembre pasado.