El Gobierno prepara un plan para controlar el precio desbocado de los alquileres
El Ministerio de Fomento está perfilando un plan que sirva para intentar frenar las subidas exageradas de precio de los alquileres, confirman fuentes del departamento. Sobre la mesa, entre otras, las propuestas que el grupo socialista hizo cuando hace solo unos meses estaba en la oposición, tales como elevar de tres a cinco años los contratos de arrendamiento o establecer precios de referencia para beneficiar fiscalmente a los propietarios que no los superen.
Este año se está viviendo el fin de muchos contratos firmados cuando el mercado inmobiliario estaba en recesión, hace tres años. Esta es la duración que estipula la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) de 2013.
En los últimos meses se está generando una avalancha de expulsiones de inquilinos a los que se exigen rentas muy superiores a las anteriores. Es lo que algunas organizaciones denominan “desahucios invisibles” (el 58% de los lanzamientos corresponden ya a alquileres). A veces esta situación se da en pisos sociales que fueron vendidos a “fondos buitre” durante la crisis a precios de derribo, y que ahora buscan sacarles una alta rentabilidad.
En marzo pasado, los socialistas presentaron una proposición de ley en el Congreso de los Diputados, vetada por el Gobierno del PP, con medidas para controlar la escalada de precios. Entre sus propuestas, precios de referencia del alquiler para primar fiscalmente a quienes no suban las rentas por encima; prórrogas hasta cinco años de los contratos de arrendamiento y subidas referenciadas al IPC y una dotación anual de 650 millones para vivienda social.
Según los socialistas, que contactaron con colectivos ciudadanos para elaborar su propuesta, la “tormenta perfecta” que ha provocado la subida de los alquileres ha sido la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) de 2013, el auge del alquiler turístico (que tenían previsto tratar en otra iniciativa parlamentaria) y el repunte de la inversión inmobiliaria, en particular a través de fondos.
La reforma de la LAU , que entró en vigor cuando los precios de los inmuebles bajaban (ahora siguen la tendencia contraria en la mayor parte del país) generó a juicio de los socialistas una mayor vulnerabilidad del inquilino. En aquella modificación legislativa, para animar a los propietarios, se acabó con la vinculación al IPC de las subidas anuales de precios. Según los socialistas, la ley debe volver atrás en este punto también.
Los socialistas defendían promover un sistema público de precios de referencia por zonas, como ya está haciendo la ciudad de Barcelona, para que aquellos propietarios que no alquilen con precios superiores al mismo puedan beneficiarse de deducciones de IRPF de entre el 60% y el 100% de sus ganancias.
Otra de las medidas fiscales incluidas en su proposición, que presentó la ex ministra de Vivienda y portavoz de este área del PSOE, Beatriz Corredor, es que si se vende un inmueble y se compra otra para destinarla al alquiler durante diez años, las ganancias de la venta de la primera queden excluidas de IRPF. Los propios arrendatarios también disfrutarían de un mejor trato fiscal: los inquilinos con una base imponible inferior a los 30.000 euros anuales podrán deducirse un 10,05% de las cantidades que paguen en concepto de alquiler.
Minoría parlamentaria y estabilidad presupuestaria
Ahora que están en el Gobierno, los socialistas tienen la oportunidad de aplicar estas ideas, aunque cuentan con dos circunstancias que podrían frenarlas. Por un lado, la minoría parlamentaria con la que gobiernan les va a obligar a llegar a acuerdos con fuerzas políticas de muy distinto signo para sacar adelante cualquier iniciativa. Por otro, se comprometieron con el PNV a gobernar con los presupuestos que los nacionalistas vascos habían pactado con el PP. Están pendientes de comenzar los contactos entre el PSOE y otras fuerzas políticas con representación parlamentaria para intentar acercar posturas.
Además, en el primer Consejo de Ministros, el presidente Pedro Sánchez advirtió a los miembros de su gabinete de que sus medidas deberían adoptarse asumiendo “el respeto a la estabilidad económica y presupuestaria derivadas de nuestra condición de Estado miembro de la Unión Europea”. Esta cuestión podría ser un freno a las bonificaciones fiscales, ya que podría afectar a los ingresos tributarios.
Más peso en el organigrama de Fomento
El nuevo titular de la cartera, José Luis Ábalos, aseguró la semana pasada que dará a Vivienda más peso en Fomento al considerarlo un asunto “prioritario”. Afirmó que el Ministerio será “lo más ambicioso posible” en esta materia y que ello que tendrá reflejo “en el organigrama”. Fue en la toma de posesión del nuevo secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Pedro Saura. También prometió su cargo el nuevo director general de Vivienda, Francisco Javier Martín Ramiro.
En los próximos días se conocerá cómo se concreta esta nueva estructura con mayor peso para el área de Vivienda anunciada por Ábalos.
Ya el equipo ministerial dirigido por Íñigo de la Serna, había aceptado establecer un grupo de trabajo para intentar responder a esta problemática que se da sobre todo en grandes ciudades y zonas costeras. Nunca se hicieron públicas sus conclusiones.
