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Más País propone una tasa al plástico y prohibir las sociedades sin personal asalariado

Más País presenta su programa económico

Economía

Más País ha presentado este miércoles su programa económico para las próximas elecciones. El partido de Íñigo Errejón propone impulsar, de acuerdo con las CCAA, y a ser posible en toda Europa, “la urgente introducción de una tasa que desincentive el uso de envases de plástico en toda la cadena de valor”. Según su programa “la producción y el consumo sostenible deben ser premiados por una fiscalidad activa a favor del medio ambiente”.

Su idea es que la recaudación obtenida se dedique a “objetivos estratégicos en consonancia con el diagnóstico de los puntos prioritarios de una economía circular”, la que tiene como objetivo reducir la entrada de materiales y de deshechos en la cadena de producción. Paralelamente, impulsaremos que dicha tasa sea adoptada a nivel europeo.

También dentro de sus propuestas fiscales “verdes” se incluye un impuesto a grandes industrias contaminantes, sobre los compuestos oxigenados de nitrógeno (NOx) y azufre (SOx), que ya existe en algunas CCAA como Galicia o Murcia. “Impulsaremos que se establezca como un impuesto general cedido a las Comunidades Autónomas”, afirman. El impuesto se pagaría a partir de un umbral de emisiones que se reducirá de forma transparente y progresiva con el tiempo. “De esta forma se verán afectadas en primer momento sólo las empresas más grandes o más contaminantes pero se marcará un horizonte claro a medio plazo para incentivar a que todas las empresas tomen las medidas necesarias para reducir las emisiones de estos compuestos altamente contaminantes”.

Contra la proliferación de sociedades instrumentales

La formación quiere también incluir en la reforma fiscal un control administrativo que evite la creación y proliferación de las sociedades instrumentales. “Plantearemos la prohibición de las sociedades que no tengan personal asalariado o que no tengan más de 10 clientes no relacionados con la propia sociedad”, aseguran. Para ello se regularían los procesos administrativos de autorización en la creación de empresas para garantizar que han sido creadas efectivamente con un objeto social mercantil y no como mera ocultación de actividades que deberían tributar en el IRPF.

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