Suelette Dreyfus: “España va a estar obligada a proteger a los informantes de corrupción sin que tengan que ser héroes”

España es uno de los países europeos con un menor grado de protección de personas que alertan sobre acciones que atentan contra el interés público (lo que se conoce como “informantes”, “denunciantes” o “alertadores” y en inglés como whistleblowers), según una de las organizaciones de referencia en la materia, Blueprint for Free Speech. Sin embargo, como el resto de los países de la UE, antes de que acabe 2021 deberá trasponer una directiva europea aprobada el pasado diciembre para mejorar la protección y los mecanismos con los que deben contar quienes ponen en riesgo su integridad personal y profesional.

Suelette Dreyfus, directora ejecutiva de esa ONG, participó en una jornada en la CNMC sobre los retos que se abren con esta transposición. “No solo se tiene que proporcionar protección para esos casos de muy alto perfil, sino también para casos pequeños. Pueden proporcionar una alerta en una parte temprana del proceso”, afirma en una entrevista con eldiario.es.

¿Por qué es necesaria una organización internacional que abogue por la protección de los informadores?

Puede ser muy útil en un entorno en el que se está considerando dar un gran paso adelante, adoptando una nueva ley para brindar una perspectiva internacional. Creo que podemos aportar algo de experiencia y conocimiento sobre las trampas en las que han caído otros países. Hicimos un informe hace varios años evaluando a todos los países de la UE con las mejores prácticas internacionales. España salió con un cero en términos de protección para los denunciantes, en una escala hasta cinco. Esas son las malas noticias. La buena es que ahora hay una oportunidad para evitar las leyes que había en otros países pero han resultado imperfectas. Entonces no tener leyes de protección de origen es bueno en muchos sentidos.

¿Ni siquiera hay protección a nivel regional? A veces las administraciones más pequeñas son lugares especialmente sensibles para la corrupción, escapan más al control.

Según tengo entendido, ha habido un conjunto de buenas protecciones en varios niveles regionales. Y de alguna manera, ha sido bastante interesante porque, aunque España no ha tenido protección de denunciantes a nivel nacional, ha estado a la vanguardia de la adopción de tecnologías como buzones seguros para agencias anticorrupción. Por lo general, la tecnología sigue a la ley. España ha hecho lo contrario. Y eso es algo que creo que otros países pueden aprender de España.

¿Cree que en todo caso debería haber una ley o autoridad nacional de protección a los alertadores?

En general, es una buena idea tener una autoridad nacional que se ocupe de proteger a los informadores. Esto no significa que no debas tener también leyes regionales o locales debido a que la corrupción puede darse en todos los niveles de gobierno. Pero una ventaja de la nacional es que, una vez que tienen una vista panorámica, también pueden interactuar con otras autoridades nacionales en otros países. Y además se basan en la experiencia de otros gobiernos internacionales, por ejemplo en delitos financieros.

La directiva europea es una gran mejora. Por supuesto, a la sociedad civil le gustaría que fuera aún más ambiciosa, pero en realidad es bastante buena. Y creo que elevará el listón no solo para los estados de la Unión Europea, sino que también enviará un mensaje a otros países y regiones, ya sea América Latina o partes de Asia.

¿Por qué los mecanismos legales existentes ahora para denunciar (la Justicia en su sentido más tradicional) resultan insuficientes?

Un sistema de protección de alertadores permite muchas veces prevenir, por la capacidad de disuasión que genera frente a las irregularidades y malas prácticas. Si una empresa puede encontrar el fraude a tiempo –antes de que se convierta en algo catastrófico para las finanzas–, los accionistas se beneficiarán. Y serán más felices. La protección de los alertadores y el desarrollo de canales y procedimientos seguros es una de las formas más efectivas de encontrarlo temprano. En un estudio, los investigadores especializados en fraude encontraron que las “alertas” llevaron a más investigaciones que cualquier otro método de detección de fraude.

Hay casos en los que los informadores chocan con leyes vigentes y llegan incluso a ser condenados a cadena perpetua, como le ocurrió a Chelsea Manning, o no pueden volver a sus países, como Hervé Falciani. En España algunos funcionarios han sufrido también especialmente por denunciar casos de corrupción. ¿Hay que ser un héroe para denunciar?

Una de las cosas que me parecen más interesantes de la denuncia de irregularidades es la libertad de expresión. El derecho de los ciudadanos individuales a disentir de los delitos y la delincuencia. Si tienes una sociedad con mucha corrupción, la gente se rinde. Sienten que no pueden ser diferentes. ¿Por qué deberían intentarlo? Si puedes darles incluso un pequeño mecanismo, entonces participarán de la misma manera que si sienten que tal vez puedan tener un buen gobierno, entonces se molestarán en votar. Ese es el umbral. Así que no necesariamente tienes que ser un héroe, la “Chelsea Manning”.

Pero al mismo tiempo estas personas son muy importantes porque envían un mensaje a la gente de que lo correcto es defender algo ético y que vale la pena ser un héroe. España va a tener que proteger más a los informantes de corrupción, no hay que obligarles a ser héroes para atreverse a denunciar. Varios denunciantes han pagado un coste personal muy alto. Cuando investigué sobre este tema me contaban: “Perdí mi trabajo, perdí mi casa, perdí a mi cónyuge”. Este es a menudo el coste. Pero muchos denunciantes también dicen que lo volverían a hacer. Podrían hacerlo un poco diferente, pero lo harían nuevamente porque duermen bien por la noche y se pueden mirar al espejo. Y no solo se tiene que proporcionar protección para esos casos de muy alto perfil, también para casos pequeños. Porque pueden proporcionar también una alerta en una parte temprana del proceso. Y esto es lo que hacen los mejores denunciantes, particularmente por delitos financieros.

Si se puede recibir una alerta temprana, el tamaño del delito puede ser mucho menor y detenerse. Los franceses tienen un buen término para ello, “lancer l'alerte”. Es la idea de un sistema de alerta temprana y aquí es donde particularmente una persona más común puede intervenir. Lo vimos por ejemplo con un caso de denuncia de irregularidades en Australia con una gran empresa de construcción que estaba en la gestión del proyecto y descubrió que más de 10 millones de dólares de dinero habían sido desviados. Ese dinero habría sido cada vez más.

¿Por qué es tan importante el anonimato? La directiva europea establece una protección parcial para las alertas anónimas. Los alertadores anónimos cuya identidad se revela más tarde están protegidos contra represalias. Sin embargo, los Estados miembros no están obligados a facilitar o respaldar la divulgación de reportes anónimos y cada uno podrá decidir en la transposición si se aceptan o no las denuncias anónimas.

Ofrecer a los informadores la alternativa del anonimato es esencial. A veces se arriesgan a perder su trabajo, pero también tienen un riesgo físico. Hemos visto en otros países coches que han explotado, amenazas a las familias. En un caso en un país europeo, una informadora me relató cómo no pudo dejar a su hijo jugar en el parque durante cuatro años porque temía que le secuestraran, debido a las amenazas que recibía. El anonimato es realmente importante. Mucha gente no necesita anonimato, necesita seguridad. Comunicarse con seguridad con un investigador de confianza dentro de sus empresas o externos. Puede ser suficiente, pero deben tener la alternativa. Lo más importante es poner el foco en lo que se denuncia, no en el denunciante. Y el anonimato permite que eso ocurra.

¿En qué posición queda la protección de los datos personales en este tipo de denuncias?

Debe haber una discusión al respecto. Lo que se tiene que decidir es: ¿cuál es el valor de tener personas que den un paso adelante para informar acerca de las irregularidades? Porque al final, los denunciantes son como el peso que endereza el barco que se inclina hacia un lado. Ese lastre son los mecanismos correctivos en nuestra sociedad. Proteger a un denunciante es parte de ese lastre que mantiene el barco en posición vertical. La privacidad personal es muy importante. Pero, ya sabes, si a España le faltan cientos de millones en ingresos tributarios, y eso sirve para construir un hospital o una escuela, hay que poner en una balanza qué es más valioso. Es definitivamente algo que tiene que ser parte del debate público en este momento, y no hay respuestas fáciles. Por eso se necesitan procesos de consulta.

¿Cree que debe haber mecanismos por ejemplo de recompensa a los denunciantes o alertadores?

Las recompensas, como a veces se las llama, pueden ser muy efectivas. Se usan en los EEUU en algunos sectores puntuales. Por ejemplo, en algunos casos importantes de fraude fiscal para contratos de defensa. Y han funcionado con bastante eficacia. Pero lo que se puede ver en EEUU es a un pequeño número de denunciantes que podrían obtener más de un millón de dólares y a un gran número de denunciantes que no reciben nada y que incluso pueden tener problemas con la justicia. Eso es un problema.

Hubo un debate sobre esto en el Reino Unido hace un par de años. Y el consenso general es que culturalmente en el Reino Unido no es adecuado. Esto puede deberse a que muchos de sus casos de denuncia de irregularidades tuvieron que ver con maltratos de ancianos y de mal funcionamiento del sistema hospitalario. Hay un importante interés público en casos que no son delitos financieros o de corrupción. Pero en otros lugares, como Ucrania, donde recientemente se aprobó una legislación que brinda cierta protección a los denunciantes, este sistema de recompensas es una posibilidad aceptada para su sociedad. Entonces, cada vez que hablo con grupos locales de la sociedad civil o expertos en el área, mi consejo es que siempre se piense en lo que es adecuado para la cultura de un país.

Hay algunas leyes que sí deben ser universales para una buena protección a denunciantes, y en la directiva se indica muy bien. Por ejemplo, que cubra no solo al empleado permanente a tiempo completo, sino también al trabajador a tiempo parcial o al contratista, al subcontratista o al voluntario en la junta de la escuela o el hospital. Pero las recompensas son una historia diferente que tiene que ver con algo cultural. Yo no sé si es culturalmente apropiado para España o no. Esto es algo que creo que necesita ser discutido y debatido.

¿Y cómo evitar una sobrecarga de denuncias falsas o que se hagan por venganza?

En sitios donde se han introducido esquemas de protección de denunciantes y canales de divulgación ha habido un gran aumento al principio, una especie de demanda acumulada. Luego se estabiliza. Tienes que prepararte para eso. Pero en términos del riesgo de que haya denuncias de casos que realmente no lo son, se trata en parte de educar a las personas, de introducir algunas preguntas y respuestas sobre si su revelación es una denuncia de irregularidades y de interés público relevante, no una queja personal. A veces sí hay una ola gigante al principio, quizá porque la gente ansía algo de justicia después de lidiar con mucha corrupción.

Una cosa que es importante tener en cuenta es que no todos los alertadores tienen un buen caso. Algunos lo hacen y algunos no. Y quien recibe las denuncias tiene que ser una persona y organismo independiente, justo y que realice una investigación adecuada para saber si está ante malentendidos o ante un denunciante que solo busca un beneficio personal o profesional. Creo que los gobiernos tienen un poco de miedo de que estos mecanismos se conviertan en una caza brujas. Pero si se diseña la estructura de gobernanza de manera adecuada y se contrata a personas que hacen justicia y son vistas como capaces de hacer justicia, creo que se pueden superar estas preocupaciones. Hay funcionarios que quieren hacer lo correcto y a veces pueden sentirse bastante empoderados por este tipo de legislación porque pueden decir “no” a hacer algo malo cuando se les dice que lo hagan.

¿Qué papel juegan en todo este escenario organizaciones como Wikileaks?

Los periodistas y los editores de medios juegan un papel esencial. Hay tres niveles de denuncia de irregularidades. El primero es el interno en una organización. Y aquí es donde va la gran mayoría de los denunciantes. En realidad, más del 90% de los denunciantes preferiría hacerlo internamente, pero no para cargarse la organización que los emplea, sino para solucionar un problema. El segundo nivel es acudir a una agencia reguladora: por ejemplo, ante un vertido ilegal de residuos, ir a la agencia de protección ambiental. El tercer tipo de denuncia es el de irregularidades fuera de eso, por ejemplo dentro de un partido político o un sindicato. Las organizaciones que trabajan con medios de comunicación, incluida Wikileaks, son realmente importantes como vías para que los denunciantes puedan utilizar este tercer nivel.

¿Por qué creen que debe hablarse de alertadores, más que de denunciantes?

La palabra “denunciante” tiene una connotación negativa y de egoísmo, de persona que tiene una agenda para conseguir algo para sí, más que servir realmente a un propósito público superior. Ese es uno de sus elementos. También debe tenerse en cuenta el elemento de alerta temprana. Pero quizás el motivo más importante es que tenemos que repensar la denuncia de irregularidades, y no centrarnos tanto en el denunciante, sino en lo que dicen. Es realmente importante porque la denuncia de irregularidades debe ser percibida como mucho más neutral. Y creo que un cambio en el vocabulario sería mejor para eso.