UGT pide recuperar “por decreto” las causas del despido y avisa al Banco de España: “No vamos a pasar ni una”

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha pedido este jueves al próximo Gobierno que recupere con urgencia, vía decreto, las causas objetivas del despido y la autorización administrativa previa que desapareció con la reforma laboral de 2012.

En un encuentro con la prensa con motivo de la celebración del 6º Comité Confederal ordinario del sindicato, Álvarez ha indicado que, ahora que ha pasado el ciclo electoral, hay que “ponerse manos a la obra” y derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral.

El objetivo es recuperar la ultraactividad en la negociación colectiva y las causas objetivas del despido y dar prevalencia al convenio sectorial sobre el de empresa. Y todo ello, ha explicado Álvarez, como paso previo a una negociación más profunda sobre un nuevo Estatuto de los Trabajadores.

“Queremos ir a una negociación para un nuevo Estatuto de los Trabajadores, pero previamente se tienen que solventar los temas más lesivos de la reforma laboral, porque queremos partir de una situación equilibrada”, ha indicado.

El líder de UGT ha señalado que también formarán parte de sus demandas para el nuevo ciclo político la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) más allá de los 900 euros mensuales; hacer valer la legislación laboral en el caso de las plataformas digitales y la derogación de la reforma de pensiones de 2013, entre otras materias.

Aunque no ha querido entrar a opinar qué formaciones deberían configurar el próximo Gobierno, Álvarez sí ha indicado que tres partidos (PSOE, Unidas Podemos y ERC) coinciden en sus programas con estas reivindicaciones de UGT y “nunca han condicionado estos cambios a otras cosas”. Entre los tres, ha añadido, tendrían la fuerza suficiente (180 diputados) para que estas medidas salieran adelante en el Parlamento.

Álvarez ha subrayado que los ciudadanos “no entienden de cordones sanitarios ni líneas rojas” y ha pedido al Parlamento que “no se entretenga” y nombre al nuevo presidente del Gobierno “cuanto antes”.

Al Banco de España: “No le vamos a pasar ni una”

El secretario general de UGT se ha mostrado también muy crítico con el Banco de España por sus “informes de parte” advirtiendo contra los efectos negativos que la subida del SMI tendría sobre el empleo y sobre el impacto de la demografía en el gasto público en pensiones.

Álvarez ha acusado a la institución monetaria de “mentir” con sus advertencias sobre los 120.000 empleos que destruiría el alza del salario mínimo. “Que pida perdón, porque mintió y generó alarma social”, ha señalado el líder de UGT, que ha pedido a los grupos parlamentarios que soliciten la comparecencia del gobernador, Pablo Hernández de Cos, para que explique “por qué interviene en este tema como un elefante en una cacharrería y toma una posición de parte”.

“Tenemos que acabar con esto. No le vamos a pasar ni una (...) Yo me reuní con el gobernador cuando tomó posesión, pero veo que no ha servido para nada”, ha añadido.

Tampoco le ha gustado a Álvarez que el Banco de España haya abordado en su informe anual el tema de las pensiones diciendo que hay un problema demográfico y de gasto público, pues, según ha apuntado el dirigente sindical, el problema de la Seguridad Social tiene que ver con los ingresos, no con los gastos.

“No se puede volver a las viejas historias del problema demográfico, que no tiene sentido teniendo como tenemos un 40% de jóvenes en paro (...) Hay que favorecer la políticas familiares, de eso el Banco de España no dice nada, sí habla de natalidad, como si tuviéramos conejas para parir”, ha criticado.

Las críticas de Álvarez no se han centrado sólo en el Banco de España. También ha tenido palabras para la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), que ayer publicó un informe advirtiendo de que subir de manera permanente las pensiones conforme a una inflación del 2% tendría un coste de hasta 327.000 millones de euros en varias décadas.

El líder de UGT ha apuntado al respecto que si las pensiones no suben con el IPC, los jubilados tendrían menos recursos, por ejemplo, para pagar la calefacción. “¿Les dejamos que se mueran de frío? Fedea podría pensar en las personas y no en la cuenta de resultados de la Seguridad Social”, ha opinado.

De hecho, el sindicato considera que se le puede dar la vuelta al argumento esgrimido por la Fundación: los pensionistas actuales perderían 327.000 millones de euros de renta real si las pensiones no se revalorizaran con el IPC y se volviera a la subida mínima del 0,25%.