El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha admitido una ampliación de la querella contra Abengoa y Deloitte por un presunto delito de estafa a los inversores, en la causa que investiga la supuesta alteración contable de las cuentas de 2014 a 2016.
En el auto conocido este lunes, el juez aprecia indicios de grave alteración y presunta falsedad de la realidad económica financiera y patrimonial, que se ocultó a las miles de personas que decidieron invertir en ella.
La querella, que hasta ahora sólo se dirigía contra el expresidente de Abengoa Felipe Benjumea y el consejero delegado, Manuel Sánchez Ortega, afecta además a las antiguas consejeras Mercedes Gracia y Alicia Velarde y al socio auditor de Deloitte Manuel Arranz, en todos los casos por estafa a los inversores y falsedad contable.
Gracia y Velarde fueron absueltas, junto a Benjumea y Sánchez Ortega, en la causa que investigaba las indemnizaciones percibidas por los gestores tras su relevo en 2015.
La querella inicial que dio origen a este procedimiento, presentada por la Plataforma de Perjudicados por Abengoa, se admitió en febrero de 2017, para investigar si las “óptimas” cifras que reflejaban los estados financieros de la empresa y la “idílica” situación patrimonial y financiera difundida por sus administradores antes de solicitar el preconcurso de acreedores era real.
La Fiscalía, por su parte, detectó una posible alteración contable de las cuentas de Abengoa y de sus filiales Abengoa Solar y Abengoa Bioenergía; en concreto, mencionaba la “sistemática ocultación” de sustanciales pérdidas de sus activos, así como la inclusión de certificaciones de obras no suficientemente acreditadas.
Todo ello provocaba una “notable alteración de la real apariencia de la situación económico-financiera de la entidad”, según la Fiscalía.
El magistrado ha tenido en cuenta una resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) de febrero de 2018, que sancionó a Deloitte y su socio Manuel Arranz y que puso de relieve que la empresa, “con el aval” de la auditora, trasladó al mercado una imagen de sus situación que no se correspondía con la realidad.
En su resolución, el ICAC sostenía que los auditores no verificaron la corrección y fiabilidad de ingresos registrados en las cuentas de 2014, procedentes de la actividad de ingeniería y construcción por lo que no se podía constatar que se encontraban “libres de incorrecciones materiales debido a fraude”.
Tal como incide el auto, el organismo constató una “absoluta falta de justificación” por parte de los auditores de más de 4.514 millones de euros en las cuentas de Abengoa, un importe equivalente al 63,14 % de su cifra de negocio.
Asimismo, el ICAC destacaba una “grave y patente” incorrección material en los estados financieros de la compañía, que no pasó desapercibida por los auditores, sino que “sorprendentemente” fue avalada por estos.
Por todo ello, el titular del juzgado central nº 2 entiende que se puede atribuir a Abengoa, Deloitte y los tres directivos una grave alteración y presunta falsedad de la realidad económica-financiera y patrimonial que se ocultó a los miles de inversores que decidieron invertir sus ahorros en la compañía.
Frente a expectativas de beneficios y dividendos, había “pérdidas de tal magnitud que la compañía se hizo insostenible”, añade el juez, y se vio obligada a reconocer su situación de insolvencia.