Acuerdo para fijar un “salario mínimo adecuado” en la UE y reforzar la negociación colectiva

El PP español y Vox votaron en contra en la Eurocámara. Pero esta madrugada los negociadores del Parlamento Europeo y del Consejo –los gobiernos– han alcanzado un acuerdo en torno a la directiva sobre salarios mínimos adecuados, cuyo origen está en la propuesta de la Comisión Europea de octubre de 2020. Eso sí, “la directiva no exige que los Estados miembros introduzcan salarios mínimos por ley, ni establece un nivel de salario mínimo común en toda la UE”, explica la Comisión Europea. El proyecto de directiva sobre el salario mínimo pretende establecer unos requerimientos mínimos para garantizar un ingreso mínimo que dé a los trabajadores y sus familias un nivel de vida digno. Esto puede conseguirse fijando por ley de un salario mínimo o permitiendo a los trabajadores negociar sus salarios con los empleadores en sistemas de negociación colectiva.

La ministra española de Trabajo, Yolanda Díaz, que ha desempeñado un papel activo en el Consejo en favor de la directiva, ha celebrado la noticia. “España ha empujado desde el inicio por la aprobación de un texto ambicioso, que reforzase la negociación colectiva, que asegurase fórmulas de adecuación claras y que blindase una fiscalización exigente y justa para todos los países”, explican fuentes conocedoras de las negociaciones: “Para ello, España ha buscado liderar los debates y ha contribuido a superar los eventuales bloqueos, entendiendo que esta directiva constituye un paso histórico para avanzar hacia la Europa social”. 

La nueva ley “promoverá la adecuación de los salarios mínimos por ley y ayudará a lograr condiciones de trabajo y de vida dignas para los trabajadores europeos”, afirma el Consejo de la UE: “La directiva establece procedimientos para la adecuación de los salarios mínimos por ley, promueve la negociación colectiva para la fijación de salarios y mejora el acceso efectivo a la protección del salario mínimo para aquellos trabajadores que tienen derecho a un salario mínimo en virtud de la legislación nacional, ya sea por un salario mínimo fijado por ley o por convenios colectivos”.

La directiva reclama a los Estados miembros con salarios mínimos por ley que “establezcan un marco de procedimiento para establecer y actualizar estos salarios mínimos de acuerdo con un conjunto de criterios claros”. Así, el Consejo y el Parlamento Europeo acordaron que las actualizaciones de los salarios mínimos por ley “se realizarán al menos cada dos años (o como máximo cada cuatro años para aquellos países que utilizan un mecanismo de indexación automática). Los agentes sociales deberán participar en los procedimientos de fijación y actualización de los salarios mínimos por ley”.

“Dado que la negociación colectiva sobre la fijación de salarios es una herramienta importante para garantizar que los trabajadores puedan beneficiarse de salarios mínimos adecuados, la directiva pretende ampliar la cobertura de los trabajadores a través de la negociación colectiva”, afirma el Consejo de la UE: “Por eso, los colegisladores acordaron que los países deben promover el fortalecimiento de la capacidad de los interlocutores sociales para participar en la negociación colectiva, incluida la protección de los representantes de los trabajadores”.

El acuerdo provisional entre el Consejo y el Parlamento Europeo prevé que cuando la tasa de cobertura de la negociación colectiva sea inferior al umbral del 80%, los Estados miembros deben establecer un plan de acción para promover la negociación colectiva. El plan de acción debe establecer un cronograma claro y medidas concretas para aumentar progresivamente la tasa de cobertura de la negociación colectiva.

“Los salarios mínimos adecuados son importantes para fortalecer la equidad social y sustentar una recuperación económica sostenible e inclusiva. Mejores condiciones de trabajo y de vida también benefician a las empresas, así como a la sociedad y la economía en general al impulsar la productividad y la competitividad”, afirma la Comisión Europea, que señala: “Los Estados miembros con salarios mínimos por ley deberán establecer un marco de gobernanza sólido para establecer y actualizar los salarios mínimos: criterios claros para la fijación de salarios mínimos (incluidos: el poder adquisitivo teniendo en cuenta el costo de vida, el nivel, la distribución y la tasa de crecimiento de los salarios y la productividad nacional); el uso de valores de referencia indicativos para guiar la evaluación de la adecuación de los salarios mínimos, con la directiva dando indicaciones sobre los posibles valores que podrían usarse; actualizaciones periódicas y oportunas de los salarios mínimos; establecer órganos consultivos, en los que podrán participar los interlocutores sociales; garantizar que las variaciones y deducciones de los salarios mínimos legales respeten los principios de no discriminación y proporcionalidad, incluida la búsqueda de un fin legítimo; e involucrar efectivamente a los interlocutores sociales en la fijación y actualización del salario mínimo”.

En la propuesta de la Comisión, por ejemplo, se hacía referencia a “indicadores de adecuación comúnmente utilizados a nivel internacional, como el índice de Kaitz, un indicador económico que representa el cociente entre el salario mínimo legal y el salario medio​; como el 60% del salario mediano bruto y el 50% del salario medio bruto; o el nivel de vida digno definido por el Consejo de Europa, que relaciona el salario mínimo neto con el salario medio neto”.

“La protección del salario mínimo existe en todos los Estados miembros de la UE, ya sea a través de salarios mínimos legales y convenios colectivos, o exclusivamente a través de convenios colectivos”, explica el Ejecutivo comunitario :“Garantizar que los trabajadores ganen salarios adecuados es esencial para mejorar sus condiciones de vida y de trabajo y para construir economías y sociedades justas y resilientes. Sin embargo, algunos trabajadores se ven afectados por la baja adecuación y/o las brechas en la cobertura de la protección del salario mínimo. La nueva directiva tiene como objetivo abordar esto mediante el establecimiento de un marco de la UE para mejorar la protección adecuada del salario mínimo. Esto se hará respetando plenamente las tradiciones y competencias nacionales, así como la autonomía de los interlocutores sociales. No exige que los Estados miembros introduzcan salarios mínimos legales, ni establece un nivel de salario mínimo común en toda la UE”.

La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha dicho: “Las nuevas reglas sobre salarios mínimos protegerán la dignidad del trabajo y garantizarán que el trabajo pague. Todo esto se hará respetando plenamente las tradiciones nacionales y la autonomía de los interlocutores sociales”. Y el comisario de Empleo y Derechos Sociales, Nicolas Schmit, que ha participado en los tríologos, las negociaciones tripartitas, ha explicado: “En un momento en que muchos hogares de la UE están preocupados por llegar a fin de mes, es esencial que todos los Estados miembros cuenten con una protección adecuada del salario mínimo. El marco que ha sido acordado por el Parlamento Europeo y el Consejo ayudará a garantizar que los asalariados mínimos puedan permitirse una vida digna. Este es un buen día para una Europa social fuerte que proteja”.

El acuerdo político alcanzado por el Parlamento Europeo y el Consejo está ahora sujeto a la aprobación formal de los colegisladores. Una vez publicado en el Diario Oficial, la directiva entrará en vigor 20 días después de su publicación y los Estados miembros deberán transponer los nuevos elementos de la directiva a la legislación nacional en un plazo de dos años.

El PP español, cuando llegó la hora de votar en el pleno el mandato para negociar el contenido de ese informe con el Consejo y la Comisión, decidió votar en contra, junto con la extrema derecha de Vox.

El Parlamento Europeo, por su parte, aprobó el pasado 25 de noviembre la apertura de negociaciones sobre una directiva que garantice a todos los trabajadores en la UE un salario mínimo justo y adecuado.

Los eurodiputados confirmaron el mandato negociador acordado en la comisión parlamentaria de Empleo y Asuntos Sociales, con 443 votos a favor, 192 en contra y 58 abstenciones. Las conversaciones con el Consejo pueden comenzar ya, en tanto que los Estados miembros acaban de adoptar su posición negociadora este lunes en Bruselas.

El comisario europeo de Empleo, Nicolas Schmit, celebró la votación del Parlamento Europeo que contó con el no del PP español.