La Administración General del Estado se salta su Plan de Igualdad
La Administración General del Estado incumple su propio Plan de Igualdad: de 37 acciones incluidas, ninguna está ejecutada en su totalidad, según el borrador del informe de seguimiento del plan. El sindicato CSIF denuncia “la desidia” en la aplicación y critica que algunos departamentos ministeriales ni siquiera han respondido al cuestionario para poder evaluar su puesta en práctica. El I Plan de Igualdad de la AGE, que afecta a 13 ministerios y 52 organismos dependientes, fue adoptado en 2011 y mantiene su vigencia hasta que se apruebe uno nueve.
La Administración incumple el principio de paridad que contempla la Ley de Igualdad y que recoge en su propio plan. De sus altos cargos, solo el 22,7% son mujeres. En este epígrafe se incluyen los ministerios y secretarías de estado, pero también las subsecretarías, direcciones generales y embajadas. En estas últimas, donde la diferencia es más acusada, el 86,3% de los embajadores son hombres y solo el 13,6%, mujeres.
El informe de evaluación reconoce que estos datos no reflejan una representación equilibrada de mujeres y hombres, pero asegura que existe una explicación para ello: “Hay que tener en cuenta que se desempeñan por personas con un alto grado de experiencia en la gestión pública, siendo nombrados atendiendo fundamentalmente a criterios de competencia profesional y experiencia, es decir, suele diferirse a personas de mayor edad, donde generalmente sí han existido, diferencias reseñables entre mujeres y hombres”.
La mayoría de empresas públicas también incumplen el principio de paridad: solo un 33% de las entidades tienen como mínimo un 40% de mujeres en sus consejos de administración. El informe señala, no obstante, que el avance en este sentido ha sido significativo. Si en 2004, las mujeres representaban el 17,6% de los consejos de administración, en 2013 esa cifra asciende al 31,07%.
Sin medidas para víctimas de violencia de género
Otra de las tareas que debían de llevar a cabo los centros de la Administración General era elaborar protocolos sobre la movilidad de las empleadas públicas que fueran víctimas de violencia de género para garantizar su protección y de la de sus hijos. Sin embargo, solo 3 de los 37 centros que han respondido a la encuesta lo han hecho.
“Las causas de esta situación podrían estar relacionadas con la falta de información sobre las necesidades a cubrir, sobre la importancia de elaborar herramientas para la protección de empleadas públicas víctimas de violencia de género o que, en el momento de la entrega de las fichas para el seguimiento, no se había iniciado el proceso de elaboración”, trata de explicar el informe.
Solo 9 centros han puesto en marcha medidas para garantizar la protección de la intimidad de las víctimas de violencia de género, y no hay datos sobre el número de mujeres acogidas a ello. Ningún centro ha hecho un estudio sobre el seguimiento de la carrera profesional de las empleadas públicas víctimas de violencia machista, otra de las medidas previstas en el Plan.
En cuanto a la elaboración de protocolos de actuación ante casos de acoso sexual y acoso por razón de sexo, 23 centros dicen haberlos aplicado mientras que otros 20 no lo han hecho. No obstante, solo se ha aplicado en cinco de ellos.
Contratos públicos
Uno de los puntos del Plan insta a la administración a que tenga en cuenta si las empresas que contratan para llevar a cabo cursos de formación cumplen a su vez con medidas para lograr la igualdad u ostentan el distintivo de 'igualdad en la empresa'. “Esta acción parece haber tenido escasa repercusión en las decisiones de contratación”, reconoce el informe. Solo el 26,8% de las empresas contratadas por la administración para este fin cumplen con la ejecución de medidas para lograr la igualdad efectiva. Además, solo el 17,8% de los concursos de contratación se han incluido cláusulas o criterios para promover la contratación de empresas que cumplan medidas de promoción de la igualdad“, dice el informe.
