Una de las últimas órdenes que firmó el ex ministro de Hacienda Cristóbal Montoro, antes de abandonar la sede la calle Alcalá hace un mes, fue obligar a Airbnb y otras intermediarias similares a recopilar los datos de anfitriones y clientes que hayan usado las plataformas durante todo este año. Deberán entregarlos al fisco entre el 1 y el 31 de enero de 2019. A partir de esa fecha, la obligación será trimestral.
“La nueva obligación de información se establece con fines de prevención del fraude fiscal para las personas o entidades, en particular, las denominadas «plataformas colaborativas», que intermedien en la cesión de uso de viviendas con fines turísticos”, explica la disposición de Hacienda, que desarrolla un decreto del mes de diciembre anterior. De hecho, esta norma iba a estar ya en vigor a mediados de este año, aunque se quiso dar más tiempo de adaptación a las empresas implicadas, recuerdan fuentes de Hacienda.
La orden ministerial, que se publicó en el BOE del 30 de mayo, acaba con varios meses de tira y afloja entre las plataformas y las autoridades españolas. Para las empresas, dar estos datos “distorsiona la competencia” y la ley propuesta es “confusa e impracticable”. La queja que expresaron cuando se dio a conocer el borrador de esta orden es que “muchos de los datos que se requieren no están relacionados con impuestos, y otros datos no están disponibles para plataformas como Airbnb”.
Un portavoz de esta empresa de alquiler se limita a asegurar ahora respecto a la orden ministerial que “Airbnb ha trabajado con más de 500 gobiernos en normativas que faciliten que las personas puedan compartir sus hogares. Airbnb quiere ser un buen socio del gobierno en materia de impuestos y trabajar en una normativa de sentido común que permita a los anfitriones pagar su parte justa”.
Tal y como aparece en la orden ministerial, las plataformas de alquiler vacacional deberán identificar al titular de la vivienda (y, en su caso, del que tiene el derecho a cederla) y a las personas a las que se les alquila. También deberán dar la dirección completa y la referencia catastral del inmueble. El número de días de disfrute de la vivienda con fines turísticos, las fechas y y el importe percibido por el titular deberán asimismo constar.
De manera opcional, pero para evitar eventuales peticiones de información adicional de la Agencia Tributaria, Airbnb, Homeaway y similares podrán dar también otros datos como la identificación del medio de pago utilizado (transferencia, tarjeta de crédito o débito u otro medio de pago).
El precedente de Catalunya
Solo dos días antes de aparecer esta orden ministerial en el BOE, Airbnb anunciaba que el 1 de junio ponía en marcha una nueva herramienta tecnológica para ayudar “a los anfitriones (las personas que alquilan sus casas o habitaciones) a seguir las normas locales de turismo en Barcelona y Catalunya”. La intención es facilitar al consistorio barcelonés la identificación de los “malos actores”. Es de decir, de quienes no cuentan con licencia.
Así, antes de poder compartir su alojamiento, los nuevos usuarios de la plataforma tendrán que indicar si este está registrado por ley o no. Asimismo, deberán permitir que algunos datos personales, como su nombre, dirección o DNI, puedan ser compartidos con ayuntamientos y la Generalitat catalana.
No soluciona la turistificación
Para Javier Gil, del Sindicato de Inquilinas, “es increíble que a estas alturas no haya un mayor control y que se pueda estar operando con múltiples pisos en plataformas como Airbnb y no se declaren las ganancias”. En todo caso, a su juicio “este tipo de medidas no solucionan los principales problemas que los pisos turísticos están generando, relacionados con la subida de los alquileres y la turistificación de la ciudad”.
Hace tres años que la Agencia Tributaria lleva a cabo una campaña específica sobre alquiler turístico, cuyas ganancias se deben incorporar en la declaración de la renta. En 2017 se enviaron 136.000 avisos a contribuyentes de la obligación de declarar esta actividad. Desde que comenzaron estas campañas, los rendimientos de capital inmobiliario declarados en la renta han crecido un 40%.