El superviviente de la matanza de Atocha: “Vivimos en una democracia de mínimos, demasiado elitista”

Han pasado cuarenta años de la matanza de Atocha. Fue uno de los peores atentados terroristas cometidos por la extrema derecha en España, en el que fueron asesinados cinco abogados laboralistas en su despacho de la calle Atocha, en Madrid. Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid, era una de las abogadas que trabajaban en ese despacho y salvó la vida fortuitamente, al haber cedido su oficina ese día a uno de los asesinados para una reunión.

Sobrevivió Alejandro Ruiz-Huerta, militante del Partido Comunista y de CCOO, que cuatro décadas después sigue recordando aquel horror que marcó el capítulo sangriento de la Transición en España. “Los pueblos que no son capaces de construir su historia están condenados a repetirla”, lamenta este sindicalista que sigue vinculado al sindicato y a la defensa de los trabajadores.

¿Qué impacto tuvo en aquel momento la matanza? ¿Cree que fue un punto de inflexión?

Sí, estoy convencido de que fue un punto de ruptura en la negociación del proceso democrático, sobre todo los días 24, 25 y 26 de enero. El 24 fue el atentado terrible contra nosotros, el 25 fue la concentración en el Colegio de Abogados para exigir al Gobierno que teníamos que velar a nuestros compañeros ahí mismo, con el protagonismo indudable de Jaime Millares, abogado monárquico. Estábamos ahí esperando un cambio, concentrados porque habían prohibido la concentración del Colegio, la despedida a los asesinados. El entierro fue un acto de silencio alucinante donde se pudo demostrar el valor político del silencio y al que se sumaron cientos de miles de madrileños conmocionados.

Esos tres hechos encadenados son claves en la democracia española. A partir de ahí se rompe con el ciclo de la violencia y se empieza a trabajar para realmente intentar construir una democracia para todos, basada en el diálogo, en la palabra, en el respeto a todas las ideologías y todas las sensibilidades.

Precisamente en los últimos años ha habido una crítica fuerte a la Transición. ¿Hasta qué punto la considera justa?

En España falta una auténtica y valiente política de la memoria, que la tiene cualquier país democrático que se preste. Los pueblos que no son capaces de construir su historia están condenados a repetirla. Sí es verdad que por parte de partidos emergentes en algunos casos o de otras personalidades se ha construido una teoría del régimen de la transición que a mí no me gusta nada, parece que quieren considerarla un apéndice del régimen franquista. Construyen una historia con puntos suspensivos, con silencios, falseando la verdad, hablando de pactos, de castas, cuando realmente hubo un montón de personas que nos jugamos la vida por una democracia y una libertad para todos.

Y esto es preciso tenerlo en cuenta para que toda la ciudadanía sepa la verdad y conozcan que fue muy duro trabajar por la democracia y que había muchas más resistencias de la que parecían. Por eso precisamente se hizo lo que se pudo. Y quedaron muchas cosas en el aire, vivimos en una democracia de mínimos, con algunos problemas, demasiado elitista probablemente, con poca participación de la ciudadanía. Pero eso todavía se puede corregir, aunque sea 40 años después. El camino que lleva la democracia es muy complicado, con dos elementos claves que están rompiendo el consenso constitucional: por un lado, la corrupción, por otro lado, los conflictos territoriales.

¿Por qué peleaban en ese momento como abogados laboralistas?

Nosotros éramos abogados que defendíamos los derechos de los trabajadores. La legislación franquista era opuesta a esos derechos y nosotros nos dedicamos a trabajar por ellos. Pero estábamos enmarcados dentro de la oposición democrática, como miembros que éramos entonces del Partido Comunista de España para hacer posible que hubiera una ruptura política, ir hacia una democracia más seria, al reconocimiento de derechos y libertades de todos los ciudadanos, ir a un proceso constituyente.

Los últimos años han sido de reformas laborales, de derechos en entredicho, de protestas... ¿cómo valora lo sucedido en este periodo de crisis?

Nosotros partíamos de dos áreas de trabajo fundamentales: la laboral, la de Seguridad Social, y todo lo que tiene que ver con el trabajo. Pero como abogados laboralistas estábamos embarcados también en el trabajo de barrios, en las asambleas de vecinos. Nuestra dinámica era más amplia: en el movimiento ciudadano trabajabas con el ciudadano, fuera trabajador o no, empresario o autónomo. Desde entonces se ha dado, por desgracia, un impulso terrible al desarrollo de un capitalismo cada vez más salvaje, global, que busca puestos de trabajo lo más baratos posible en cualquier sitio, que se ha cargado empleos. Esto ha hecho que se creen unas condiciones legales muy exageradas en contra de los derechos de los trabajadores.

El derecho de huelga ha sufrido una falta de regulación específica porque nadie quiere ponerle el cascabel al gato. Los trabajadores queremos seguir trabajando por nuestros derechos. Lo que está pasando es una penalización increíble de los piquetes de huelga. Hay mucho trabajo jurídico que hacer.

Los 300 casos de personas encausadas por participar en huelgas y protestas ¿han sido una ofensiva contra el derecho de huelga?

Es consecuencia de la mala regulación del derecho de huelga durante toda la democracia. Tenemos una ley de los años 70 todavía vigente que regula muy pocas cosas. Ha habido una intencionalidad de no arriesgarse, de mantener el silencio y las cosas como estaban a ver si funcionaban, y no están funcionando. Dejar que la huelga funcione en virtud de las decisiones judiciales es absurdo y nos lleva a un camino donde los trabajadores han puesto mucho.

Ha seguido vinculado a CCOO toda su vida. ¿Qué le parece el papel que han jugado los sindicatos estos años? ¿Han sabido responder a la crisis o quizá están en un periodo de adaptación?

Para los sindicatos, el trabajo de defensa y lucha por los derechos de los trabajadores ha sido muy duro, más cuando de un tiempo a esta parte hay un estado de opinión en contra de ellos. Algunos veces con sentido se culpabiliza a los sindicatos de ciertas actitudes pero otras veces exageradamente se pretende terminar con los sindicatos, destrozarlos, y eso es malo para la democracia. El sindicato es fundamental para proteger los derechos de los trabajadores. También hay que reconocer que los sindicatos han tenido sus errores y sus enfrentamientos, y eso ha retrasado y ha supuesto un lastre en la cercanía con los trabajadores.