El Estado avaló hasta 200 millones para los negocios de Mercasa en África que investiga la Audiencia Nacional
La aseguradora pública CESCE (Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación) avaló con al menos 200 millones de euros de dinero público las operaciones del consorcio Mercasa-Incatema en Angola y otros países en desarrollo que ahora investiga la Audiencia Nacional. Mercasa es la empresa pública que gestiona los mercados españoles y junto con su socia Incatema (de capital privado) lleva años ganando licitaciones para construir mercados en países en desarrollo. El juez José de la Mata investiga cómo el consorcio montaba una red de cobro de comisiones, pago de sobornos y mordidas además de inflar los contratos y sobrecostes de unas operaciones que contaban con el aval del Estado.
En declaraciones a este medio el CESCE asegura que, a día de hoy, ninguna de estas operaciones ha supuesto un quebranto en las arcas del Estado. Los avales corresponden a operaciones firmadas entre 2001 y 2015. De estas operaciones dos están ya vencidas, y según insisten desde la institución pública, se ha pagado todo el dinero.
Conseguir el aval del Estado es un pasaporte casi indispensable para la mayoría de las empresas a la hora de hacer negocios en países en desarrollo o fuera de la UE. Las licitaciones a las que se presentan son públicas (desde construir carreteras hasta poner alumbrado) y los Estados exigen que haya un respaldo con deuda soberana (como en el caso del Ave a la Meca). Por eso, conseguir el aval del CESCE es condición indispensable para poder poner en marcha estos negocios, que financian entidades bancarias privadas, que ahora investigan la Audiencia Nacional y también la Udef.
Este pasado viernes trascendía un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y fiscal de la Policía (Udef) en el que se insistía en el papel del CESCE a la hora de facilitar la comisión de negocios en África en la trama de los Pujol. El informe sacaba a relucir una supuesta vinculación del marido de María Dolores de Cospedal, Ignacio López del Hierro, con una de las empresas (Ibadesa Cat) que utilizaban los Pujol para realizar estas operaciones. López del Hierro ha desmentido totalmente la relación y ha amenazado con una querella contra la Udef.
El informe de la Policía Nacional se detiene especialmente en la figura del CESCE sin cuya intervención se entiende que no se lograrían cerrar estos acuerdos. Especialmente llamativa es la presencia del ex consejero delegado del organismo público en tiempos de Aznar, Javier Valero, en al menos dos empresas que consiguen estos contratos en países del tercer mundo y que están conectadas con los Pujol.
El riesgo del CESCE en Angola
Las operaciones que se avalaron con dinero público para el consorcio Mercasa-Incatema se reparten entre República Dominicana, Angola y Haití y tienen firmado el correspondiente compromiso anticorrupción de la OCDE necesario para otorgar este tipo de avales. Según reconoce el CESCE, en 2016 fue solicitada una operación para ampliar el proyecto del mercado mayorista de Luanda (Angola) por importe de 33 millones de euros pero la operación está paralizada. Tras salir a la luz en diciembre del pasado año en algunos medios la implicación de Mercasa-Incatema con la trama Defex (la empresa pública española que desvió al menos 100 millones de euros en venta de armamento a Angola), el consorcio, presidido por Jaime García-Legaz, suspendió la adjudicación de nuevos contratos.
CESCE insiste en que no tiene conocimiento de que se haya producido sobrecoste alguno en las operaciones, uno de los principales elementos que aparecen en los autos de De la Mata y también de Eloy Velasco que en una pieza separada de la Operación Lezo se topa también con las operaciones de Mercasa. El hermano de Ignacio González, Pablo, era consejero de Mercasa y por las escuchas llegaron también a destapar parte de la operativa que llevaba a cabo la empresa pública en otros países de Latinoamérica, como Argentina o Panamá. CESCE no tiene conocimiento de haber avalado estas operaciones.
Algunas de ellas fueron promocionadas en su momento por haber sido financiadas con fondos a cargo de Cooperación al Desarrollo. Este medio se ha puesto varias veces en contacto con la Agencia de Cooperación al Desarrollo (AECI) y con el Ministerio de Asuntos Exteriores para obtener una explicación de qué fondos se habían destinado a estos proyectos y en qué estado estaban. Ninguno de estos dos organismos ha sabido dar explicación del convenio de cooperación al desarrollo firmado con Mercasa ni de la posible financiación a otras empresas que aparecen en la trama investigada por la Audiencia Nacional.
Según CESCE, la Audiencia Nacional no les ha requerido aún información y la suspensión de la financiación a las empresas fue cautelar. El quebranto para las arcas del Estado vendría en caso de que hubiera un crédito fallido, esto es, que Mercasa no pudiera devolver el dinero que le prestaron los bancos, en cuyo caso el Estado tendría que salir a cubrir este impago. El consorcio firmó un contrato en el que se obligaba a reembolsar el dinero en caso de incumplir el contrato, con lo que bastaría que hubiera incumplido el criterio anticorrupción con la OCDE. Pero para eso las empresas tendrían que tener esos 200 millones de euros en fondos para reembolsar.
Por lo pronto, y según se desprende del auto del juez De la Mata, los costes de las obras que se adjudicaba Mercasa-Incatema estaban inflados para cubrir los pagos de comisiones y el desvío de fondos. En tal caso, el aval del Estado habría servido para cubrir también estas cantidades que no soportaban más que aire.
Este diario se ha puesto en contacto con CESCE para requerir también los avales aportados para el resto de empresas investigadas en la trama. Según la Udef, los Pujol, Mercasa y Defex, utilizaban todas una metodología muy similar: salir a dar pelotazos al exterior con el abrigo del aval del Estado.
