Como un penalti en el tiempo de descuento, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acaba de condicionar la fase final de la instrucción del caso Bankia, en la que se dirime quiénes acompañarán a Rodrigo Rato y su equipo en el banquillo de los acusados.
La pena máxima, en este caso, va en contra de los responsables del Banco de España y la CNMV que dieron luz verde a la fusión de cajas y la salida a bolsa de la entidad resultante en el último tramo del Gobierno socialista. Ante la negativa del juez y el fiscal a imputar a Miguel Ángel Fernández Ordoñez y Fernando Restoy, entre otros, los jueces de la Sección Tercera han concluido que existen indicios “múltiples, bastantes y concurrentes” sobre su “corresponsabilidad” en el desastre.
El partido del caso Bankia prometía desde hace tiempo decidirse en terreno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, la instancia habilitada para ratificar o corregir las decisiones del magistrado Fernando Andreu. El juez daba una de cal y otra de arena a las pretensiones de la acusación popular, ejercida por el abogado Andrés Herzog, en representación de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC).
De un lado, el magistrado avanzaba hacia la apertura de juicio oral contra Rato y su equipo e incluía entre los imputados a la auditora Deloitte. Y lo hacía a pesar de que el fiscal, Alejandro Luzón, cuestiona la prueba sobre la que se sostiene el caso, el informe de los peritos del Banco de España que han trabajado a las órdenes exclusivas del juez y que concluyeron que el presidente de la entidad entonces y sus colaboradores maquillaron las cuentas de Bankia para poder salir a bolsa. Del otro lado, Andreu se resistía a imputar a los supervisores, de acuerdo con el fiscal y en contra de lo que solicitaban Herzog y el colectivo 15MpaRato.
Este lunes, en una decisión unánime, la Sección Tercera ha corregido a Andreu y ha ordenado que cite a declarar como imputados al exgobernador del Banco de España, Fernández Ordoñez; al expresidente de la CNMV, Julio Segura; y a otras seis personas, de acuerdo a la solicitud del la Confederación Intersindical de Crédito (CIC).
Los correos como desencadenante
Rechazada con anterioridad una petición similar, el descubrimiento de unos correos electrónicos del máximo responsable de la Inspección del Banco de España ha hecho virar a la Audiencia Nacional. En ellos, José Luis Casaús advertía de la situación real de la entidad y de la “nacionalización de las pérdidas” que terminaría suponiendo la salida a bolsa, lo que ha hecho variar el criterio de la Audiencia Nacional.
Entre esos otros seis imputados destaca Fernando Restoy, figura clave del aparato financiero del Estado con el PSOE y el PP, por haber desempeñado los cargos de vicepresidente del regulador, subgobernador del supervisor, presidente del FROB y salir de España recientemente con un retiro dorado en el Banco Internacional de Pagos de Basilea. Se da la paradoja de que Restoy presidió el Fondo de Reestructuración Bancaria, el organismo creado por el Gobierno para gestionar el rescate de la banca y que ejerce, aunque solo formalmente, la acusación particular en el caso Bankia.
No en vano, el FROB, la CNMV y el Banco de España, con el respaldo de la Fiscalía, protagonizaron una ofensiva para tumbar el caso Bankia a principios de 2015 que encendió la luz de alarma en el juez Andreu.
Otro imputados, además de Restoy, habían permanecido en el cargo o habían sido promocionados desde el rescate de Bankia, al que se dedicaron 23.500 millones de euros del erario público en plena crisis económica. Sin embargo, y tras conocerse la imputación, el Banco de España anunció en la tarde del lunes las dimisiones del director general de Supervisión, Mariano Herrera; su adjunto, Pedro Comín; y el director del Departamento de Inspección IV, Pedro González;
La posibilidad de que Fernández Ordoñez, Restoy y el resto acaben compartiendo el banquillo con Rato y su equipo dependerá, en parte, del contenido de sus declaraciones. Pero el auto de la Sala de lo Penal deja poco margen para que salten de los escritos finales de acusación. Según recuerda Andrés Herzog, una imputación en la fase final de la instrucción requiere de unos “indicios reforzados” no necesarios cuando una investigación echa a andar.
Una decisión unánime
La contundencia del auto de la Sección Tercera tampoco permite intuir que esas declaraciones vayan a hacer cambiar de parecer a los magistrados de quien depende, en última instancia, la decisión de sentarlos en el banquillo. “El contenido completo de tales correos electrónicos no deja lugar a dudas sobre la expresa, previa y contundente información que la dirección del Banco de España tuvo, tempestivamente, acerca de la inviabilidad del grupo y la falacia de los resultados efectuada por el equipo de inspección del mismo Banco de España”, asegura la jueza Clara Bayarri en su auto, asumido por sus compañeros Antonio Díaz Delgado y Ana María Rubio Encinas.
La Sala de lo Penal también ha tenido oportunidad de corregir al fiscal Luzón, quien considera que la petición de imputación de los citados excede los límites de la presente investigación. Luzón defiende que se investiga un delito de falseamiento de cuentas, recogido en el artículo 282 bis del Código Penal, y que para atribuir otros delitos, como la estafa a los inversores, debería darse en los responsables del Banco de España y la CNMV una actitud dolosa que no aprecia. Sin embargo, la Sala de lo Penal asegura que no es momento de delimitar a un solo delito la instrucción, que para eso ya estarán los escritos de acusación, y viene a decir que en otros delitos pudieron actuar como cooperadores necesarios.
“Hemos llegado al momento de la exigencia de las responsabilidades políticas”, asegura Herzog tras las imputaciones del lunes. “Son muy importantes porque Rato y Deloitte podrían haber descargado la culpa en el Banco de España y la CNMV durante el juicio. Al no estar acusados éstos, el juicio habría acabado un paripé. Esos organismos no solo autorizaron la salida a bolsa sino que también la promovieron”, asegura el letrado de la acusación popular.