El juez cita a tres directivos de PwC para que aclaren su investigación sobre los contratos del BBVA con Villarejo

El instructor del caso Villarejo, Manuel García Castellón, ha citado en calidad de testigos-peritos a tres directivos de la consultora PwC para que rindan cuentas sobre la investigación que hizo la firma sobre los contratos entre el BBVA y las empresas del policía José Villarejo, encarcelado desde hace más de dos años. La entidad financiera anunció en junio de 2018 la apertura de una investigación externa para determinar el alcance de esa relación y encargó estas pesquisas, el llamado forensic, a la citada consultora.

Las sombras de falta de colaboración con la Audiencia Nacional tanto del BBVA como de la consultora en relación a esta investigación planean sobre esta pieza, de la que se levantó el secreto de sumario la semana pasada. De hecho, en la providencia de citación, a la que ha tenido acceso eldiario.es, el juez reprocha a la auditora que “ni siquiera” haya identificado a los profesionales que hicieron ese trabajo.

El juez interrogará el próximo 20 de febrero a Javier López Andreo, socio responsable de forensic en España de PwC, y a dos personas de su equipo: Alberto García Martín, senior manager de forensic y Leyre Zayas, gerente de forensic. Tendrán que aclarar cuestiones relativas a dos informes, uno del 22 de marzo de 2019 sobre los procesos de selección, adjudicación y contratación por parte del BBVA de Cenyt -la principal mercantil de Villarejo- y otro del 11 de julio en relación a la facturación y pago de estos servicios. Y también sobre un informe de situación sobre las medidas adoptadas para la prevención y detección de delitos por parte de la entidad financiera.

Durante el interrogatorio del pasado diciembre en la Audiencia Nacional, el representante legal del banco, Adolfo Fraguas, reconoció la existencia de pagos del BBVA a Cenyt hasta diciembre de 2017. Es decir, hasta un mes después de que el comisario fuera encarcelado acusado de liderar una organización criminal que obtenía millones de euros de vender a la élite del país dosieres que elaboraba con datos confidenciales a los que accedía en su condición de funcionario. El instructor de la causa cifra en 10,2 millones los pagos bajo sospecha de la segunda entidad bancaria del país a las empresas del comisario jubilado.