Jan-Eike Andressen es un hombre muy ocupado. Este joven abogado y los treinta trabajadores de su empresa, My Right, una start-up de Berlín dedicada a la representación jurídica de consumidores, tienen nada menos que 40.000 clientes. Todos ellos son afectados por el dieselgate de Volkswagen. Entre reuniones, Andressen atiende al teléfono para explicar a eldiario.es en qué consiste su negocio.
A través de My Right, miles de clientes de Volkswagen están llevando al fabricante de coches ante los tribunales por el escándalo industrial que estalló en 2015 y en el que el consorcio germano manipuló los motores de vehículos diesel para que parecieran menos contaminantes.
“El dieselgate supuso el impulso inicial más importante para nosotros, porque estaba claro que Volkswagen tenía que pagar indemnizaciones, no sólo en Alemania, sino en todo el mundo. Pero, claro, Volkswagen no haría esos pagos libremente en Alemania sino que los haría después de pasar por los tribunales”, explica Andressen a este periódico. “Entonces desarrollamos el sistema de denuncia en grupo, en el que la gente nos transfiere sus derechos y nosotros construimos una denuncia y, si ganamos, nos repartimos lo que se obtiene”, abunda.
Este mes de noviembre, Andressen ha hecho llegar la denuncia de 6.000 afectados. Próximamente hará lo propio con otros 18.000 casos. En total, Andressen ha realizado ya tres grandes denuncias representando a miles de consumidores enfrentados al fabricante alemán. “Nosotros financiamos los costes de la denuncia a cambio del reparto de los montantes de las indemnizaciones”, dice Andressen. En caso de decisión favorable de la justicia, la firma de este emprendedor se queda con un 35% de lo que tenga que pagar Volkswagen. El 65% restante queda para el consumidor víctima del fraude.
Entre los afectados de Volkswagen en Alemania se encuentra un primo de Andressen, que compró en su día un Volkswagen Passat con un motor trucado. Al poco de saber que el vehículo diésel de su primo formaba parte de los 2,6 millones de coches con motores amañados del consorcio teutón afectados en Alemania, Andressen y compañía se pusieron manos a la obra. A principios de 2016 My Right ya estaba recogiendo denuncias de clientes con aspiraciones a recibir una indemnización de Volkswagen.
Además de clientes de Volkswagen, a Andressen y compañía también les hizo falta dinero para levantar MyRight. Por eso Andressen acabó llamando a la puerta en Londres de Burford Capital, una empresa especializada en ofrecer servicios financieros en el sector jurídico. Es una firma estadounidense, fundada en 2009 por Christopher Bogart, un ex asesor de Time Warner, y Jonathan Molot, un profesor de derecho de la Universidad de Georgetown.
Burford Capital suele implicarse en casos que dan dinero. Hasta 336 millones de dólares (unos 352 millones de euros) se embolsaba compañía el año pasado en casos en los que decidió invertir, según números de la propia Burford Capital presentados en junio por la agencia Bloomberg.
Hace poco más de un año, MyRight presentaba su primera denuncia en grupo, en la que también iban representados miles de denunciantes. La suma que se pedía entonces a Volkswagen rondaba los 350 millones de euros. “Volkswagen le debe a la gente el dinero de la compra del vehículo y de la retirada del coche. Luego puede discutirse sobre cuánto se evalúa el coste del uso que el usuario haya podido dar al vehículo”, explica Andressen.
Él sabe que, en Alemania, está haciendo historia por el modo en que se ha puesto al servicio de los consumidores defraudados por Volkswagen. Antes del dieselgate, no existía nada parecido a My Right. Dado el carácter novedoso del modelo de negocio desarrollado por Andressen y compañía, a este sector económico de nuevo cuño se le ha apodado “la industria de las denuncias”.
A diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos con el dieselgate, donde “todos los afectados han recibido dinero; en Alemania sólo lo reciben quienes participan en una acción ante la justicia”, comenta Andressen. Las denuncias de MyRight son, ahora, otra posibilidad para plantar cara a Volkswagen. La fórmula de “demandas colectivas” contra el consorcio se ha hecho esperar. El pasado 1 de noviembre varias asociaciones de consumidores presentaban la primera de estas demandas.
Andressen se muestra muy seguro de las posibilidades de éxito de sus denuncias en grupo, especialmente después de que el tribunal del Land de Augsburgo condenara el pasado 23 de noviembre a Volkswagen a devolver a un cliente el montante total de la compra de un vehículo afectado por el dieselgate, un coche modelo Golf TDI de 2012. “Es la primera vez que un juez toma una decisión así y esto es una señal muy importante que refuerza nuestra posición”, dice Andressen.
Para los casos que lleva Andressen, la primera decisión judicial fue desfavorable. “Perdimos en primera instancia pero la hemos llevado a la siguiente instancia”, asegura el fundador y responsable de la start-up jurídica, cuyas oficinas están en la céntrica Friedrichstraße de Berlín. Andressen es optimista, entre otras cosas, porque “de entre todas las denuncias privadas hechas hasta ahora, los denunciantes las han ganado todas”. En 2017 se contaron 120 de estos casos.
“Volkswagen ha pagado en todas las demandas”
“Hasta ahora Volkswagen ha pagado en todas las demandas y ha reconocido el derecho de los clientes, no me puedo imaginar que en Alemania una gran empresa pueda hacer un fraude así como así, ese no puede ser el resultado último”, dice Andressen. Pese a iniciativas como la suya, Volkswagen está saliendo mejor parado en Europa que en Estados Unidos.
Al otro lado del Océano Atlántico, el consorcio con sede en Wolfsburgo ha pagado miles de millones de euros en multas, compensaciones y acuerdos con consumidores y autoridades de Estados Unidos. A finales del año pasado se estimaba que el precio total del dieselgate en suelo estadounidense era de 30.000 millones de dólares (unos 26.500 millones de euros).
En Europa, las indemnizaciones no alcanzan esos niveles. Aunque el pasado mes de junio Volkswagen fue obligada a pagar 1.000 millones de euros en concepto de multa y devoluciones por los beneficios obtenidos en tiempos previos al estallido del dieselgate tras una investigación de la Fiscalía de Braunschweig.
Ferdinand Dudenhöffer, investigador especializado en la industria del automóvil y profesor en la Universidad de Duisburgo-Essen, no ve al consorcio especialmente afectado por las posibles sanciones y costes que exige el dieselgate en Europa. En el 'viejo continente' hay unos 8,5 millones de coches afectados. Un total de 700.000 de esos vehículos está en España.
“Incluso en las denuncias en grupo de Alemania, no hay tanta gente implicada y, en caso de que tuvieran éxito, las consecuencias no serían comparables a lo ocurrido en Estados Unidos”, dice Dudenhöffer a eldiario.es. “Los procesos judiciales en curso en Alemania siguen su curso, van a durar mucho tiempo, porque Volkswagen sencillamente no quiere aceptar las cosas”, agrega. Andressen ve ahí otro escándalo dentro del dieselgate.
“Es un escándalo que Volkswagen pague de motu propio a los consumidores estadounidenses y que, en Europa, sólo pague cuando los consumidores recurren a la justicia teniendo éstos que asumir costes judiciales”, concluye el fundador de MyRight.