El Plan + Seguridad Energética aprobado este martes por el Consejo de Ministros persigue reducir la demanda nacional de gas entre un 5,1% y un 13,5% este invierno y responde a los compromisos de España con la UE ante la guerra en Ucrania. El documento recoge 73 medidas “complementarias y sinérgicas”, de las que algunas ya están anunciadas o en vigor, estructuradas en seis bloques para “combatir el chantaje energético por parte de Rusia” y mitigar su efecto sobre los consumidores.
Las medidas incluyen campañas de concienciación social, apoyo fiscal para particulares y empresas, fomento de las energías renovables y refuerzo de la capacidad industrial del país. Aunque en algunos detalles hay poca concreción, estas son las novedades más destacadas:
Más protección de los consumidores vulnerables: el Gobierno asegura que estos hogares han quedado hasta ahora “protegidos” gracias a las medidas adoptadas, y sostiene que el impacto de la subida de los costes energéticos se ha mitigado y prácticamente se ha conseguido que paguen lo mismo que antes de la invasión de Ucrania. Pero promete “dar un paso más y reforzar el bono social eléctrico y térmico” sin dar más detalles.
Rebajas fiscales: el plan no las concreta, pero sí las esboza. Se dirigen a “sustituir el uso de combustibles fósiles por energías renovables”. Se están negociando con el Ministerio de Hacienda. Según la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, el paquete de acompañamiento fiscal “está muy vinculado a consumos energéticos de familias” y a la eficiencia.
Calderas comunitarias de gas: el plan promete un mecanismo de protección para consumidores domésticos de gas que formen parte de comunidades de propietarios. Hay 1,6 millones de hogares en esta situación y no pueden contratar la tarifa regulada del gas, que tiene las subidas limitadas. El plan señala que el Estado “adoptará las medidas presupuestarias necesarias para su financiación” y poner remedio a esta situacióncon una nueva tarifa o “un nuevo bono”, según Ribera. Además, se fomentará “la instalación voluntaria de contadores y repartidores de costes en instalaciones centralizadas”. Y se desplegarán los contadores inteligentes de gas con ayudas públicas de unos 40 millones en 2023 y 2024.
Más renovables: se amplían las ayudas al autoconsumo con otros 500 millones de fondos europeos y se incrementa el actual límite de 500 metros entre la instalación de generación y el punto de consumo para favorecer el autoconsumo compartido. También se va a desarrollar la figura del gestor de autoconsumo colectivo. Se regularán las comunidades energéticas de renovables. El Instituto de Crédito Oficial (ICO) articulará un «Kit verde» para financiar medidas de eficiencia energética y renovables en la Pyme. Y “se acelerará” la ejecución del PERTE de Energías Renovables, Hidrógeno Renovable y Almacenamiento, con 1.000 millones adicionales a los ya dispuestos, para impulsar la solar fotovoltaica.
Administración pública: se dará más peso a la eficiencia energética en la contratación pública y se impulsará el autoconsumo con un “despliegue acelerado” en instalaciones y edificios públicos. Antes de diciembre, comunidades autónomas y entidades locales publicarán sus planes de ahorro energético, despliegue de autoconsumo y eficiencia. Y se lanzará un plan de reducción del consumo del alumbrado exterior (no se mencionan las luces navideñas) con préstamos reembolsables al 0% a cargo del Fondo Nacional de Eficiencia Energética.
Más transparencia en las facturas: los consumidores de luz y gas con menos de 15 kW de potencia y un consumo inferior a 50.000 kWh al año recibirán en su factura una comparativa del consumo con clientes similares en su código postal. “Se unificará la información facilitada sobre la aplicación del Mecanismo Ibérico” para evitar “algunos casos de confusión” sobre cómo funciona y cuánto cuesta el tope al gas. El plan recoge también la anunciada reforma de la tarifa regulada de la luz para hacerla menos volátil.
Trámites administrativos y renovables: el plan promete más medidas para la “agilización” de nuevas plantas de renovables. Se promete más flexibilidad en la planificación eléctrica, con “modificaciones puntuales” para “dar viabilidad a proyectos estratégicos a corto plazo”. Habrá un nuevo marco para el desarrollo de la eólica marina antes de fin de año. Y una nueva planificación de la red de transporte y distribución 2024-2029.
Más solidaridad con la UE: el plan incluye una nueva interconexión gasista con Francia (“corredor ibérico de hidrógeno”) de alrededor de 230 GWh que estaría en marcha en 2025, aunque la parte española estaría en marcha “a finales de 2023”. Y sin tener en cuenta esa infraestructura que hasta ahora Francia ha rechazado prevé una ampliación del 18% de la capacidad de exportación de gas a ese país y la ampliación de los suministros por barco a Italia. “A inicios de 2023” se abrirá la regasificadora de Gijón para funcionar como plataforma logística para la UE.
Campañas de sensibilización: habrá una campaña específica de divulgación que tendrán que complementar las comunidades autónomas y entidades locales, y recomendaciones a administraciones públicas, empresas y hogares. En el caso de los hogares, son muy similares a las ya realizadas en el pasado, referentes a aspectos como la climatización, el aprovechamiento de luz solar en invierno y la limitación en verano, así como consejos relativos al uso de electrodomésticos.
Planes de ahorro en grandes empresas: se propone que las que facturen más de 50 millones o tengan más de 250 trabajadores, obligadas desde 2016 a realizar auditorías energéticas cada cuatro años, elaboren y publiquen planes de contribución al ahorro energético, incluyendo las medidas identificadas como más rentables y viables a corto plazo.
Otras medidas: el documento también promete fomentar las redes de calor y frío y los gases renovables, una “agilización” en la gestión del plan de Recuperación, más ayudas a la rehabilitación energética (se activará un nuevo programa de ayudas a edificios del sector servicios dotado con 100 millones); una aceleración de las medidas de eficiencia energética en el sector turístico y comercial; y aprobar “de manera urgente” el primer plan de acción de la hoja de ruta para la gestión sostenible de las materias primas minerales 2023-27, que “incluirá las medidas más urgentes encaminadas a asegurar la autonomía estratégica”.
Rendición de cuentas: el Gobierno se compromete a publicar un boletín mensual con el resumen de la evolución del consumo energético por sectores y fuente de energía, que permita monitorizar la contribución a los objetivos prometidos a la UE. En caso de declaración de Alerta de la Unión, se identificará, en su caso, el ahorro adicional necesario que no está siendo logrado con las medidas implantadas hasta el momento.