Las ayudas energéticas despuntan entre las familias numerosas ricas y no llegan ni a un tercio de las más pobres

Los bonos sociales para rebajar la factura energética de los consumidores vulnerables no llegan ni a un tercio de las familias numerosas, pero sí alcanzan al 55% de las que tienen ingresos medios y altos.

Esta disparidad “sugiere que las familias con mayor disponibilidad de tiempo e información para lograr este tipo de bonos cuentan con una mayor probabilidad de poder conseguirlos”, según apunta un análisis de EsadeEcPol publicado este miércoles.

El estudio utiliza, entre otras fuentes, información de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE de 2021. Analiza a quién llegan los bonos energéticos centrándose en el nivel de renta y los tipos de familia.

Un asunto de máxima actualidad, tras la reforma de estos descuentos que la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha anunciado ahora que han aflorado casos de políticos madrileños con altos ingresos que los cobran por pertenecer a familias numerosas. Este colectivo es el único que recibe esos descuentos independientemente de su renta.

La conclusión de los expertos de EsadeEcPol Ángel Martínez, Natalia Collado y Jorge Galindo es que estos bonos “son insuficientes en su cobertura, algo especialmente grave para las familias estructuralmente vulnerables, y en su diseño actual se prestan a problemas de desajuste entre quién los necesita y quién los recibe”. Por eso reclaman revisarlos “buscando que sean más efectivos y progresivos”.

Según el estudio, solo un 8,3% de los hogares españoles reciben algún bono social energético, lejos del 14,3% de la población que declaró en 2021, último dato disponible, que tenía problemas para mantener su vivienda a una temperatura adecuada, lo que supone uno de los indicadores más claros de la existencia de pobreza energética.

Como recuerda el estudio, entre los receptores de esta ayuda son mayoría los hogares más pobres. Pero “la incidencia de la pobreza energética en este grupo apunta a que potenciales beneficiarios no la están recibiendo”. Los motivos son, fundamentalmente, la “complejidad” del procedimiento para pedirlo y el desconocimiento de muchos posibles receptores.

Desagregando por tramos de renta equivalente por unidad de consumo, los autores concluyen que solo tienen algún tipo de bono social el 17-18% de los hogares de renta más baja. Este porcentaje incluso cae hasta el 10% entre los hogares más pobres. Después, y a medida que la renta va aumentando (en concreto, a partir del tercer decil de renta), el porcentaje de hogares con estos descuentos baja con fuerza hasta situarse en apenas el 2% de los hogares en el penúltimo decil.

Pero hay una excepción: en el 2% de hogares con más capacidad económica, “se produce un incremento no lineal de las ayudas” que corresponde con familias numerosas que se aprovechan de ese bono pese a su desahogada posición. En este caso, la cobertura vuelve a subir y se sitúa en el 4%, “de forma que 1 de cada 25 familias del 2% que más gana del país tiene un bono social”.

“En la buena dirección”

Los expertos de EsadeEcPol recuerdan que el problema de la pobreza energética “puede haber aumentado” con la crisis energética, lo que “arroja ciertas dudas” sobre la efectividad de estas ayudas. Además, “tal y como están definidos los requisitos de acceso, especialmente en el caso del bono social eléctrico, podrían estar beneficiando a familias que no se encuentran en una situación de vulnerabilidad”.

Por ello, “la propuesta de incorporar un umbral de renta a las familias numerosas en el acceso al bono social eléctrico es un paso en la buena dirección”. No obstante, es necesario “combinar mejor los criterios de renta con los de tipo de hogar, pero con el cuidado necesario para no eliminar a demasiados hogares de la concesión”.

Así, avisan de que un umbral en torno a los 26.000 euros anuales como el que ha dejado caer Ribera, “quitaría la ayuda a una de cada tres familias numerosas de renta media-baja”.

También recomiendan “reducir considerablemente las barreras” para obtenerlos, implantando “una solicitud ya rellenada a quien cumpla las condiciones, o incluso pasar a un sistema de concesión automática” como el que prometió el primer gobierno de Pedro Sánchez allá por 2019 con la Estrategia contra la Pobreza Energética, una medida que nunca se llegó a implantar.

En este caso, esa concesión por defecto “podría funcionar a través de la factura energética o como componente del Ingreso Mínimo Vital”. Para adoptar cualquiera de esas posibles, opciones, sería “enormemente conveniente” universalizar la presentación de una declaración de la renta “que recogiera ingresos reales de cada hogar año a año”, apuntan los expertos de EsadeEcPol.

Desde hace años, entidades tan diversas como el Defensor del Pueblo, el sindicato UGT, la Fundación Civio o el think tank Economics for Energy han reclamado que estas ayudas se vinculen siempre a la renta.

La propia Teresa Ribera ya deslizó a principios de 2021 en una comparecencia en el Congreso que reformaría el bono eléctrico para que lo disfrutaran “quienes más lo necesitan”: “Necesitamos consolidar y ampliar el bono social eléctrico concentrándonos en quienes más nos necesitan” y “entender si las categorías previamente establecidas en el año 2017 de consumidor vulnerable se corresponden realmente con quienes más lo necesitan”.

“A veces nos encontramos con que no necesariamente es así y si cruzamos información de renta y patrimonio podemos estar dando cobertura a personas que pueden manejarse mejor y dejando a un lado recursos que podrían destinarse a colectivos particularmente necesitados”, apuntó entonces Ribera.