Nadia Calviño rechaza la regulación de precios del alquiler pese a incluirse en el pacto de Gobierno

Vuelve a tambalearse el compromiso de limitación de los precios del alquiler en zonas tensionadas plasmado por el PSOE en su pacto de Gobierno con Unidas Podemos. Este jueves el Banco de España sacó un informe en el que señala que controlar los precios de los alquileres puede tener “efectos adversos potencialmente significativos”, sobre todo si la medida es prolongada, entre ellos la reducción del número de viviendas en el mercado y el recorte de los gastos de mantenimiento por parte de los propietarios, informa Efe.

Horas más tarde, la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, afirmaba que las ciudades que están regulando el precio del alquiler de vivienda no están teniendo “mucho éxito”, y abogaba en su lugar por concentrarse en aumentar la oferta a través del Plan de Vivienda que prepara el Ministerio de Fomento, informa EP.

La vicepresidenta ha admitido que la vivienda es uno de los “grandes problemas” de la sociedad española, ya que los jóvenes “no pueden emanciparse y hacer su proyecto vital ni tener hijos”, ya que “no pueden abordar el coste del alquiler”, aunque ha matizado que dicho problema está “muy concentrado” en Madrid, Barcelona y barrios de grandes ciudades.

La opción de limitar precios ya se firmó en octubre de 2018, pero el Gobierno socialista se resistió a incluirlo en el decreto que varió la Ley de Arrendamientos Urbanos, lo que propició un primer rechazo del texto por parte de sus socios. Finalmente, el texto fue aprobado ante la inminencia de una nueva convocatoria electoral. Cuando se firmó el primer acuerdo la subida de los precios de los alquileres estaba en un momento álgido, mientras que ahora están moderándose o al menos subiendo con menos virulencia.

“Se impulsarán las medidas normativas necesarias para poner techo a las subidas abusivas de precios de alquiler en determinadas zonas de mercado tensionado” y “frenaremos las subidas abusivas del alquiler”, afirma el texto del nuevo acuerdo entre los partidos de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.

El Banco de España, pros y contras de la medida

La entidad, que ya se había pronunciado contra la regulación, constata que la regulación de los precios de la vivienda de alquiler es “efectiva” a corto plazo al mejorar la accesibilidad y la sobrecarga del coste, si bien advierte de que presenta “efectos adversos potencialmente significativos” a medio y largo plazo, como un aumento del precio en segmentos no regulados.

Según el informe “La intervención pública en el mercado del alquiler de vivienda: una revisión de la experiencia internacional”, la “notable” subida de los precios del alquiler en las áreas metropolitanas ha dificultado el acceso a la vivienda de los ciudadanos, lo que ha puesto sobre la mesa la necesidad de reforzar las políticas públicas en ese ámbito.

El estudio identifica tres tipos de intervenciones para intentar resolver este problema: los controles sobre los precios de los alquileres, la provisión de vivienda pública en alquiler a precios asequibles y medidas para incidir de forma indirecta tanto en la oferta como en los precios.

En el caso del control de los alquileres, el informe admite que tiene “el atractivo de dirigirse de forma inmediata y directa a los problemas de accesibilidad”.

No obstante, señala que “la evidencia muestra la posible aparición de efectos adversos potencialmente significativos, especialmente cuando este tipo de medidas se mantienen durante periodos prolongados”.

Según el estudio, “la oferta de alquiler suele reaccionar al control de los precios reduciendo las viviendas disponibles en el mercado” y “disminuyendo los gastos de mantenimiento de los inmuebles”. Además, añade, esta política “puede crear segmentación en el mercado de la vivienda al concentrarse las medidas de control de rentas en determinados colectivos o zonas de una ciudad”.

Este tipo de dualidad, subraya el informe, “puede ocasionar una segmentación de la población según sus condiciones socioeconómicas” y reducir la movilidad de los trabajadores. Según los autores, estos problemas “explican el retroceso a lo largo del tiempo” de los controles de precios, aunque esta opción ha reaparecido en los últimos años en algunas grandes ciudades europeas.

En cuanto a la promoción de vivienda pública en alquiler, el informe dice que esta opción tiene la ventaja de “centrarse en la causa que subyace tras el incremento del precio del alquiler de la vivienda: la insuficiencia de inmuebles disponibles”.

No obstante, el estudio señala que esa política “se enfrenta a importantes retos presupuestarios y requiere un diseño eficiente en su implementación” que evite los riesgos de segmentación social.

El Banco de España analiza también otras medidas, como la modificación de la normativa que regula el alquiler para dar mayor seguridad jurídica a los propietarios. En su opinión, “la evidencia internacional muestra que el grado de protección jurídica efectiva de los propietarios está relacionada con el desarrollo y el tamaño del mercado de alquiler”.

Sobre los incentivos fiscales, el informe apunta al riesgo de que los subsidios se trasladen a los precios de alquiler, lo que limita el impacto positivo en los inquilinos.