El banco francés BNP controla las clínicas dentales Vivanta y entra en un lodazal judicial

Las clínicas dentales Vivanta son una creación de Portobello, un fondo de capital riesgo español perteneciente a cinco socios: Íñigo Sánchez-Asiaín, Juan Luis Ramírez, Ramón Cerdeiras, Luis Peñarrocha y Carlos Dolz. Entre 2017 y 2018, el fondo compró más de veinte empresas del sector —entre ellas, varias grandes: Unidental, Láser 2000, Doctor Senís, Plénido, Avantdent y Anaga— para crear un gigante que compitiera en el “atomizado” mercado dental. Apenas un año después, Portobello puso en venta su creación. Buscaba que alguien pagara 300 millones de euros por las clínicas, lo que hubiera supuesto un jugoso retorno al multiplicar por dos la inversión.

Aquello no sucedió. Portobello no solo no colocó Vivanta, sino que en las cuentas de 2019 reveló que la deuda ascendía a 260 millones de euros. Los principales prestamistas eran el banco francés BNP Paribas y el fondo ARES, que el pasado 4 de diciembre convirtieron parte de esa deuda en capital y entraron como accionistas de la compañía. Desde Portobello no dan los porcentajes exactos que tendrá cada uno, aunque confirman que ellos continúan en el accionariado con una posición minoritaria. Según otras fuentes conocedoras del proceso, BNP es ahora socio mayoritario y ostentará un 8% del grupo dental. La teoría es que BNP entra para fortalecer el grupo y evitar que se vaya a pique.

La entrada de BNP en el capital de la compañía estaba supeditada a la realización de un ERE en la empresa. El ERE, adelantado por elDiario.es, afectará a 361 personas. Ni sindicatos ni compañía querían hacerlo público por miedo a parecer un nuevo Dentix y provocar una espantada de clientes. Hubo reticencias entre los trabajadores por cómo se había constituido la mesa de negociación, en la que solo había un miembro de la comisión 'ad hoc', la elegida por los empleados sin representación sindical, frente a los siete miembros de CC.OO, cuatro de UGT y uno de ELA. Las negociaciones avanzan con la propuesta de abrir las clínicas los sábados y salvar 50 puestos del despido. Además, la empresa ha elevado su propuesta a indemnizar con 23 días por año trabajado: tres más de los que exige la ley.

Los trabajadores cobraron la nómina de noviembre con retraso. Y aunque algunos están en desacuerdo con las condiciones planteadas para el ERE, sindicatos mayoritarios y empresa argumentan que impugnarlo provocaría ir a concurso de acreedores. Incluso Comisiones Obreras dice en su última circular que hacerlo “denota un desconocimiento preocupante de la actual situación económica de la empresa”. Además, baja los humos con las peticiones y sugiere que es una “irresponsabilidad” proponer “planteamientos maximalistas y alejados de la realidad” en cuestión de indemnizaciones y despidos. “Todo el mundo es capaz de pedir el oro y el moro, como suele decirse, pero esa no es la medida más inteligente, sino la que lleva a la pérdida de respeto”, subraya el sindicato.

Hasta aquí, el conflicto laboral al que se enfrenta el nuevo dueño de Vivanta. Pero hay más. Una revuelta de socios minoritarios amenaza con impugnar los acuerdos entre la empresa, BNP y ARES. Al capitalizar la deuda, estos doce socios minoritarios —que juntos representan el 25% del accionariado— han visto diluida su participación. Una demanda interpuesta contra Cartera Vivanta (la matriz desde la que se gestionan las clínicas), el banco francés y el fondo ARES, a la que ha tenido acceso elDiario.es, solicita la “nulidad parcial” de varios contratos firmados antes de aprobar su entrada en la compañía.

“Se da la casualidad de que los préstamos que daban BNP y ARES a Vivanta se ocultaban a la junta de socios”, resumen fuentes judiciales conocedoras del proceso. En este caso, el demandante (uno de los socios minoritarios) descubrió en uno de los préstamos una cláusula que autorizaba a ARES a vender Vivanta si esta no pagaba el préstamo en seis meses. La demanda, ya admitida a trámite, destaca que esta cláusula debía haber sido autorizada en la Junta General de Socios, algo que no sucedió.

Algunos de los socios minoritarios son dentistas a los que Portobello compró la clínica bajo la promesa de montar un grupo grande, de excelencia y calidad. Según estas mismas fuentes, se sienten engañados. Primero, por el intento de venta apenas un año después de crear Vivanta; después, por acuerdos entre Portobello, BNP y Ares que se han hecho, aseguran, a sus espaldas. Además de esta demanda, continúa la fuente, se presentará otra para impugnar los acuerdos de la junta del pasado día 4 de diciembre “hechos con abuso de mayoría de Portobello”. “Si se gana el caso, se anularían algunos de los contratos de préstamo suscritos”, explica.

No es el único frente judicial abierto en Vivanta. El fondo Portobello está imputado por falsedad, administración desleal y estafa tras la demanda del dueño de Unidental, que les acusa de falsear balances para infravalorar la compañía y así pagarle menos por ella (porque se la compraron a plazos). Además, otro juzgado de Madrid investiga si los responsables del fondo espiaron a uno de sus socios en las clínicas para poder adquirir sus participaciones a menor precio. Si Portobello o Vivanta pierden alguno de los casos, BNP (que no ha respondido a una solicitud de información de elDiario.es) podría tener un problema reputacional. “Ahora BNP es socia de un fondo imputado por la justicia”, destacan las fuentes consultadas. “Lo bueno es que saneará la compañía; lo malo, que supone una amenaza para el propio banco”.