El consejero delegado de Bankia, José Sevilla, se ha visto sometido este viernes a un aluvión de preguntas de la prensa sobre el escándalo de las tarjetas 'black' de Caja Madrid. Tras la presentación de los resultados del tercer trimestre, al ejecutivo le han pedido una “valoración ética” del asunto y su respuesta ha sido escueta: “No haría muchas valoraciones; los hechos creo que ya hablan por sí mismos”. Sevilla ha querido “enfatizar” que la entidad ha realizado un “cambio total” en su modelo de gobierno corporativo tras el multimillonario rescate estatal y la llegada, en mayo de 2012, del nuevo equipo que pilota José Ignacio Goirigolzarri.
Asuntos como las tarjetas son “malas prácticas” que, pese a tener “un impacto sobre la imagen del sector”, ha dicho, éste debe “hacer un esfuerzo por atender mejor a la sociedad”; son propias de “tiempos pasados” y “no deberían volver a repetirse”.
El número dos de Bankia ha asegurado, sin embargo, que “la cuestión” de las tarjetas no ha tenido “ningún impacto en la actividad comercial” y no va a cambiar las previsiones del banco, “ni a mejor ni a peor”: octubre “está siendo un mes totalmente normal, en la línea de trimestres anteriores”, pese al “ruido” de los medios.
Preguntado por la tardanza en detectar el fraude, Sevilla ha insistido en que Bankia desconocía la existencia de esas tarjetas hasta que vio “un correo publicado en los medios en el que se citaba ese tema”. El correo (remitido al expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa) lo publicó eldiario.es en diciembre del año pasado. “A principios del año en curso”, Bankia encargó una auditoría que concluyó en junio. “Es complicado encontrar algo que no sabes que existe”, ha argumentado.
El consejero delegado de Bankia, que no ha descartado una eventual sanción del Banco de España por este asunto (“Espero que no”), también ha negado que el caso tenga impacto alguno en la futura venta de acciones del banco que tiene el Estado a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), su primer accionista. Ha confiado en que “en el medio plazo” se podrá “privatizar el grupo y devolver las ayudas”.
Aunque en un principio ha asegurado que, ante el goteo de operaciones sospechosas de la antigua Bancaja, “no queda ningún agujero por venir” derivado del sector inmobiliario, también ha reconocido que “nadie puede asegurar que no puedan aparecer” más “cosas”.
La entidad ha enviado unas 20 operaciones sospechosas a las distintas autoridades (regulatorias o judiciales) por importe de “cientos de millones de euros”, ha recordado Sevilla.