Blackstone se consolida como el mayor casero de España. El fondo buitre estadounidense ya tiene cerca de 30.000 viviendas en alquiler a través de sus cinco sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria (socimis) dedicadas a vivienda y refuerza todavía más su posición en este negocio.
De las 70 socimis que existen actualmente en España, hay cerca de treinta dedicadas al alquiler de vivienda cuya cartera, centrada sobre todo en Madrid y Barcelona, ya supera las 35.500 unidades, según una estimación realizada a partir de las cuentas anuales de las empresas, las presentaciones remitidas a los inversores y la información disponible en sus páginas web.
De esa cartera, el 83% del total, cerca de 30.000 unidades, están en manos de las cinco socimis que controla Blackstone y que operan en el negocio del alquiler residencial: Testa, Albirana, Fidere, Torbel y Euripo. Entre las cinco, atesoran una cartera de inmuebles tiene un valor de mercado de 5.643 millones de euros, según las últimas tasaciones encargadas a firmas independientes.
De esas socimis, la más importante es Testa, histórica empresa del negocio patrimonialista en la que Blackstone ha alcanzado este año el 99,52% del capital tras hacerse en los últimos meses con las participaciones que tenían en ella Merlin Properties (que es la mayor socimi de España, aunque está especializada en centros comerciales y logísticos y en oficinas), Santander y BBVA. A cierre de 2018, Testa contaba con 11.096 viviendas en alquiler, según sus últimas cuentas.
Blackstone también es propietario de la socimi Albirana Properties, que el año pasado más que duplicó su cartera de viviendas en renta (pasó de 4.482 unidades a 9.833) y que recientemente pronosticaba una subida de precios de los alquileres superior al 10% para 2019; también son propiedad de Blackstone Fidere, con más de 5.000 viviendas a cierre de 2018; Torbel, que cuando salió a cotizar al mercado alternativo bursátil (MAB) el año pasado decía tener otras 2.155; y Euripo, la última que sacó a Bolsa el fondo (en enero pasado), y que cerró 2018 con 1.364 unidades, según sus cuentas de ese ejercicio.
A esas cifras se suman las casas que tenía en alquiler Hispania, que ha dejado de disfrutar del régimen de las socimi, ya que Blackstone acaba de excluirla de Bolsa tras adquirirla por unos 2.000 millones. Con presencia sobre todo en el negocio hotelero, Hispania contaba a cierre del año pasado con 581 viviendas, según sus últimas cuentas. Su actividad residencial ha sido transferida recientemente a Fidere.
Blackstone rechaza el apelativo de buitre u oportunista porque, recuerdan desde la firma, tiene invertidos en España más de 25.000 millones y “está poniendo en marcha negocios de largo plazo”. El fondo, que en sus previsiones es incluso más optimista que el Gobierno (su socimi Corona Patrimonial, especializada en oficinas, prevé que el PIB crezca este año un 2,4%, dos décimas más que el Ejecutivo), se ha hecho en el último lustro con una ingente cartera de activos inmobiliarios adquiridos a diversas entidades financieras como Banco Santander, Popular o Catalunya Caixa. Además, ha comprado empresas de otros sectores como el grupo de juego Cirsa.
Más de 10.000 millones en inmuebles
En lo que respecta a socimis dedicadas al alquiler, Blackstone es con enorme diferencia el mayor operador entre esas cerca de treintena de firmas, cuyos inmuebles comprenden una cartera de activos (viviendas, pero también garajes y trasteros, y en algunos casos, también oficinas, suelos e inmuebles comerciales) con un valor de mercado que ha sido tasado en los últimos meses en más de 10.000 millones.
Si se exceptúa a Vivenio Residencial, del fondo holandés APG y gestionada por Renta Corporación (que según su web gestiona ya 1.897 viviendas), ninguna de las restantes socimis que operan en el mercado español superan las 500 unidades en alquiler.
Tras Vivenio destacan la de la constructora Ortiz, que decía tener 484 viviendas en el folleto de una ampliación de capital registrado el mes pasado; o la última en saltar al MAB en enero pasado, Urban View Development Spain, que reconocía en una reciente presentación a los inversores que tiene okupados (de okupación con k) el 43% de las 454 viviendas que forman su cartera.
Varias de estas firmas se han sumado en los últimos meses a Asocimi, un lobby creado a finales del año pasado para defenderse de posibles cambios legislativos, después de que el Gobierno del PSOE pactase con Podemos un aumento de la fiscalidad de estos vehículos (que están exentos de pagar Impuesto de Sociedades), aunque la medida no llegó a entrar en vigor al decaer los Presupuestos.
Entre las voces que se han alzado para defender estos vehículos en los últimos tiempos a las socimis, que han tenido un indudable éxito en la atracción de inversión extranjera al ladrillo español tras el estallido de la burbuja en 2009, destaca uno de los artífices del cambio legal que propició su despegue en 2012, el ex secretario de Estado de Hacienda Miguel Ferre.
En un artículo publicado en febrero en Cinco Días, Ferre aseguraba que elevar la fiscalidad sobre ellas tendría “consecuencias negativas, se mire por donde se mire”, y que “sólo un 4% del parque de viviendas en alquiler en España pertenecen a las socimis. Puesto que la mayor parte de las viviendas en alquiler son propiedad de particulares y no de socimis, me pregunto cómo se puede defender que sean las socimis responsables de la subida del precio de los alquileres”.