Bruselas se rinde en su batalla por tener capacidad de veto sobre los servicios: agua, basuras o planificación urbana
Entró en vigor hace 10 años. Y su tramitación se topó con gran oposición de colectivos sociales y sindicales. Es la directiva de servicios, la directiva Bolkestein, así bautizada por Frits Bolkestein, comisario europeo para el mercado interno durante la presidencia de Romano Prodi, quien propuso y defendió esta directiva.
La directiva es clave para entender el mercado común y liberalizado interno en la UE. Pero no lo suficiente para la Comisión de Jean-Claude Juncker, que, en su afán por avanzar en la unidad de mercado, planteó una serie de reformas de la directiva en 2017. Pero ha tenido que enterrarlas en abril de 2019, una vez terminado el periodo legislativo sin que la reforma de la directiva haya llegado al Parlamento Europeo.
Y no ha llegado al Parlamento Europeo por las dudas de Francia y Alemania, y por la movilización de Ayuntamientos –como Barcelona, Cádiz y Amsterdam–, plataformas municipalistas –como Barcelona en Comú y Zaragoza en Común–, sindicatos y colectivos sociales, que en enero pasado firmaron una carta en protesta por la reforma. Planificación urbana, servicios públicos, guarderías, recogida de basuras, residuos y suministros de agua, por ejemplo, se verían afectados.
“La propuesta habría otorgado a la Comisión poderes de veto sobre normas y reglamentos en el área de servicios, y ha quedado claro desde el principio, que afectaría a sectores como el cuidado de niños, los servicios públicos, la planificación urbana y derechos laborales en todos los niveles de gobierno”, afirma el comunicado de colectivos sociales y municipalistas difundido este miércoles.
En octubre de 2018, las instituciones europeas se encontraban en la última fase de la negociación de un acuerdo relacionado con la propuesta de Services Notification Procedure, que forma parte de la directiva de servicios de la UE.
¿Y qué importancia tenía algo llamado misteriosamente como Services Notification Procedure? Pues que tendría un efecto disuasorio para poner en marcha políticas alternativas, porque obligaría a los gobiernos –locales, regionales y estatales– a informar a la Comisión Europea de cualquier medida regulatoria que afecte a los servicios tres meses antes de tomar ninguna decisión.
La Comisión, entonces, analizaría si las medidas proyectadas son compatibles con las directivas europeas y tomaría a continuación una decisión vinculante. Es decir, tendría poder de veto de reformas. Actualmente, el aviso se hace posteriormente a la entrada en vigor de las decisiones de los gobiernos.
La propuesta también daba a los grupos de interés, bautizados como partes interesadas –multinacionales, lobbies–, la oportunidad de opinar sobre las medidas que impulsan las autoridades públicas.
Se esperaba el acuerdo para final de año pasado, pero al final no se cerró entre la Comisión, el Parlamento Europeo y los Estados Miembros.
Ahora, después de que haya concluido el periodo de sesiones del Parlamento Europeo el pasado 18 de abril, los planes de la Comisión de la UE para reformar la directiva de servicios se han frustrado.
El investigador y activista del Observatorio Corporativo de Europa, Olivier Hoedeman, afirma: “Es realmente una buena noticia para la democracia local en Europa. Su pieza central fue el derecho de veto de la Comisión de la UE sobre cualquier decisión que afecte al sector de los servicios, desde el nivel de la ciudad hasta el nivel nacional. Cientos de organizaciones de la sociedad civil, partidos municipales y regionales, así como alcaldes, tenían razón al luchar contra esta toma de poder sin precedentes por parte de la Comisión. Los municipios necesitan un espacio democrático para proteger los intereses de sus ciudadanos”.
La Comisión, sin embargo, defiende que “la lógica detrás del procedimiento de notificación no es una 'toma de poder de Bruselas'. Brinda a la Comisión y, lo que es más importante, a otros Estados miembros y partes interesadas, la oportunidad de plantear inquietudes sobre posibles inconsistencias con la legislación de la UE a través de un diálogo constructivo al inicio del proceso, en lugar de a través de largos procedimientos de infracción. Esto contribuye a mejorar el entorno empresarial, contribuye a la seguridad jurídica y reduce la necesidad de litigios legales prolongados y onerosos ante los tribunales de la UE. El objetivo de la propuesta legislativa es mejorar la aplicación de la directiva de servicios”.
