La Comisión Europea pide a España “preservar una política fiscal prudente” para “garantizar unas finanzas públicas sostenibles”. Es decir, preservar la vigilancia de las alegrías en el gasto público en un momento en el que se avecina el regreso a las normas de deuda y déficit a partir de 2023. Si bien esas normas se reformarán para compatibilizar “sostenibilidad y crecimiento”, aunque aún faltan la letra de eso, tanto la gruesa como la pequeña. Bruselas, además, reconoce el carácter “contractivo”, que no expansivo, de las cuentas españolas para 2022, aprobadas por la Comisión Europea. “Lo que vemos en términos de la caída fiscal o el menor apoyo de gasto está relacionado en parte con el hecho de que España tomó medidas considerables en 2020 y 2021, por encima de la media de la UE”, explican fuentes comunitarias.
El Ejecutivo comunitario ha presentado este miércoles su paquete de otoño del Semestre Europeo, un conjunto de informes sobre la economía de la Unión Europea. El relativo al mecanismo de alerta de 2022, una herramienta para detectar posibles desequilibrios macroeconómicos, explica que este año concluye que las revisiones en profundidad (IDR) “están justificadas para 12 Estados miembros: Croacia, Chipre, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Países Bajos, Portugal, Rumanía, España y Suecia”. Y añade: “Los nuevos exámenes en profundidad evaluarán cómo han evolucionado los desequilibrios, analizando su gravedad, evolución y la respuesta de los Gobiernos para actualizar las evaluaciones existentes y analizar las posibles necesidades restantes”.
En junio de 2021, la Comisión Europea concluyó que España estaba experimentando desequilibrios macroeconómicos, relacionados con altos niveles de deuda externa, privada y pública, que tienen relevancia transfronteriza, en un contexto de alto desempleo. En el cuadro de indicadores actualizado que incluye cifras hasta 2020, varios indicadores están por encima de sus umbrales indicativos. A saber, la posición de inversión internacional neta (PIIN); el crecimiento de los costes laborales unitarios (CLU), la cuota de mercado de las exportaciones, la deuda pública y la deuda del sector privado, la tasa de desempleo y la tasa de actividad.
Después de una disminución del 10,8% en 2020, se prevé que el PIB real aumente un 4,6% en 2021 y un 5,5% en 2022. Se prevé también que el nivel del PIB nominal en 2023 sea un 2,6% superior a su nivel de 2019.
“Con la crisis de la COVID-19, la relación deuda privada/PIB aumentó por encima del 146% del PIB en 2020”, relata Bruselas, “lo que refleja tanto los flujos de crédito al sector empresarial como, en mayor medida, la caída considerable del PIB%. Es probable que el aumento de la relación deuda privada/PIB se revierta parcialmente en 2021, debido a la recuperación económica esperada”.
Por otro lado, “la ya elevada relación deuda pública/PIB aumentó 25 puntos en 2020, alcanzando el 120% del PIB, lo que refleja la profundidad de la recesión y el impacto de las medidas de apoyo del gobierno emprendidas en respuesta a la crisis de la COVID-19. Se prevé que disminuya moderadamente para 2022, alcanzando el 116%”.
“El sector bancario mejoró su resiliencia durante la última década, y con la crisis de la COVID-19 la capitalización del sector bancario ha mejorado marginalmente, aunque todavía es baja”, relata la Comisión Europea: “La situación de liquidez de los bancos sigue siendo tranquilizadora. La rentabilidad ha sido persistentemente baja y se volvió negativa en 2020. El índice de préstamos morosos disminuyó al 2,8% en 2020. Sin embargo, puede aumentar en el futuro, por la eliminación gradual de las medidas de apoyo público, como la moratoria de préstamos y los esquemas de garantía”.
El análisis también relata que “tras descender durante varios años, la tasa de paro volvió a subir en 2020 hasta el 15,5%, en el contexto de la crisis de la COVID-19. Se prevé que la tasa de desempleo disminuya en 2021 y 2022. La tasa de actividad disminuyó y permanece por debajo del umbral deseado. Además, la segmentación del mercado laboral sigue siendo motivo de preocupación”.
Según Bruselas, para los casos de “Bélgica, Francia, Grecia, Italia y España, dado el nivel de su deuda pública y los altos desafíos de sostenibilidad a medio plazo antes del estallido de la pandemia de la COVID-19, al tomar medidas presupuestarias de apoyo, es importante mantener una política fiscal prudente con el fin de garantizar unas finanzas públicas sostenibles a medio plazo. Deben prepararse evaluaciones exhaustivas para que 12 Estados miembros identifiquen y evalúen la gravedad de los posibles desequilibrios macroeconómicos: Croacia, Chipre, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Países Bajos, Portugal, Rumanía, España y Suecia. Los mismos que ya habían sido identificados con desequilibrios o desequilibrios excesivos en el anterior ciclo”.
En el caso de España, “la recuperación económica está ganando terreno, las medidas de apoyo a nivel nacional y europeo han apuntalado la recuperación del mercado laboral y han amortiguado los efectos de la crisis en el sector empresarial. Además, el continuo crecimiento económico y una amplia implementación de los fondos de recuperación ayudarán a reducir el déficit y la deuda. No obstante, se avecinan ciertos desafíos para la economía”.
Cuentas “contractivas”
En relación con la evaluación del plan presupuestario español, la Comisión Europea afirma que “en 2022, a partir de la previsión de la Comisión e incluyendo la información incorporada en el Proyecto de Plan Presupuestario de España, se prevé que la orientación fiscal, incluido el impulso proporcionado por los fondos de recuperación, sea contractiva” por el gasto corriente en 2020 y 2021.
“España planea brindar un apoyo continuo a la recuperación haciendo uso del fondo de recuperación y resiliencia para financiar inversiones adicionales”, relata Bruselas, “España también planea preservar la inversión financiada a nivel nacional”. Y añade: “Dado el nivel de deuda pública de España y los altos desafíos de sostenibilidad a medio plazo antes del estallido de la pandemia de la COVID-19, a la hora de tomar medidas presupuestarias de apoyo, es importante preservar una política fiscal prudente para asegurar unas finanzas públicas sostenibles a medio plazo. La Comisión recuerda la importancia de la composición de las finanzas públicas y la calidad de las medidas presupuestarias, incluso mediante inversiones que fomenten el crecimiento, en particular apoyando la transición verde y digital”.
El Ejecutivo comunitario, además, afirma: “Teniendo en cuenta la solidez de la recuperación, se invita a España a revisar periódicamente el uso, la eficacia y la adecuación de las medidas de apoyo y estar preparada para adaptarlas según sea necesario a los cambios de circunstancias”.