Las pensiones vuelven a la primera línea de la actualidad. El Gobierno presentó este martes a sindicatos y empresarios una propuesta del “mecanismo de equidad intergeneracional” (MEI), que pretende reforzar los ingresos del sistema público de pensiones ante el reto que supondrá la jubilación de la numerosa generación del baby boom. Las próximas dos semanas son claves para su discusión con los agentes sociales, que no puede extenderse más allá del 15 de noviembre. Sobre la mesa de negociación está en debate cómo se aplicará el mecanismo, su efectividad y una reflexión sobre a quiénes afecta la medida.
Antes de entrar al detalle de la negociación sobre el MEI, lo primero que hay que aclarar es quiénes son los llamados baby boomers. En España se considera como tal a las personas nacidas entre mediados de los 50 y de los 70, generaciones muy numerosas que aumentaron mucho la población del país. En estos momentos, estas cohortes de población se encuentran en edades entre los 44 y los 64 años, aproximadamente. Las generaciones siguientes, en cambio, fueron menos extensas.
Con este marco, desglosamos algunas de las claves del debate sobre el mecanismo de equidad intergeneracional (MEI).
1) Se cambia el enfoque: más ingresos en lugar de recortes
Lo primero a destacar es el cambio de enfoque de la propuesta del Gobierno para el mecanismo de equidad en comparación con el índice que va a sustituir: el factor de sostenibilidad del PP de 2013. Con esta herramienta, el Ejecutivo de Mariano Rajoy optó por enfocar la sostenibilidad del sistema de pensiones a largo plazo –ante el aumento de la esperanza de vida– gracias a recortes en las pensiones futuras. La cuantía de las pensiones iniciales de los futuros pensionistas se reducía cada vez más con los años, de manera que los que más recorte sufrían eran los hoy jóvenes, con estimaciones que lo cifran alrededor del 30%.
Parecía que el ministro responsable de la reforma de pensiones, José Luis Escrivá, incidiría en esta lógica de contención del gasto en pensiones con el nuevo MEI, dadas sus declaraciones sobre un posible “ajuste” en la pensión de los baby boomers o de un retraso en su acceso a la jubilación. Sin embargo, el ministro se retractó enseguida de sus palabras ante la polémica generada y la propuesta que ha llegado finalmente a la mesa de diálogo social contempla un enfoque distinto.
El mecanismo de equidad planteado tiene dos fases, pero la principal y que se desplegaría de manera inmediata es la apuesta por un aumento de los ingresos, para crear un “colchón” de apoyo a la jubilación del baby boom. Este incremento de los fondos de la Seguridad Social se propone a través de un aumento temporal de las cotizaciones sociales que pagan empresas y trabajadores: de 0,5 puntos porcentuales –se elevó a 0,6 en la última propuesta planteada– durante la próxima década, de 2023 a 2032, que se acumularían en la llamada “hucha de las pensiones”. Este es solo el planteamiento inicial y puede ser modificado durante la negociación.
2) Dudas sobre que el “colchón” sea suficiente
Una de las principales dudas radica en si el dinero que se recaudara con esta cotización adicional sería suficiente para afrontar el aumento del gasto en pensiones que se espera por las jubilaciones del baby boom. Según la Autoridad Fiscal (AIReF), la tasa de dependencia de mayores –población mayor de 66 años sobre población en edad de trabajar– se duplicará, pasando del 26% actual al 53% en 2050.
Es cierto que el mecanismo de equidad no actúa en la sostenibilidad a largo plazo en solitario, sino que también se espera que tengan repercusión medidas del primer acuerdo de pensiones de Escrivá y de la legislación de 2011, que sigue desplegándose (por ejemplo con el aumento de la edad legal de jubilación hasta los 67 años). Pero, aun así, la subida de 0,5 puntos en la cotización durante los próximos dos años ha sido considerada una medida “insuficiente” por economistas y por el líder de CCOO, Unai Sordo, que ha opinado que posiblemente el dinero recaudado no logre cubrir el reto del aumento del gasto en pensiones.
Si el “colchón” recaudado fuera insuficiente, se activarían medidas de contención del gasto en pensiones, según la segunda fase del MEI propuesto por el Gobierno, que se aborda en el siguiente punto.
3) Dejar el futuro de los ajustes a los gobiernos venideros
En 2032, con la “hucha de las pensiones” más llena gracias a la cotización adicional recaudada durante una década, el Gobierno propone que se inicie una segunda fase del MEI, que consista en la revisión cada tres años de la previsión del gasto en pensiones para 2050, el pico esperado de mayor número de pensionistas.
Si las estimaciones están dentro de lo previsto, no habría que tomar más medidas. Pero, si el gasto en pensiones estimado supera las previsiones, se desplegarían otra serie de medidas. En resumen, primero se recurriría a los fondos acumulados en la “hucha de las pensiones”; si esto no fuera suficiente, se plantea que el gobierno de turno negocie medidas de reducción del gasto en pensiones; y, si aún así no se cubriera la desviación de gasto prevista, se propone que el Ejecutivo acuerde más ingresos mediante las cotizaciones sociales.
Por tanto, si –como varias voces advierten– el dinero recaudado con la cotización adicional de 0,5 puntos no fuera suficiente, habría que desplegar sí o sí medidas de contención del gasto en pensiones ante una desviación del gasto en pensiones. Y estas medidas de contención del gasto no quedan detalladas por la propuesta de Escrivá, sino que se dejan pendientes para el futuro, para que el Gobierno en el poder en ese momento las negocie con los agentes sociales y el Pacto de Toledo.
Los sindicatos ya han adelantado que no comparten la lógica de recortes en el gasto en pensiones. Hay muchos tipos de medidas que pueden contener el gasto: desde una reducción de la cuantía de la pensión, un retraso en la edad de jubilación, modificar el periodo que se tiene en cuenta para calcular la pensión, medidas que afecten solo a colectivos concretos (jubilación anticipada), incentivos...
4) El debate intergeneracional
El mecanismo lleva en su propio título la palabra “intergeneracional” y este es uno de los debates instalados en la sociedad sobre la herramienta (y de manera más amplia sobre las pensiones). Quién asume el aumento del gasto en pensiones de los baby boomers. Las pensiones se sufragan gracias a las cotizaciones de los trabajadores, pero cuando llegue el retiro de esta generación tan numerosa se dará la situación de que habrá muchos pensionistas y una masa de trabajadores más pequeña.
El Gobierno defiende que el factor de sostenibilidad del PP era una medida contra los más jóvenes, ya que a ellos les recortaba más su pensión futura por el aumento de la esperanza de vida. La propuesta del MEI supone compartir el esfuerzo entre todos los trabajadores y empresas (entre los años 2023 y 2035) para sufragar las pensiones de las décadas siguientes.
Hay quien huye, sobre todo en los sindicatos, de estas retóricas que enfrentan a unos colectivos de ciudadanos con otros. El escenario que se prevé en España para los próximos años implica que habrá que tomar algún tipo de medida para afrontar este incremento del gasto. No hacer nada no es una opción, según la Autoridad Fiscal, dada la necesidad de garantizar las pensiones públicas, un pilar fundamental de la protección social.
Por lo que el debate reside en elegir cómo compartir este esfuerzo presupuestario. La generación del baby boom, tan numerosa como pensionista, también lo ha sido como trabajadora y ha contribuido con sus impuestos y sus cotizaciones al Estado del Bienestar actual. En el futuro, será además un gran colectivo de consumidores clave para la economía.
5) Reticencias de las empresas a cotizar más
Otra discusión sobre el mecanismo de equidad reside en cómo se recauda finalmente este “colchón” de ingresos. Porque las empresas se resisten a asumir un aumento en las cotizaciones sociales que pagan por los trabajadores, que están entre las mayores de Europa. Eso sí, los salarios en España son más bajos, por lo que los costes laborales totales se reducen bastante frente a otros países con sueldos más altos.
En cualquier caso, las patronales recelan de la medida, que consideran que les puede restar competitividad, como ha criticado hoy la asociación de pequeñas empresas Cepyme. Los trabajadores tradicionalmente asumen una cotización más baja, pero porque las rentas del trabajo aguantan una mayor carga fiscal a través de figuras tributarias que las rentas del capital, destacan en sindicatos. Los agentes sociales tratarán de lograr un acuerdo con el Gobierno en las próximas semanas para consensuar este “fleco” que quedó colgando del primer pacto social en pensiones en una década.