La polémica obliga a Ciudadanos a eliminar de su programa la amnistía fiscal propuesta por Marcos de Quinto
El Consejo General de Ciudadanos ha rechazado este lunes la medida de hacer aflorar parte de la economía sumergida a un tipo impositivo del 10%, una vez que ha sido debatida junto con otras propuestas de lucha contra el fraude fiscal en el marco de su programa electoral, según informa EFE.
El máximo órgano de Ciudadanos entre asambleas generales se ha reunido para ratificar el programa electoral de cara a los comicios del 10 de noviembre y las diferentes medidas económicas que contempla, entre las que se encontraba la posibilidad de recaudar 4.000 millones de euros haciendo aflorar una décima parte de dinero o patrimonio no declarado a un tipo fijo del 10%.
La propuesta había sido promovida por el portavoz económico en el Congreso, Marcos de Quinto, y el coordinador en esta materia, Luis Garicano, y se había incorporado como una enmienda al borrador del programa electoral.
Aunque Ciudadanos ha negado que se tratara de una amnistía fiscal, esta medida recordaba a la que el gobierno del PP puso en marcha entre junio y noviembre de 2012 por la que los defraudadores, particulares o empresas podían regularizar su situación pagando solo el 10% del patrimonio aflorado y el 8% para los dividendos procedentes de fuente extranjera o rentas derivadas de la transmisión de participaciones.
Cuando ya estaba encendida la polémica, Garicano ha lanzado un tuit en el que apuntaba a una “confusión interesada” y señalaba que “Ciudadanos ha rechazado, rechaza, y prohibirá por ley las amnistías fiscales, al contrario que el PP y PSOE, que las critican en la oposición y las aplican en el gobierno”.
Pero donde ha habido realmente confusión ha sido en Ciudadanos. A pesar de que el líder del partido Albert Rivera negó este domingo en El Objetivo que se fuera a discutir esta medida y en un primer momento del lunes, fuentes de Ciudadanos rechazaron que se hubiera puesto sobre la mesa la la propuesta de Marcos de Quinto, el portavoz de justicia y miembro del Comité Ejecutivo de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha asegurado a los medios de comunicación que “era una de las medidas, entre muchas otras, que vamos a poner en marcha para que esa enorme bolsa de economía sumergida que existe en España pueda aflorar”. Posteriormente, Bal añadiría que es una medida que se iba a estudiar en el Consejo General del partido y sería “objeto de debate”.
Finalmente la formación que lidera Albert Rivera ha propuesto reforzar el Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC), endurecer las multas a las entidades financieras que cooperen en el blanqueo de sus clientes, garantizar el derecho a pagar cualquier bien o servicio con tarjeta de crédito o potenciar la digitalización de la Administración.
También impulsar una reforma comunitaria del Impuesto sobre Sociedades para “evitar que la regulación laxa de algunos países sirva para erosionar el Estado del bienestar del resto”, luchar contra los paraísos fiscales y ampliar la lista de morosos con Hacienda que se publica cada año, reduciendo su umbral del millón actual a los 600.000 euros.
“Deslegitima la lucha contra el fraude”
El exdiputado y exportavoz de fiscalidad de Ciudadanos en el Congreso, Francisco de la Torre, ha señalado a Efe que “cualquier amnistía fiscal deslegitima la lucha contra el fraude” y ha incidido en que una cosa es bajar los recargos voluntarios para incentivar las declaraciones complementarias y otra cosa es “poner una tarifa plana a los defraudadores, lo que no deja de ser un premio por incumplir con sus obligaciones”.
De la Torre ha recordado su férrea negativa a la amnistía fiscal que llevó acabo el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro y que posteriormente fue anulada por el Tribunal Constitucional por haber sido aprobada a través de un real decreto ley.
El exdiputado de Ciudadanos e inspector de Hacienda ha destacado que la sentencia del alto tribunal afirmaba que aquella amnistía fiscal legitimaba “como una opción válida la conducta de quienes, de forma insolidaria, incumplieron su deber de tributar de acuerdo con su capacidad económica, colocándolos finalmente en una situación más favorable que la de aquellos que cumplieron voluntariamente y en plazo su obligación de contribuir”
