La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha remitido a Ferrovial y FCC sendos requerimientos de información sobre sus políticas de lucha contra el soborno y la corrupción por los casos 'Palau' y Odebrecht.
Según recoge este lunes la web de la CNMV, el regulador bursátil ha preguntado a Ferrovial por las consecuencias de la sentencia que el pasado 15 de enero condenó a, entre otros, el extesorero de CDC Daniel Osàcar por el cobro de al menos 6,6 millones de euros en comisiones ilegales de la constructora de la familia Del Pino en el marco del saqueo del Palau de Catalunya.
En su respuesta, fechada el pasado 23 de enero, Enrique López Mozo, director general Económico Financiero de Ferrovial, reconoce que esta sentencia “supone un riesgo reputacional”, pero subraya “que no tiene ningún reflejo contable o financiero” para el grupo.
Añade que “ni Ferrovial ni ninguna de sus sociedades filiales ha recibido comunicación alguna por parte de los Tribunales en relación con el caso Palau, de la que pudiera derivarse algún perjuicio para las mismas”. Recuerda que en este proceso han sido absueltos un directivo y un exdirectivo de su filial Ferrovial Agroman. Ambos estaban acusados por presuntos delitos de administración desleal y tráfico de influencias. Esa absolución ha sido recurrida por la Fiscalía.
Preguntada por las políticas y medidas que aplica “para luchar contra la corrupción y el soborno, los resultados obtenidos y los riesgos vinculados a estas cuestiones”, Ferrovial dice que “supervisa de forma recurrente” esos riesgos “relevantes”, que en caso de materializarse “podrían tener un impacto en la actividad de la compañía, tanto desde un punto de vista reputacional, como financiero y operativo”.
Añade la constructora que su consejo de administración ha aprobado “el principio de Tolerancia Cero hacia cualquier práctica que pueda ser calificada como corrupción o soborno, tanto activo como pasivo”.
FCC en Panamá
En cuanto a FCC, la CNMV ha remitido a la compañía varias preguntas sobre su asociación en Panamá con Obredecht, el gigante brasileño que protagoniza desde 2014 el mayor escándalo de corrupción de la historia de América y con el que la constructora española se asoció en Panamá para la construcción de dos líneas de metro en ese país.
En sus respuestas, la empresa española señala que ha recibido “tres requerimientos de información” de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada sobre esos contratos, el último, el pasado 15 de enero y al que “se contestará tan pronto como sea posible”, en el que Anticorrupción se interesa por “determinados contratos celebrados entre los consorcios formados por FCC y Odebrecht” con “varias empresas subcontratistas” de esas obras.
Anteriormente, en octubre de 2016, Anticorrupción solicitó a FCC información sobre esas adjudicaciones y, en noviembre de 2017, pidió “el listado de empresas subcontratistas españolas o extranjeras con las que se acudió a la ejecución de las obras”. En FCC “no se considera” que “pueda derivarse ningún perjuicio para el Grupo” de las peticiones de información de la Fiscalía Anticorrupción española sobre este asunto.
La CNMV recuerda a la constructora controlada por el mexicano Carlos Slim que su socio brasileño ha reconocido recientemente “haber pagado sobornos en Panamá para la consecución de obras públicas por importe superior a los 59 millones de dólares de los cuales habría obtenido beneficios superiores a los 175 millones de dólares”.
FCC dice que su “única relación” con Odebrecht son los dos contratos que ambas se adjudicaron para construir las líneas 1 y 2 del metro de ciudad de Panamá, el último de los cuales, aún “en ejecución”, lograron en junio de 2015.