Colectivos uberizados de varios países europeos han llevado sus reivindicaciones a Bruselas. Primero, en el II Foro Transnacional de Alternativas a la Uberización, una jornada organizada por La Izquierda en el Parlamento Europeo, con presencia también de representantes políticos, y, después, ante el comisario europeo de Trabajo, en una reunión dentro de la Eurocámara. El comisario, Nicolas Schmit, ha reconocido el peligro de que el modelo de desprotección laboral de las plataformas se extienda al resto de sectores, según ha informado posteriormente Podemos.
“Es el propio trabajador el que lleva el látigo encima”, dijo un rider en la reunión: “Queremos saber con qué empresas y lobbies se ha reunido la Comisión”. Las Kellys, por su parte, afirmaron: “Los algoritmos están entrando en los hoteles. Además de ser mujeres precarias, ahora tenemos un móvil que nos dice el tiempo que podemos estar en cada habitación. Exigimos que se controlen los algoritmos para que no entren en todos los sectores de la sociedad”. Por su parte, un representante de Correos en Lucha señaló: “Sin derechos no puede haber democracia, sin estabilidad laboral no puede haber democracia. Van a venir a por todos los sectores para seguir sacando beneficios. Es hora de legislar para la mayoría y no para una minoría”. Y Tito Álvarez, de Élite Taxi, señaló: “Si la directiva que prepara la Comisión no le para los pies a las plataformas, estamos preparados para hacerlo nosotros en la calle. Queremos abrir la caja negra de los algoritmos y ver qué hay dentro”.
Actualmente, la Comisión Europea prepara una directiva sobre los derechos de los trabajadores y trabajadoras de plataformas. La propuesta se conocerá a finales de año. El Parlamento Europeo ha exigido que reciban la misma protección social y laboral que el resto de sectores, que se combata la figura del falso autónomo y que la gestión de los algoritmos sea transparente. Según datos de la propia Comisión, 24 millones de personas −el 10% de la fuerza de trabajo europea− ha participado en algún momento en la gig economy.
Idoia Villanueva, eurodiputada de Podemos y responsable de Internacional del partido, dijo tras la reunión con el comisario Schmit: “Salimos de una reunión que hemos tenido con más de 50 representantes de distintos colectivos y distintos países. Una reunión muy útil porque el comisario ha podido escuchar al único lobby que importa de verdad, el lobby de los trabajadores y trabajadoras. Hemos podido ver que está de acuerdo en que actualmente hay una relación de subordinación que hace muy difícil poder defenderse frente a estas plataformas, y que comparte también que la solución de un tercer estatuto no sería una solución con derechos y garantías para los trabajadores”.
De acuerdo con lo que ha comentado Villanueva, “a las preguntas de los colectivos sobre qué les ha pedido Uber, Deliveroo o los lobbys de estas plataformas, el comisario. desgraciadamente, no ha dado respuesta. En este momento quedan todavía muchas dudas que resolver, y la nueva directiva que proteja a estos trabajadores de plataformas tiene que tener en cuenta no solo la transparencia de los algoritmos, sino también la lucha contra los paraísos fiscales, de los cuales estas plataformas, estos fondos buitre, se benefician”.
En el encuentro previo en un local de Bruselas que habitualmente acoge reuniones de colectivos sociales, La Tricoterie, se han sucedido los testimonios de personas uberizadas, según recoge Brave New Europe. Odile Chagny, de Shares & Workers en Francia, dijo que la directiva europea solo iba a abrir una nueva fase de lucha: “Nada nos asegura que los derechos en los que nos vamos a apoyar van a ser efectivos”.
Por su parte, Mafalda Brilhante, activista feminista y miembro de Precárixs Inflexíveis en Portugal, dijo, de acuerdo con Brave New Europe: “Hemos pedido que se desarrolle una legislación específica para proteger a esos trabajadores, para permitir una relación laboral. Las plataformas han decidido dejar de trabajar con los intermediarios, como una forma de presionar a los partidos de izquierda”. Martin Willems, de United Freelancers, de Bélgica, un sindicato de trabajadores autónomos, señaló: “La mayoría de los repartidores, ¿qué quieren? Que se paguen los tiempos de espera, que tengan un salario mínimo garantizado, que tengan seguro de trabajo, diálogo social para abordar los problemas. Quieren tener los mismos derechos que los demás trabajadores. Esa sería la solución. Las plataformas utilizan el argumento de la libertad para negar la protección social. Existe esta estafa de decir que le damos libertad a cambio de que no tiene derechos. No, queremos ambos. Queremos derechos para esos trabajadores, pero también queremos más autonomía y menos subordinación”.
Y Nuria Soto, de RidersXDerechos, afirmó, prosigue Brave New Europe: “Las plataformas están usando cualquier elemento para decir que somos nuestro propio jefe. Muchos ciclistas dicen que son autónomos, pero cuando les preguntas si quieren las cotizaciones a la Seguridad Social de un asalariado, responden 'sí'. Entonces, ¿qué quiere el rider, una cosa u otra? La lucha sindical es clave. Podemos crear alternativas basadas en el colectivo, no solo en el individuo personal. El sindicalismo y el cooperativismo van de la mano”.
“Lo que se está discutiendo no es solo cuál es la situación de los riders o de los conductores, sino del intento de imponer un nuevo modelo de relaciones laborales al conjunto de los trabajadores y las trabajadoras. Esto no es un problema de los colectivos que hoy ya están afectados, sino que es una amenaza al conjunto de la clase trabajadora”, ha señalado el diputado de Unidas Podemos Rafa Mayoral en su intervención en el foro: “Con la Ley Rider española tanto los inspectores de trabajo como los representantes de los trabajadores van a tener la capacidad de abrir la 'caja negra' del algoritmo y acceder a eso que, en realidad, son las condiciones de trabajo que antes se recogían en un contrato. Este es el camino, necesitamos que los inspectores de trabajo se tecnifiquen y necesitamos tecnificar también la acción sindical, abrir las 'cajas negras' y poner los derechos de los trabajadores y las trabajadoras en el centro”.