La Comisión Europea crea un sistema de coeficientes para castigar los incumplimientos de los planes de recuperación

La Comisión Europea había comenzado a evaluar la ejecución de los fondos europeos -tres desembolsos en el caso de España- sin haber definido el sistema de penalización en caso de incumplimiento. Por ahora no ha habido ningún país que haya dejado de aplicar los compromisos, pero puede darse el caso. El gobierno comunitario ya ha definido las reglas y ha dado a conocer la comunicación este martes. El mecanismo se basa en un sistema de coeficientes con el que Bruselas pretende que el castigo sea más duro en función de la importancia del hito u objetivo que se incumple.

“Un hito u objetivo final contará más que un objetivo intermedio al que siguen hitos y objetivos relacionados con la misma inversión. Esto explica la diferenciación en la metodología entre inversiones y reformas, así como los coeficientes y los ajustes al alza o a la baja aplicados a la cantidad a suspender para reflejar la importancia del hito u objetivo en juego”, recoge la comunicación de la Comisión que deja, por tanto, un margen a su interpretación.

Como principio general, cada hito incumplido tendrá un valor que saldrá de la división del total de los fondos para ese país (unos 70.000 previstos en el caso español) entre el conjunto de los hitos (que en el plan de recuperación del Gobierno de Pedro Sánchez son 415). Pero luego se le aplicarán distintos coeficientes. Para las inversiones, el anexo de la Comisión recoge un 2 para aquellas que representen más del 10% del apoyo o préstamo no reembolsable con un número limitado de hitos y objetivos (al menos 5); de 0,5 para las pequeñas inversiones o aquellos hitos intermedios; y de 1 para todos los demás. Pero la Comisión establece una serie de ajustes en función, por ejemplo, de los progresos realizados para dar cumplimiento a las medidas.

En el caso de las reformas, se aplicará un coeficiente de 0,5 a los hitos intermedios y de 5 a los hitos y objetivos relacionados con la entrada en vigor de una reforma o el último paso de la implementación de una reforma no legislativa. Por otro lado, la Comisión solo prevé la suspensión total de los desembolsos cuando se detecten deficiencias en los sistemas de control y auditoría. Además, establece un periodo de seis meses para resolver los fallos en los hitos y objetivos incumplidos antes de suspender parcialmente el pago correspondiente.

Dado que España ya ha cumplido satisfactoriamente con los tres primeros desembolsos, el mecanismo se podría aplicar a partir del cuarto, que es el que está preparando el Gobierno en este momento.

La principal reforma que está en liza en ese caso y, por tanto, en la que más fondos se juega el Ejecutivo es la de pensiones, que tiene cuatro hitos fundamentales: la extensión del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación, el mecanismo de equidad intergeneracional, la ampliación de la base máxima de cotización y la publicación de un informe que demuestre la sostenibilidad del sistema. Sobre esto último la Comisión llamó la atención a España al expresar dudas sobre el sistema. Bruselas contempla la posibilidad de reducir un pago en aquellos casos “de importancia particular” para llevar a cabo las recomendaciones concretas que se han hecho a un país para mejorar su economía.

En el Ejecutivo son conscientes de la importancia que tiene la reforma de pensiones en el conjunto del plan de recuperación. Eso explica que el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, haya viajado en dos ocasiones a Bruselas en las últimas dos semanas para negociar con las autoridades comunitarias. A pesar de que el principal escollo en las conversaciones con los aliados del PSOE está siendo el periodo de cálculo, el ministro se mostró convencido este lunes de que el acuerdo está “muy cerca” y aseguró que esa medida formará parte del conjunto de los cambios legislativos.