Competencia multa a cuatro empresas y a seis directivos por formar cárteles y repartirse licitaciones de Defensa

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado a cuatro empresas y a seis directivos por repartirse licitaciones del Ministerio de Defensa a través de dos cárteles.

Por un lado, la CNMC ha multado a las empresas Comercial Hernando Moreno Cohemo S.L.U. (Cohemo) con 1.067.944 euros; Star Defence Logistics & Engineering S.L. (SDLE), con 3.302.912 euros ; y Grupo de Ingeniería, Reconstrucción y Recambios, JPG S.A. (JPG), con 1.304.220 euros, por repartirse licitaciones relacionadas con el suministro, el mantenimiento y la modernización de vehículos militares entre enero de 2016 y junio de 2021. Por otro lado, Competencia ha sancionado a Cohemo (450.000 euros) y a Casli S.A. (100.000 euros) por manipular un acuerdo marco para comprar contenedores militares entre septiembre de 2019 y noviembre de 2021.

Competencia señala que “ha acordado ampliar la incoación de dicho expediente sancionador a 6 directivos de algunas de estas empresas”: tres directivos de SDLE, otros dos de Cohemo y un directivo de JPG. Los sancionados son Aurelio Estrella Río (52.000 euros), Manuel Estrella Río (52.000 euros), Raúl Pérez Guerrero (42.000 euros), Sergio Hernando Moreno (52.000 euros y 8.000 euros), Óscar Agudo Sánchez (40.000 euros y 5.000 euros) y Antonio Molina Baltanás (34.000 euros).

La CNMC considera que “corresponde aplicar a las empresas la prohibición de contratar” con la Administración Pública, según se recoge en la normativa de de Contratos del Sector Público (LCSP). Sin embargo, Competencia valora positivamente algunos de los programas de cumplimiento normativo que han presentado las empresas sancionadas, y les ha pedido revisarlos dentro de seis meses para decidir si mantiene la prohibición de que contraten con el sector público.

Las empresas se repartieron contratos, según la CNMC. En concreto, llevaron a cabo pactos de no concurrencia, emitieron ofertas de cobertura, retiraron o no justificaron ofertas, e instrumentalizaron el sistema de colaboración temporal entre empresas (UTE).

Los acuerdos anticompetitivos afectaron a casi un centenar de contratos, valorados en 60 millones de euros: 13 acuerdos marcos (AM), sus correspondientes 81 contratos (CBAM), y otros 10 contratos públicos. Estas licitaciones estaban relacionadas con el mantenimiento de vehículos militares (como los Centauro, Leopard, Pizarro, BMR, VEC y RG-31) y material de campamento.

Este tipo de acuerdos anticompetitivos están prohibidos en el artículo 1 de la Ley 15/2007, de Defensa de la Competencia, según explica la CNMC en un comunicado, y suponen una infracción muy grave que puede ser sancionada hasta con un 10% del volumen de negocios de las empresas.