Competencia reclama una normativa “contundente” contra el auge del fraude eléctrico por plantaciones de marihuana

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) reclama una normativa “contundente” contra el auge del fraude eléctrico relacionado con las plantaciones ilegales de marihuana, una cuestión de máxima relevancia para compañías como Endesa.

Competencia ha hecho suya esta petición en su propuesta de retribución para las distribuidoras de electricidad en el ejercicio 2020. En un documento que acaba de sacar a consulta pública, reclama “definir un marco regulatorio claro y contundente” que “desincentive” el fraude eléctrico, “tanto desde el punto de vista administrativo, como desde el punto de vista penal”. 

La CNMC se hace eco de las alegaciones de una de las empresas, que, según explica, planteó que el aumento registrado desde 2014 en las pérdidas en la red de distribución, en un entorno de caída continuada de la demanda, “se ha visto agudizado principalmente por los enganches ilegales para alimentar plantaciones de marihuana”.

Se trata de un problema de primer orden para compañías como Endesa. La segunda eléctrica del mercado español calcula que las pérdidas a nivel nacional en la red de distribución cuestan “al conjunto de los consumidores españoles” unos 2.000 millones de euros al año: 69 euros anuales por cada suministro, ya que el coste de esas pérdidas se reparte entre los clientes de electricidad.

Solo en 2023, Endesa detectó cerca de 150 manipulaciones de la red al día relacionadas con estas prácticas. Según Endesa, cada día de 2023, los técnicos de su filial de distribución desconectaron de la red una media de 7 plantaciones de marihuana. En el conjunto del ejercicio, sus efectivos participaron en cerca de 2.400 operaciones de las Fuerzas de Seguridad para desmantelar cultivos indoor, que son los más difíciles de localizar.

Según esta compañía, el 37% de la energía defraudada el año pasado se vincula al cultivo de marihuana, casi diez puntos más que en 2022 y “un 83% más que hace cinco años”. 

Endesa advierte de que en los últimos cuatro años los casos detectados de manipulación de las instalaciones eléctricas han crecido un 35%: de 39.300 expedientes en 2019 a cerca de 53.300 en 2023. Los vinculados a plantaciones de marihuana se han disparado casi un 70%. La filial de Enel asegura que el fraude se ha convertido “en un serio problema con especial incidencia en algunas zonas de nuestro país”.

Cada una de estas plantaciones consume, en promedio, como 80 viviendas, con lo que “el impacto de estas instalaciones fraudulentas en las pérdidas del sistema eléctrico y en el deterioro de los equipamientos y de la calidad de suministro en zonas con elevado porcentaje de fraude es evidente”.

Por su parte, Naturgy realizó en el año 2023 un total de “307 actuaciones antifraude por conexiones ilegales en viviendas ocupadas, lo cual supuso la suspensión de 733 conexiones”. En su último informe de sostenibilidad, esta compañía explica que “continúan destacando las intervenciones practicadas por fraude de electricidad en plantaciones ilegales de cultivo de cannabis (indoor) que siguen incrementándose año a año”. 

El pasado julio, la energética que preside Francisco Reynés detalló los fraudes detectados por su distribuidora desde enero de 2022 hasta esa fecha: cerca de 13.500 expedientes con los que se pudo recuperar 190 GWh de energía defraudada, el equivalente al consumo de casi 60.000 hogares. En ese periodo, el grupo llevó cabo 286 actuaciones relacionadas con plantaciones ilegales de marihuana en toda España.

Tanto como Sevilla

Se estima que las plantaciones de cannabis consumen en España unos 2,2 TWh de electricidad, equivalente a toda la demanda de luz de la ciudad de Sevilla en un año, según Endesa. En algunas zonas, estos cultivos ilegales acaparan hasta el 80% del consumo eléctrico, según esta compañía. Los sistemas de iluminación y ventilación utilizados para acelerar el crecimiento de las plantas funcionan mediante enganches ilegales que, advierte Endesa, “causan estragos en la red eléctrica”. 

“Generan sobrecargas que activan las protecciones de los centros de transformación provocando interrupciones de suministro que afectan a todos los vecinos de la zona y, en casos extremos, llegan a originar incendios en líneas subterráneas o incluso en centros de transformación recién instalados. Durante el pasado año, se incendiaron 14 centros de transformación sólo en Sevilla y Granada por sobrecargas derivadas del fraude”.

Este fenómeno, resume una fuente del sector, se ha convertido en un problema de seguridad y de sanidad pública: “Se están afincando redes mafiosas que se conectan ilegalmente en los sótanos de los edificios o de las naves industriales, meten dentro un par de familias con hijos y tienen que ir los de las distribuidoras con pasamontañas”.

La proliferación de estas instalaciones ilegales, controladas por “verdaderas organizaciones trasnacionales con una potente actividad policriminal”, según el Ministerio del Interior, supone un riesgo para la actuación de los inspectores y técnicos de Endesa, que deben actuar “encapuchados” para evitar su identificación y desarrollan su labor con acompañamiento policial.

Esta colaboración se refuerza con el intercambio continuo de datos y se extiende a otros expedientes de manipulaciones en la red, ya que en seis de cada diez casos es necesaria su colaboración para cortar los suministros fraudulentos, explica Endesa.

La compañía recogía hace unas semanas declaraciones de Elena Cogollo, capitana de la Unidad Técnica de la Policía Judicial de la Guardia Civil, que explicaba que desde 2018 España se ha convertido en líder en producción y en incautaciones de marihuana en Europa. Según Cogollo, la legislación contra el tráfico de esta sustancia es “muy laxa”, lo que facilita la exportación de lo que se cultiva aquí a terceros países. Las zonas más problemáticas, señalaba, son Andalucía, el Levante, Madrid y Toledo.

La CNMC ha llamado la atención sobre este asunto en un momento en el que el organismo va a perder sus funciones de supervisión del sector eléctrico, una vez se consume la recuperación de la extinta Comisión Nacional de la Energía (CNE). El organismo subraya que los contadores inteligentes (que pagan los consumidores mediante un alquiler mensual) son una herramienta que ayuda a las distribuidoras a detectar los fraudes eléctricos. “Desde el punto de vista retributivo, en los últimos ejercicios se ha tratado de dotar a las empresas de todos los instrumentos necesarios para detectar y perseguir este tipo de actuaciones”, señala Competencia. 

La entidad recuerda que hace ya casi una década, en 2015, “la CNMC elaboró una propuesta de normativa”, un Real Decreto para desarrollar la normativa vigente en esa fecha, para regular las actuaciones contra el fraude en el suministro eléctrico, “que no ha sido materializada hasta la fecha”.