Las comunidades y ayuntamientos podrán regular las licencias VTC como pide el sector del taxi
Ha terminado la reunión clave para desconvocar el paro patronal del taxi por su conflicto con los coches de alquiler con conductor (VTC), entre ellos Uber y Cabify, y lo ha hecho con conclusiones favorables a los taxistas. El Ministerio de Fomento ha ofrecido a las comunidades autónomas que lo deseen “vincularse a un marco normativo” a partir de septiembre que les permita gestionar las licencias de los VTC, sin que ello implique un traspaso de nuevas competencias.
Esta posibilidad del traspaso competencias se había analizado inicialmente, pero de este modo se evita la necesidad de aprobar una ley orgánica por mayoría absoluta, algo muy improbable en la actual posición del PSOE en el Congreso. Además, las comunidades autónomas habían mostrado algunas reticencias y habían advertido que de asumir una nueva competencia debía ser con recursos suficientes. No obstante, ahora también creen que aquellas que reciban la gestión deberán recibir recursos adicionales.
De aquí a mediados de septiembre (se habló del 14) se dará “forma jurídica” a este “marco regulatorio”, probablemente a través de Real Decreto-Ley. Permitirá a las comunidades facultar a su vez a los ayuntamientos para asumir esta función que afecta a conductores de compañías como Uber o Cabify. Esta descentralización, aunque no alcanza el grado del traspaso de competencias es lo que pedían los taxistas y lo que temía la patronal de VTC.
Lo que puede suponer esta nueva norma, según fuentes de Fomento, es que las comunidades decidan incluso un ratio por encima de las treinta licencias para taxi por cada una de VTC. En el caso de que se delegue en las ciudades, éstas podrían imponer una segunda licencia. También cabe que estas administración decidan sobre el aspecto exterior de los vehículos Uber o Cabify.
La actual protesta de taxistas parte del recurso que anuló la decisión de Barcelona de regular la cantidad de coches de Uber y Cabify en la ciudad. No obstante, algunas asociaciones como Fedetaxi pretendían que si se producía el traspaso de competencias todas las autonomías se comprometieran a unos mínimos proclives a sus intereses, algo que por el momento no ha ocurrido.
En todo caso, el Ministerio conserva el marco estatal que regirá en las autonomías que renuncien a esta “capacidad regulatoria”. Según el ministro, se trata de una competencia que “de facto” ya tienen, la de regular el transporte urbano.
Además, se abre un plazo de tres meses para intentar encontrar solución al problema del incumplimiento del ratio 1/30 en las licencias, ha explicado Ábalos. Será en el marco de un grupo de trabajo dentro de la Conferencia Sectorial de Transporte, como la que hoy se ha celebrado.
A la espera de la decisión del taxi
Mientras acababa la reunión en Fomento, han comenzado asambleas de taxistas en Madrid y Barcelona para decidir si desconvocan sus protestas. Los pitidos de fondo de los cientos de taxis que llevan varios días bloqueando el Paseo de la Castellana han recibido a los representantes de las diecisiete comunidades autónomas convocadas por el Ministerio de Fomento.
“El Ministerio renuncia a gobernar”
La consellera de Infraestructuras y Vivienda de la Xunta de Galicia, Ethel María Vázquez (PP), ha considerado que con sus decisiones el Ministerio “renuncia a gobernar”.
El secretario de Infraestructuras y Movilidad de la Generalitat de Catalunya, Isidre Gavin, ha asegurado que a su juicio se ha producido una “dejación” y una “explosión de licencias” (en referencia a la eliminación entre 2009 y 2015 de la limitación de la ratio 1-30 entre licencias).
El director general de Obras Públicas, Transporte y Movilidad de la Generalitat Valenciana, Carlos Domingo, ha considerado que “hablar de transferencia sí o no es reducir la cuestión”, ya que “de aceptarse debe ser para una solución definitiva, con modificaciones legislativas que solucionen el conflicto y con recursos”. La Generalitat, ha asegurado, no estaría dispuesta a asumir ni expropiaciones de licencias ni indemnizaciones. “Llevábamos años advirtiendo de que el problema podía explotar, como así ha sido”, ha lamentado.
Por su parte, uno de los consejeros que ha acudido a la reunión, el de Fomento de la Junta de Andalucía, Felipe López, ha hecho hincapié en el problema de cumplir la ratio 1/30, ya que el Tribunal Supremo ha reconocido que todas las licencias VTC concedidas en el periodo en que no hubo limitaciones (entre 2009 y 2015) son válidas. En estos años el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó la que se conoce como “ley Ómnibus” para liberalizar los servicios, entre ellos el VTC, tal y como reclamaba la Unión Europea. En 2015 el PP, con el apoyo del PSOE, aprobó de nuevo el límite 1/30.
El director general de Transportes de la Junta de Castilla y León, Ignacio Santos Pérez (PP), ha puesto en duda que transferir las competencias sobre VTC a las comunidades autónomas puede aportar una solución al conflicto. En todo caso, ha asegurado que la convivencia entre taxis y VTC en su comunidad autónoma es “pacífica” y que estos últimos se dedican “a lo que siempre han sido, no a hacer competencia al taxi”. El alquiler de vehículos con conductor (VTC) ha estado tradicionalmente dedicado a vehículos de lujo con chófer, aunque con la proliferación de aplicaciones como Uber y Cabify su uso se ha extendido al transporte de viajeros que tradicionalmente era patrimonio del taxi.
