Despidos. Expedientes de regulación de empleo. Reclamación de salarios, indemnizaciones, horas extra, pensiones de viudedad o prestaciones de desempleo. Modificación de las condiciones laborales. Los juzgados de lo social son las salas donde se dirimen los efectos que la crisis y las sucesivas reformas laborales están ejerciendo sobre los centros de trabajo y las personas. Los propios magistrados denuncian que no pueden dar abasto con una carga de trabajo que se ha multiplicado y que ha generado que en ciudades como Sevilla o Madrid haya juicios señalados para dentro de dos años o tres años.
“Una auténtica barbaridad”; “una salvajada”; “una calamidad”
“Hay un absoluto colapso”, dice Antonio Seoane, magistrado del Juzgado de lo Social número 34 de Madrid. Su juzgado ha pasado de encargarse de una media de 1.200 asuntos en 2007 a más de 1.600 al año. “Desde 2007 no bajamos de 1.500 ningún año. Hemos llegado a tener 1.900 casos anuales: es una auténtica salvajada, el CGPJ dice que la carga de cada juzgado de lo social debería ser de 800 asuntos al año”, señala Seoane, que explica que lo que antes se dirimía en varios juicios ahora se resuelve en un solo procedimiento, es decir, que la carga de trabajo ha aumentado aún más en términos reales.
El magistrado indica que hay juzgados que tardan entre uno y dos años en señalar juicios y critica el recorte de medios. “Es una calamidad, aquí la Comunidad de Madrid nos ha quitado personal. Yo llevo año y medio con dos personas menos”. El colapso no sale gratis, sobre todo a los trabajadores. “Estamos hablando de necesidades perentorias, de gente que necesita ese dinero para el día a día, para hacer la compra o pagar su casa”, señala Seoane.
Un magistrado de lo Social de Sevilla que prefiere no dar su nombre subraya que el colapso de los juzgados está impidiendo poner coto al poder empresarial. “Deberían ser procesos ágiles porque los asuntos que hay en discusión son muy importantes; estamos hablando, por ejemplo, de salarios, de poder comer. Cuando dictamos sentencia, muchas veces las empresas ya no existen, los trabajadores tienen que ir al Fogasa, que no tiene medios y acumula meses de retraso. La jurisdicción social está desapareciendo de hecho, tal y como piden muchos think thank y hasta el propio FMI”, sentencia.
Según sus datos, desde 2008 hasta ahora, los juzgados de lo Social de Sevilla han pasado de asumir entre 700 y 800 asuntos al año a entre 1.500 y 1.700. Una situación que se repite en otras ciudades de Andalucía, como Algeciras, Jérez, Córdoba o Málaga. Los juicios por despido se están señalando hasta un año después y las reclamaciones de salarios o indemnizaciones llegan a extenderse hasta 2017 y 2018, asegura. Los recursos que llegan a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad andaluza crecieron un 300% en septiembre de 2012 respecto a 2011, un año antes.
Asuntos más complejos
El vicedecano de lo Social de Barcelona, Xavier González de Rivera, constata que la sobrecarga es general. “Desde 2007 hasta ahora han aumentado casi un 50% las demandas en lo Social, y somos la misma plantilla. Eso se traduce en señalamientos que se alargan en el tiempo”.
El magistrado apunta que no se trata sólo de un aumento cuantitativo, sino de que los asuntos por resolver se han hecho mucho más complejos. “Las modificaciones que ha habido han hecho que resolver, por ejemplo, un despido por causas económicas sea ahora muy complicado, igual son tres tomos de documentos. Hay mucha información que revisar, datos, auditorías... –explica–. Eso hace que el tiempo de resolución aumente y no nos permita dar una salida a los asuntos como lo hacíamos hace unos años”.
González de Rivera asegura que un procedimiento por despido que antes podía estar resuelto en una media de seis meses se alarga ahora un año. “Estamos hablando de situaciones gravísimas, de personas que quizá llevan meses sin cobrar o que denuncian para extinguir su contrato laboral y poder ir al paro”.
El abogado laboralista Fabián Valero critica la falta de medios técnicos y humanos. “En Santiago, Lugo o A Coruña se están fijando señalamientos para dentro de uno o dos años. En Santiago, un despido puede tardar en señalarse seis o siete meses. Es aberrante, a mucha gente se le deben salarios y necesitan ese dinero”, denuncia.
En Castilla y León, los tribunales de León y Valladolid también están sobrecargados. “En León, para asuntos ordinarios se están señalando juicios para 2016, lo que es una auténtica barbaridad. En el caso de los despidos, muchos se señalan a lo largo de este año”, relata un miembro de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de esta Comunidad. Este juez asevera que hubo un repunte de los recursos que llegaban a la Sala, pero que ahora el ritmo ha bajado. “Estamos al día. Pensamos que las tasas judiciales han hecho que la gente recurra cada vez menos”.
Otro magistrado que no quiere hacer público su nombre critica también la falta de voluntad por agilizar estos juzgados: “No se le da importancia porque al final quienes salen perdiendo son los trabajadores. Sin embargo, en la jurisdicción mercantil, que afecta a las empresas, sí que han tenido más refuerzos”.
Abigail Fernández es secretaria judicial y miembro de la plataforma Justicia para Todos: “Con la situación social que tenemos, las demandas y procedimientos han subido muchísimo. Esto ha puesto de manifiesto que los juzgados de lo social no están capacitados para dar la respuesta social que requiere este momento, su estructura no está a la altura de las circunstancias”.