El Gobierno recula para intentar calmar a la plantilla de Correos, la mayor empresa pública estatal

Con unos 50.000 trabajadores, Correos es la mayor empresa pública española por número de empleados. Este transatlántico en plena transformación –cada vez se escriben menos cartas pero se envían más paquetes vinculados al comercio electrónico, y han surgido multitud de empresas dedicadas a este sector– llevaba meses sumido en la zozobra, desde que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2017 incluyó un recorte del Servicio Postal Universal (SPU). 

Estas son las compensaciones del Estado por los costes que le supone garantizar un servicio postal de calidad, con accesibilidad, regularidad y a precio asequible en todo el territorio, incluso en sitios recónditos donde no resulta rentable.

Si en 2016 se presupuestaron 180 millones, el proyecto de 2017 incluía inicialmente 120. Pero además, en el trámite de enmiendas en el Congreso se recortaron otros 60 millones adicionales “destinados a las enmiendas de Nueva Canarias”, uno de los socios del PP para sacar adelante las cuentas públicas, denuncia CCOO.  

Los anunciados ajustes llevaron a los sindicatos a amenazar con movilizaciones, al ver que tendría claras repercusiones en el servicio público postal prestado a los ciudadanos, “claramente deficitario ya”, y que podría acarrear “graves recortes de plantilla”. Finalmente, el Ministerio de Fomento, que sigue lidiando con los problemas con la reforma del sector de los estibadores, ha prometido por escrito que volverá a destinar lo mismo que el año anterior. 

El texto se compromete a mantener la financiación del SPU en este ejercicio presupuestario, la frecuencia de recogida y entrega en cinco días laborales a la semana, así como al mantenimiento de la red postal –buzones y oficinas– con especial atención a la protección en zonas rurales. También ha firmado la aprobación del Plan de Prestación del Servicio Postal Universal para el que se creará un grupo de trabajo cuyas actuaciones concluirán en un plazo de ocho meses.

El sindicato mayoritario en la empresa pública, CCOO, afirma que estará “vigilante” sobre el cumplimiento del acuerdo, y espera que se produzca una coordinación efectiva con el Ministerio de Hacienda, que también tiene competencias sobre Correos.

“La empresa está en tiempo de descuento y es necesaria la aprobación de un plan estratégico que defina los objetivos empresariales a corto, medio y largo plazo, basados en diversificación –paquetería, servicios financieros e internacionalización– un nuevo convenio colectivo que recoja incremento salarial, plantilla suficiente y mejora de las condiciones laborales, así como la reivindicación de CCOO de permitir la movilidad interministerial del personal laboral”.

Convocatoria de plazas para 2017

Mientras tanto, está pendiente que antes de acabar el año se abran las listas de las oposiciones a 2.345 puestos fijos para el grupo de personal operativo que se publicaron en diciembre de 2016.

En el último proceso abierto, que fue de consolidación, es decir, enfocado a convertir en personal fijo a personas que venían trabajando con contratos temporales, en julio de 2016, se inscribieron 125.000 personas de las cuales, finalmente, se presentaron al examen –celebrado en noviembre de 2016– unas 62.000 personas.  El total de plazas a las que optaban era de 1.606 y las personas que superaron el proceso están tomando posesión desde el 1 de junio.

Correos Express

Paralelamente, también se ha cerrado el conflicto en la filial dedicada a la paquetería y transporte urgente del operador postal público, Correos Express.

Los 3.000 trabajadores de esta filial de Correos, que tiene entre sus clientes principales a Amazon –un 30% de su facturación proviene de la entrega de paquetería del gigante de la distribución online– habían sido convocados a parar varios días de junio por el proceso de subcontratación que pretendía poner en marcha la compañía. Pero según explican fuentes sindicales, se ha alcanzado un acuerdo para poner fin a estas intenciones.