El Pleno del Congreso ha convalidado este jueves el Real decreto-ley que suaviza el recorte a los ingresos de las empresas eléctricas por la espiral alcista del gas, al excluir del mismo la energía que las empresas generadoras demuestren tener comprometida en un contrato a plazo de al menos un año. El texto, que también refuerza el bono social para los consumidores vulnerables e introduce nuevas obligaciones de transparencia para las empresas, ha salido adelante con una amplia mayoría de 189 votos a favor, 158 abstenciones y un solo voto en contra.
Durante la defensa del texto, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha insistido que ante la actual crisis energética hay que plantearse los “límites de un sistema que claramente necesita mejoras” porque la regulación actual “no funciona” en situaciones “extremas” como esta, en la que la cotización del gas natural está disparada desde hace meses, empujando al alza el mercado mayorista de electricidad por su diseño marginalista.
Ribera, que ha iniciado su intervención con unas palabras de condolencia para el bombero fallecido este miércoles en la central nuclear de Ascó (Tarragona) por un escape de CO2, ha destacado que los precios de la electricidad en los mercados mayoristas europeos siguen “en niveles inéditos”, este mes aún mayores en otros países que en España, entre los que ha citado a Francia, que “lleva todo el mes de noviembre con precios superiores a los nuestros”. La ministra ha reiterado que se cumplirá la promesa de que este año la media de lo pagado por los hogares este año sea “equivalente a la factura de lo pagado en 2018”.
El nuevo decreto, calificado de otro “parche” por varias formaciones, y “necesario”, según la portavoz del PNV, Idoia Sagastizábal, ha sido aprobado por una mayoría holgada en un debate que no ha estado exento de críticas al Gobierno. El texto reduce de forma muy notable el impacto de otro decreto-ley aprobado en septiembre para, según dijo entonces el Ejecutivo, recortar 2.600 millones de euros a las eléctricas para rebajar un 96% los cargos, la parte regulada del recibo que fija el Ejecutivo. Transición Ecológica modificó ese sistema tras las advertencias del PNV, las fuertes presiones de las eléctricas y los anuncios de subidas de tarifas a la industria por parte de estas.
Durante el debate de este jueves, el portavoz de energía de Unidas Podemos, Juan López de Uralde, ha anunciado el voto a favor del decreto de su formación, pero pedido una “reforma en profundidad” del mercado eléctrico porque es “injusto” que “energía que cuesta producir 3 MWh las empresas eléctricas del oligopolio la vendan a 200 euros o más”. En un cruce de reproches con el PNV, Uralde ha acusado a los nacionalistas vascos de ser “líderes en puertas giratorias”.
El decreto excluye del recorte aprobado en septiembre a la energía cubierta por un contrato a plazo anterior al 16 de septiembre y la contratada a plazo después cuando tenga una duración de al menos un año a precio fijo. Para ello, las comercializadoras tendrán que reportar, con un mes de antelación, cualquier modificación en los contratos y remitir a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) una información transparente y actualizada de las ofertas disponibles.
El texto también impone nuevas obligaciones de información en el mercado mayorista para reforzar la capacidad de supervisión sobre los mecanismos de formación de precios y amplía las medidas dirigidas a hogares vulnerables, como descuentos en el bono eléctrico de hasta el 70% y un cheque de 90 euros de media por hogar a partir de diciembre para calefacción de consumidores con bono social.