Estas son las constructoras que ingresaron 300 millones en contratos con una cláusula ilegal que favorecía el ‘dedazo’
OHL, Acciona, Sacyr, FCC y otras empresas vinculadas a la presunta financiación irregular del PP figuran entre las más de treinta adjudicatarias de los al menos 40 contratos de mantenimiento de carreteras que el Ministerio de Fomento adjudicó entre abril de 2014 y octubre de 2015 con una cláusula que favorecía el ‘dedazo’ entre las empresas constructoras y que fue declarada ilegal con posterioridad.
Como avanzó eldiario.es, en el portal de Contratación del Estado constan al menos 40 adjudicaciones cuyos pliegos incluían esa fórmula, declarada ilegal en enero de 2016 por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. Esos 40 contratos suman un importe global superior a los 300 millones de euros. Al haberse adjudicado quince de ellos a uniones temporales de empresas (UTEs), en muchos casos el desglose del importe que corresponde a cada compañía no está disponible.
La empresa que recibió el mayor importe, 58,2 millones, fue la constructora OHL, cuyo máximo accionista, el exministro Juan Miguel Villar Mir, está triplemente imputado por los Papeles de Bárcenas y las tramas Lezo y Púnica.
OHL se adjudicó en solitario tres contratos en la Comunidad de Madrid y en las provincias de León y Granada. Entre ellos sobresale el mayor de todos, el del mantenimiento de las carreteras madrileñas. Fue adjudicado por 40,7 millones a una unión temporal de empresas (UTE) de su filial Elsan y de la propia OHL en diciembre de 2014.
Evolución de las adjudicaciones por grupos empresariales
Se ha dividido el importe de las UTEs al 50% entre las empresas adjudicatarias
En el listado de adjudicatarias destaca también Acciona. La constructora de la familia Entrecanales, señalada por el exgerente del PP en Madrid Beltrán Gutiérrez como donante en B de este partido, se adjudicó en solitario cuatro contratos por 24,1 millones en Galicia, Castilla y León, Andalucía y Murcia. Otra grande del sector, Sacyr, implicada en la presunta financiación ilegal del PP en Castilla-La Mancha, se adjudicó a través de su filial Valoriza tres contratos con esta fórmula en Toledo, Huelva y Zamora. El importe adjudicado suma 17,6 millones.
Importe total de las adjudicaciones por grupos empresariales
Se ha dividido el importe de las UTEs al 50% entre las empresas adjudicatarias
FCC, la constructora del escándalo Acuamed, vinculada también a los papeles de Bárcenas, aparece como adjudicataria de tres contratos con esa cláusula ilegal por importe de algo más de 17 millones. Se los adjudicó su filial Mantenimiento de Infraestructuras SA y comprenden el mantenimiento de carreteras en las provincias de Cáceres, Burgos y Ávila.
Pavasal, señalada por la Guardia Civil como donante del PP de Valencia, recibió dos contratos. Uno en solitario en Valencia (4,9 millones) y otro en UTE con Aceinsa Movilidad. También obtuvo dos contratos, ambos en UTE, Ortiz, Construcciones y Proyectos (trama Púnica), en las provincias de Cuenca y Badajoz.
Con un contrato figuran la gallega Copasa (9,6 millones), donante del PP históricamente vinculada a este partido e imputada en los Papeles de Bárcenas; CHM Obras, implicada en la Gürtel valenciana; y dos empresas de los Papeles de Bárcenas: José Antonio Romero Polo, SAU y Sorigué, en este caso en UTE con API Movilidad, filial de ACS, que se adjudicó dos contratos con esta cláusula en alianza con terceros.
En el listado también figuran dos empresas vinculadas a la trama de corrupción del ex embajador Gustavo de Arístegui y el ex diputado popular Pedro Gómez de la Serna: Assignia (antigua Constructora Hispánica, actualmente en liquidación), con un contrato en UTE en Castellón; y Audeca (del grupo Elecnor), con un contrato en Murcia y otro en UTE en León.
Todos estos contratos fueron adjudicados durante la etapa en Fomento de la actual presidenta del Congreso, Ana Pastor. Los pliegos de contratación llevaban la firma del entonces secretario de Estado de Infraestructuras y hoy ministro de Justicia, Rafael Catalá. El director general de Carreteras, entonces y ahora, era (y es) Jorge Urrecho Corrales, antiguo colaborador en Fomento del exministro Francisco Álvarez-Cascos que fue ingeniero jefe en el municipio madrileño de Pozuelo de Alarcón (Madrid), epicentro de la red Gürtel.
Explicaciones
Este miércoles, el Grupo parlamentario de Unidos Podemos pidió la comparecencia del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, y de Catalá para que den explicaciones en la Comisión de Fomento sobre este asunto.
El diputado del PSOE César Ramos, que en octubre pasado preguntó por escrito al Gobierno por estas adjudicaciones, advierte del riesgo de que Fomento decida prorrogar estos contratos, la inmensa mayoría de los cuales están vigentes y expiran este mismo año. “Están beneficiando a gente a la que se le adjudicó un contrato con una formula que no es conforme a derecho”, subraya.
En su respuesta al diputado socialista, fechada en enero pasado, el Ejecutivo indicó que el pliego tipo usado para estos contratos “fue informado por la Abogacía del Estado con fecha 19 de diciembre de 2013, y por lo tanto conforme a Derecho en tanto en cuanto los Tribunales de Justicia declaren que no se ajusta a la Ley”. Añadía esa respuesta que “ninguna empresa recurrió las adjudicaciones con el anterior Pliego al recurrido”.
El ministerio de De la Serna no ha contestado a las preguntas de eldiario.es sobre este asunto.
