La derecha en la Eurocámara también apuesta por rebajar las exigencias de reducción de emisiones de los vehículos

La UE no será tan ambiciosa en la reducción de las emisiones de gases contaminantes como había planteado la Comisión Europea. La Eurocámara apuesta por reducir la ambición en la revisión de los niveles de emisiones permitidos en la norma Euro 7, como ya plantearon los gobiernos de los 27. Una vez que el Parlamento Europeo apruebe definitivamente su posición en el Pleno el próximo mes de noviembre, comenzarán las negociaciones, pero los planteamientos son bastante próximos. Las fuerzas progresistas han votado en contra de la resolución mientras que PPE, liberales y la extrema derecha han votado a favor bajo la premisa de ayudar a la industria automovilística, que ha presionado mucho para mantener los estándares lo más próximos a la actual normativa y no tener que adaptar los motores mientras desarrolla el coche eléctrico ante la prohibición de la venta de automóviles de gasolina y diésel a partir de 2035.

“La propuesta que nos llegó de la Comisión era inviable y hubiera provocado el cierre de buena parte de las plantas de vehículos pequeños de combustión que tenemos en España. Nuestro trabajo reduce emisiones, pero con medidas racionales: legislamos en tecnologías duraderas, no obsoletas, para que la industria siga invirtiendo en su transformación hacia el vehículo eléctrico”, señala la diputada de Ciudadanos, Susana Solís, que ha sido una de las negociadoras del informe que se ha aprobado con 52 votos a favor, 32 en contra y una abstención.

La propuesta aprobada mantiene las condiciones de la normativa vigente (Euro 6) para los vehículos ligeros. Según Ciudadanos, para “evitar inversiones adicionales en motores de combustión”. En cuanto a los límites, adopta el planteamiento de la Comisión Europea (60m/km) respecto a los óxidos de nitrógeno, partículas, monóxido de carbono y amoníaco. Respecto a los vehículos pesados, plantea es algo más estricta que el gobierno comunitario con una reducción del 60% de emisiones con respecto a Euro 6.

Ahora bien, plantea un retraso en la entrada en vigor de esos estándares de hasta cinco años en comparación con la propuesta inicial en un momento en el que 300.000 personas mueren prematuramente por la contaminación. La intención es que las actuales normas apliquen hasta julio de 2030 para coches y furgonetas y hasta julio de 2031 para autobuses y camiones (la Comisión fijó 2025 en el primer caso y 2027, en el segundo).

El PP celebra haber logrado una iniciativa “más flexible en materia medioambiental”, porque establece plazos más amplios a la industria para adaptarse a las nuevas obligaciones de reducción de emisiones. No obstante, considera que el posicionamiento es “insuficiente”. “Hay que seguir trabajando para garantizar la competitividad de la industria europea del automóvil”, señala la portavoz de la delegación española, Dolors Montserrat, en una nota de prensa.

“Nos comprometemos a luchar por una mejor calidad del aire para nuestros ciudadanos”, señala el negociador socialdemócrata Christel Schaldemose, que lamenta que los liberales hayan preferido sacar adelante la iniciativa con el PP y el apoyo de la extrema derecha. “La ausencia de normas Euro 7 ambiciosas se traducirá probablemente en la imposición de medidas más estrictas a los coches más antiguos, incluida la creación de zonas de emisiones cero en las ciudades. Estas medidas afectarán de forma desproporcionada a los propietarios de coches antiguos y a las personas que se desplazan en coche a las ciudades, sobre todo a las rentas bajas y media-bajas”, advierten los socialdemócratas. Los verdes también se han opuesto a la propuesta bajo la premisa de que era un mero “reciclaje” de las actuales normas.