Con más de once años de prisión a sus espaldas por fraude fiscal en la compra de Aerolíneas Argentinas; provocar el vaciamiento patrimonial del grupo Marsans -del que fue copropietario junto a su exsocio Gonzalo Pascual, fallecido en 2012-; apropiarse de hasta 4,4 millones de euros de los clientes del conglomerado, y hacer uso de las tarjetas black, Gerardo Díaz Ferrán ha regresado al banquillo. Pero, pese a declararse culpable de intervenir en el amaño de sendos concursos para la explotación de amarres en Mahón e Ibiza de los que dos de sus empresas resultaron beneficiarias de forma ilícita, el expresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha evitado su encarcelamiento a cambio del pago de 2.640 euros en multas.
El acuerdo se ha escenificado en la Audiencia Provincial de Baleares, donde Díaz Ferrán iba a ser juzgado junto a otros doce procesados en el marco de una macrocausa, conocida como caso Mar Blau, cuya instrucción se ha prolongado durante más de ocho años. Sin embargo, sólo tres de ellos han sido finalmente condenados, entre ellos el exmáximo responsable de la patronal española, para quien la Fiscalía Anticorrupción reclamaba inicialmente tres años y medio de prisión por delitos de delitos de falsedad documental y de alteración de subastas y concursos públicos y el pago de parte de una fianza de cincuenta millones de euros.
Con un escueto “sí”, el empresario madrileño, quien en febrero de 2018 salió de la prisión de Soto del Real tras más de cuatro años encarcelado, ha mostrado ante el tribunal -presidido por Samantha Romero, la misma magistrada que en 2016 juzgó a la Infanta Cristina, Iñaki Urdangarin y otros quince acusados por el caso Nóos- su conformidad con los hechos por los que ha sido sentenciado así como con la pena a la que deberá hacer frente: siete meses de cárcel que serán sustituidos por el pago de 960 euros y una multa de 1.680.
Conversaciones secretas
Ha admitido así -en contra de lo que ya hiciera en marzo de 2011, cuando por primera vez declaró ante el juez- haber tenido conocimiento de las conversaciones que, entre 2005 y 2007, mantuvieron el expresidente de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) -dependiente del Gobierno isleño- y exlíder del PP balear entre 1984 y 1986 Joan Verger -ya fallecido- y los responsables del Club Marítimo de Mahón (CMM), a quienes, en secreto, el primero ofreció alterar a favor de estos el concurso público en el que iba a determinarse la adjudicación de la gestión de los amarres del puerto menorquín.
Tal y como han reconocido las partes, el CMM no había quedado ni tan siquiera en segunda posición en el proceso, cuya empresa ganadora había sido Trapsa Yates, propiedad de Díaz Ferrán. De este modo, el trato acordado en las negociaciones pasaba por revertir de forma ilegal el resultado, alcanzando el CMM un acuerdo con Trapsa a través del cual ésta renunciaría a la concesión, beneficiándose a cambio de una contrapartida en forma de dinero y amarres y de la adjudicación de otro concurso, el del conocido como puerto de Ibiza Nueva.
Para materializar el favor, el Club Marítimo de Mahón, siguiendo las instrucciones de la Autoridad Portuaria, firmó un pacto con Teinver, mercantil vinculada a Trapsa, por el que esta sociedad recibiría 13.523 euros y tres amarres de 27 metros de eslora -cuyo precio valoró el juez instructor del caso en 4,5 millones de euros- durante los primeros quince años de concesión.
Una contraprestación que, de acuerdo al relato suscrito este miércoles por acusaciones y defensas, se llevó a cabo bajo el parapeto de un contrato “absolutamente mendaz y simulado” para la realización de determinados estudios e informes ficticios sobre la viabilidad económica de la explotación de los amarres.
Retirada de acusaciones
Ya en 2007, el entonces presidente de la Autoridad Portuaria, Francesc Triay -exdirigente socialista que en 1987 y 1995 concurrió a la presidencia del Gobierno balear-, dictó la resolución por la que, el 22 de diciembre de 2008, sería adjudicado el concurso a Trapsa Yates. No en vano es uno de los procesados para quienes la Fiscalía solicitaba mayor pena: 13 años de prisión. Sin embargo, las acusaciones han retirado las imputaciones que pesaban sobre él.
Además de situar a Díaz Ferrán en la toma de decisiones, el escrito de conformidad rubricado por las partes apunta también al papel que ejerció Gonzalo Pascual, cuyo fallecimiento provocó la extinción de sus responsabilidades penales en esta causa. En 2011, éste se desvinculó de los amaños tras ser citado a declarar en los Juzgados de Palma. El hijo de Pascual, Gonzalo Pastor, es uno de los inculpados que este miércoles se han sentado en el banquillo como integrante de Teinver/Trapsa Yates. Ha abandonado la Audiencia balear sin condena alguna.
Por el contrario, junto a Díaz Ferrán han asumido su culpabilidad en los hechos el exdirector de la APB Ángel de Matías, para quien las acusaciones particulares del caso llegaban a pedir hasta 35 años de cárcel pese a que finalmente ha recaído sobre él el pago de 4.050 euros, y uno de los representantes de Teinver, Pedro Carmelo Hernández, condenado a multas que suman 1.800 euros por ser uno de los firmantes del contrato falso dirigido a encubrir los favores otorgados a las empresas del exresponsable de Marsans.