Dos correos de la JUR sobre filtraciones del Popular calientan el nuevo curso

Madrid, 25 ago (EFE).- La publicación de dos correos internos en los que la Junta Única de Resolución (JUR) investigaba las supuestas filtraciones de un cargo europeo sobre el estado del Banco Popular, que precipitaron la caída del valor de las acciones de la entidad, calienta el curso judicial que comenzará en septiembre.

En ambas comunicaciones, fechadas en agosto de 2017, dos meses después de la resolución del banco, el equipo de cumplimiento normativo del organismo concluye que “es difícil” saber quién realizó dichas declaraciones a la prensa y “puso palabras en boca de la presidenta de la JUR, Elke König, que ella nunca dijo”.

El papel de König en la resolución ha sido criticado en múltiples ocasiones por algunos accionistas de la entidad, que consideran que violó el secreto profesional al nombrar al Popular entre los bancos “vigilados” en una entrevista con Bloomberg, unas palabras que empujaron a la baja el precio de la acción un 3,6 %.

Poco después, los títulos volvían a sufrir una caída, en este caso, del 18 %, a raíz de las informaciones en las que la agencia Reuters hablaba de un “aviso temprano” de la JUR sobre el Popular, citando a un cargo europeo.

A tenor de los últimos correos, la investigación del organismo determinó que no era posible localizar al responsable de las filtraciones, si bien destacaba los mecanismos de control internos destinados a evitar este tipo de episodios, que hasta entonces habían funcionado de forma efectiva.

Para Bernardo M. Cremades Jr., del despacho B. Cremades & Asociados, que solicitó el acceso a esta documentación en nombre de un antiguo accionista del banco, “no se hizo una investigación interna mínimamente seria ni exhaustiva, ya que se limita a dos correos electrónicos internos”.

En este sentido, alude al fechado el 18 de agosto de 2017, el cual, sostiene, busca ser “una prueba en caso de que en el futuro hubiese una investigación externa”, zanjando “de un plumazo” posibles pesquisas sobre las supuestas filtraciones.

Afea además que se tardara más de dos meses en estudiar los hechos, “probablemente por la presión pública y a la luz de la avalancha de recursos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)”.

Por último, Cremades no descarta pedir al Panel de Recurso de la JUR que publique el nombre de la persona que “venía filtrando información falsa a la prensa”, como interpreta de uno de los correos.

NUEVO CURSO CLAVE EN LA AUDIENCIA NACIONAL

Más allá de los procedimientos presentados en Europa por la resolución, que supuso la reducción a cero de las inversiones de accionistas y tenedores de deuda, el Popular afronta una etapa clave en España, donde la Audiencia Nacional investiga desde hace tres años a los dos últimos equipos gestores, incluidos sus expresidentes, Ángel Ron y Emilio Saracho.

El pasado junio, el juez instructor del caso, José Luis Calama, fijó una nueva fecha para la ronda de testificales, aplazada con motivo de la crisis sanitaria del coronavirus.

Según el calendario manejado hasta la fecha, el exministro de Economía y actual vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, comparecerá como testigo el próximo 30 de septiembre, mientras que la presidenta del Santander, Ana Botín, que adquirió el Popular tras su resolución, lo hará el 8 de octubre.

Antes será el turno del presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella, cuya testifical del 17 de septiembre es una de las más esperadas, puesto que aunque en el momento de la resolución acababa de llegar al organismo, antes había sido socio responsable del despacho Linklaters, que asesoró al banco en su ampliación de capital de 2016, ahora objeto de la causa.