Draghi sube la presión fiscal sobre los beneficios de las eléctricas para sufragar el escudo social italiano

Mario Draghi se ha labrado una fama –para muchos merecida– de tecnócrata obstinado. En septiembre de 2012, ante una audiencia de marcado perfil financiero en Londres, pronunció como jerarca del Banco Central Europeo su más célebre frase: “El BCE está dispuesto a hacer todo lo que esté en sus manos para preservar el euro […] y, créanme, será suficiente”. Desde entonces, Draghi se convirtió en el salvador de la divisa europea y en la voz de la conciencia sobre los desorbitados ajustes decretados por las autoridades económicas de la UE. Sus proclamas hacia las autoridades políticas siempre se enfocaron a reclamarles estímulos fiscales y a alentar avances decididos de integración y de armonización bancaria y financiera.

Una década después, SúperMario, como se le denominó tras su exitosa cruzada en favor de un euro, es primer ministro italiano. Contra viento y marea, frente a la persistente doctrina neoliberal que incide en las rebajas de impuestos, ha vuelto a imponer su recetario. En este caso, connivente con las recomendaciones del FMI de nuevos esfuerzos presupuestarios financiados con subidas impositivas sobre los beneficios empresariales para abordar los daños colaterales de la encarecimiento de la energía y la escalada inflacionista.

El actual inquilino del Palazzo Chigi desplegó a comienzos de mayo un plan de apoyo de 14.000 millones de euros a familias y empresas como sostén de una economía inmersa en turbulencias de primera magnitud desde la invasión rusa de Ucrania: “La determinación del gobierno seguirá siendo intensa y decisiva”, explicó Draghi antes de precisar que el plan estará destinado a familias con alta vulnerabilidad adquisitiva, empresas y proyectos de inversión perjudicados por las escaladas de precios de las materias primas. Buena parte de esta cobertura monetaria procederá del alza de la presión fiscal sobre los beneficios caídos del cielo de las compañías energéticas, que pasará del 10% al 25%.

Este incremento de gravamen, que el jefe del Ejecutivo transalpino se encargó de enlazar con la geopolítica del momento al vincular la subida como un asunto de “unidad nacional y europea”, engordará las arcas estatales en 10.000 millones de euros en 2022. En marzo, cuando anunció la imposición sobre las eléctricas, el Ejecutivo de Draghi calculó, con una fiscalidad del 10%, unos ingresos tributarios por este concepto de 4.400 millones de euros por las facturaciones extraordinarias de las empresas de energía entre octubre del pasado año y el primer trimestre de 2022.

La Comisión ha dado el visto bueno a elevar gravámenes sobre estos beneficios, aunque con una fecha de caducidad –mediados de año– que Italia se ha saltado porque lo extenderá a lo largo de todo este ejercicio. Su propuesta surge tras un semestre final de 2021 con ingresos récords de las firmas energéticas.

La batería de medidas del plan de Draghi incluye un cheque al portador de 200 euros mensuales para millones de italianos con bajos ingresos o pensiones, subsidios para pagar la factura eléctrica a familias vulnerables, créditos fiscales a empresas para sostener los costes energéticos y fondos adicionales para arcas municipales. La reacción de Roma se produjo pocas horas después de que el PIB italiano, con un tamaño que supera ligeramente los 2 billones de dólares, según el FMI, registrara unos números rojos de dos décimas entre enero y marzo.

Temor al veto energético

Draghi, que perfiló junto a Janet Yellen, la secretaria del Tesoro norteamericana, las sanciones financieras contra el Kremlin, tampoco ceja en su empeño de dejar una puerta abierta a las negociaciones diplomáticas. El dirigente italiano insiste a Washington en el diálogo por la paz porque atisba dificultades para que su país cumpla con el embargo energético europeo a Rusia, ya que compra más del 40% del gas al país de Vladimir Putin. De hecho, Roma ha activado, junto a Francia, rutas alternativas para recibir gas siberiano mientras no haya un veto oficial por parte de Bruselas.

A juicio del premier italiano, la Comisión sigue “sin dar instrucciones claras” al respecto. Polonia aún recibe sus suministros energéticos de Gazprom, como lo revela –dicen varios de sus portavoces empresariales– la revalorización del rublo, la divisa con la que supuestamente, también Varsovia puede estar pagando su flujo. “Seguiremos la voluntad de Bruselas” anticipa Draghi, que también ha vertido críticas más bien veladas sobre el chantaje húngaro y su reclamación de más fondos REPowerEU a cambio de sellar sus conductos con Rusia.

Draghi también pretende “agilizar las inversiones” Next Generation EU –los fondos europeos de recuperación– en proyectos de energías renovables, con vistas a reducir lo antes posible la dependencia italiana del gas ruso. Hasta ahora el gas ruso supone más del 40% de las importaciones de una rúbrica energética que Roma busca diversificar a través de los dos gaseoductos que conectan su país con Argelia. Mientras, el político italiano trasladaba a Biden en su reciente visita a la Casa Blanca, la idea de poner coto al precio de ambas materias primas con la creación de “un cartel de compradores”, aunque admitía que la propuesta estaba en una fase embrionaria.