“El IVA es un impuesto indirecto, que tiene una reglamentación general. No podemos aplicar permanentemente de forma generalizada una rebaja fiscal ante cada problema porque eso implicaría que no tengamos capacidad de ayudar a quienes tienen más necesidades”. La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, descartó hace unos días que el Gobierno tenga sobre la mesa una bajada del IVA de los productos de alimentación. “Muchas veces se nos pide que las medidas estén proporcionadas a los niveles de renta y este impuesto no lo permite”, añadió en una entrevista en Antena 3.
Montero no ha sido la única integrante del Ejecutivo en asumir que no es fácil bajar este impuesto como mecanismo para reducir el precio de la cesta de la compra. También el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, fue en la misma línea, en respuesta a una petición de las empresas de supermercados que consideran que bajar este impuesto es más efectivo para los ciudadanos que poner precios máximos a alimentos de primera necesidad.
Planas recordó, en una entrevista en la misma cadena, que actualmente productos como las bebidas alcohólicas o las azucaradas tienen un IVA del 21%. El resto tienen este impuesto reducido o superreducido. En el primero, del 10%, están la carne, el pescado o los productos de alimentación transformados. Y en el segundo, del 4%, leche, huevos, pan, harina, frutas, hortalizas y quesos. “Las consecuencias colectivas e individuales” de una bajada del IVA de la alimentación, “serían muy limitadas”. “Casi nadie en Europa ha utilizado esa vía”, añadió.
¿Es efectivo bajar el IVA de la alimentación para reducir el coste de la cesta de la compra más vital en un momento de escalada inflacionista? Los expertos consultados por elDiario.es ponen en duda la efectividad de esta medida.
Lo primero. ¿Qué es lo que piden los supermercados? Hace unos días se reunieron los agentes del sector con el ministro de Consumo, Alberto Garzón, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quién planteó en una entrevista en elDiario.es la necesidad de poner freno a los precios de los alimentos.
Tras ese primer encuentro, en el que se analizó -sin conclusiones- si hay campo para bajar la cesta de la compra, el director general de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas), Ignacio García Magarzo, apuntó que los supermercados no ven viable un tope de precios, pero sí bajar el IVA. En la asociación que representa están empresas como Mercadona, Dia o Lidl, entre otras.
“Le hemos planteado a la vicepresidenta que necesitamos su ayuda, que nos tiene que ayudar, por ejemplo, para que bajen los impuestos. Le hemos pedido al ministro Garzón que diga cuáles son los productos de alimentación al 21% que deberían estar al 10%; o los gravados al 10% que deberían estar al 4% o los productos que deberían suspender la aplicación del IVA durante unos meses como se hizo en Alemania durante 2020, que durante seis meses bajó el IVA”, indicó García Magarzo a los medios de comunicación tras el encuentro con los dos ministros.
Es cierto que sí se han dado pasos en esa dirección. En plena pandemia, Alemania bajó temporalmente el IVA general del 19% al 16% y el reducido, del 7% al 5%. Esta decisión fue analizada por Instituto de Investigación Económica de Múnich (IFO), que realizó un estudio sociológico al respecto. Esta institución, conocida por sus informes sobre confianza empresarial, concluyó que solo el 29% de los ciudadanos cambiaron sus planes de consumo por la reducción del IVA durante algunos meses de la pandemia.
El IFO apuntó que el resultado de esta medida fue un efecto de consumo estimado de 6.300 millones de euros, lo que se corresponde con un aumento del 0,6% del gasto de los consumidores privados en comparación con los datos de 2019. Sin embargo, el déficit fiscal estimado fue de 20.000 millones de euros.
No es la primera vez que se plantea una medida en esta dirección: también en 2020 la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) instó a dejar a cero el IVA de algunos alimentos, los considerados más saludables. En este caso, proponían una rebaja de frutas, verduras, legumbres, frutos secos y setas, carne y pescado frescos, leche, huevos, aceite de oliva virgen y virgen extra, verduras y frutas mínimamente procesadas, cereales integrales no procesados y pan integral.
Críticas a una bajada del IVA
La bajada del IVA a la alimentación que contrapropone el sector de los supermercados y la distribución obvia, como defiende el ministro Planas, que es un terreno “en el que hay menos margen para reducir impuestos que en otros productos”, admite José Emilio Bosca, investigador de Fedea y catedrático de la Universidad de Valencia. “Donde hay margen, por ejemplo, es en bebidas alcohólicas, y no creo que sea adecuado rebajar el IVA ahí”, continúa.
“Bajar el IVA siempre me suena a descargar todos los costes en el sector público (después cuando sube el endeudamiento se sufren los recortes)”, incide Albert Recio, profesor de economía aplicada de la UAB y miembro del consejo científico de Attac.
“No es razonable una rebaja del IVA, ya que este tipo de decisiones las carga el diablo, no se sabe cuánto se traduce en el precio”, coincide Bosca. “Tenemos experiencia en el mundo de la cultura, donde la rebaja no se trasladó a las entradas”, señala.
Y más cuestionable aún es que “si te pones a rebajar IVA, no sabemos muy bien qué va a ocurrir en la cadena de valor”. ¿Quién se come la diferencia entre el límite máximo y el precio del mercado? ¿El súper en el margen de beneficio, o se repercute en los proveedores, transportistas, productores…?
Además, “tendría un efecto en el momento en el que se hiciera: se traslada a precios, pero si hay razones para que sigan aumentando los precios, por ejemplo, por la energía, la rebaja del IVA es solo un freno puntual”, explica el catedrático de la Universidad de Valencia.
Críticas al “acuerdo” de precios
También encuentra críticas desde el pequeño comercio la propia propuesta de acuerdo sobre la limitación del precio de una cesta de productos “saludables”. Distintas voces han señalado que significa “competencia desleal” para estas tiendas más pequeñas, de barrio, cuyos márgenes de ganancias ya son muy ajustados. “Sería un daño irreparable para la agricultura y el pequeño comercio”, denunció el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor.
“De salir adelante, esta iniciativa atentaría directamente contra el comercio de proximidad al ejercer un efecto llamada sobre las personas consumidoras para comprar en las grandes cadenas en detrimento del comercio de proximidad, que no puede competir en márgenes ni asumir los costes”, ha advertido en un comunicado la Confederación Española de Comercio (CEC).
La propia Yolanda Díaz ha defendido que “el acuerdo” no sería “a costa de los productores”. Y ha indicado que “son las grandes multinacionales, igual que son las grandes eléctricas, las grandes entidades financieras, las que tienen que aportar más” porque tienen márgenes empresariales “suficientes”. De este modo, ha apuntado que “al pequeño comercio no le podemos pedir más”.
“Nos hace falta un buen conocimiento de la fijación de precios para ver si realmente hay algún sector que está forzando los márgenes”, concluye Albert Recio, de Attac.