Economía cede y ultima una reforma superficial de los colegios profesionales

Ni la troika, ni los mercados, ni Angela Merkel. El principal caballo de batalla de Economía es troyano porque juega en casa. Es la reforma de los colegios profesionales, una de las grandes leyes pendientes de la legislatura que le ha costado a Luis de Guindos un auténtico quebradero de cabeza y varias tarjetas amarillas de Bruselas por el retraso. Después de presentar hace prácticamente un año el Anteproyecto de Ley, la última versión del texto puede ver por fin la luz este mes pero con cambios importantes que le rebajan aún más la efectividad propugnada desde el Gobierno.

De Guindos, que planeó aprobar este anteproyecto en 2013, ha ido rebajando las expectativas de lo que se planteó como una liberalización de las profesionales 'liberales' hasta este último borrador, el más suave de todos. Respecto al Anteproyecto que se presentó en consejo de ministros el 2 de agosto del año pasado hay varios cambios significativos que dejan ver el éxito de la presión que han ejercido varios colegios profesionales.

La lista inicial de colegiación obligatoria se ha ampliado en otro puñado de profesiones: psicólogos, biólogos, físicos y químicos (si realizan actividad como especialistas en Ciencias de la Salud), o estas dos últimas profesiones junto con la de geólogo cuando se firmen proyectos o en dirección de obras.

Pese a que se amplía en cinco las profesiones que se habían propuesto formalmente al Consejo de Estado, hasta 38, cabe reconocer que en la actualidad hay hasta 80 profesiones con colegiación obligatoria, con lo cual sí hay un recorte respecto a lo que existe (pero no lo que quería el Ejecutivo).

Además de las mencionadas, ahora se quedarían como “obligatorias” la colegiación de médico, farmacéutico, dentista, veterinario, enfermero, fisioterapeuta, podólogo, óptico-optometrista, ingenieros o ingenieros técnicos, arquitectos, abogados, procuradores, graduados sociales, notarios y registradores.

La Unión Profesional, que aglutina a varios colegios, ha lamentado que se queden fuera de la colegiación obligatoria “los economistas y titulados mercantiles, actuarios, trabajadores y educadores sociales, gestores administrativos, agentes de la propiedad inmobiliaria, administradores de fincas, agentes de la propiedad industrial o profesionales de la Educación Física y el Deporte”.

Los abogados se quedan como están

Pero la labor de lobby de algunos colegios ha sido aún más fructífera. Inicialmente, el principal éxito fue de los farmacéuticos, que lograron borrar cualquier referencia a la posible liberalización de su sector ya en el borrador del agosto pasado. En este segundo borrador, los colegios de abogados son los que han logrado limar el texto más a su favor, en lo que dicen ha sido un auténtico asedio al Consejo de Estado. Cabe recordar que hasta Miquel Roca (padre de la Constitución) aseguró que la reforma de los colegios era inconstitucional.

Así, se elimina la posiblidad de que abogados y procuradores simultaneen su actividad (que puedan ejercer de las dos cosas a la vez). Esto se había considerado desde el Consejo General de la Abogacía la última línea roja. En el nuevo texto se elimina esta referencia (que se había recogido en la Disposición Final Sexta) a la posibilidad de simultanear ambas profesiones.

A cambio, también se les ha permitido un beneficio a los procuradores que se eliminaba en la anterior propuesta. Economía había sugerido que los aranceles de los procuradores se pactasen libremente por las partes, en un intento de neutralizar la espiral de precios del sector que con las tasas judiciales se ha encontrado con un bajón en su negocio. En el nuevo borrador, se delimitan los nuevos aranceles en la disposición final decimosegunda pero no se dejan fijar al libre albedrío.

Con todo, el Ejecutivo marca unos aranceles que serán un tope, es decir, tendrán carácter máximo y que no podrán exceder nunca de los 150.000 euros. Además, tendrán que presentar un presupuesto por adelantado a sus clientes, en el que tendrán que decir si hacen alguna rebaja respecto al máximo o bien dejar claro que cobran el máximo. Asimismo, dice que no se podrá cobrar por “la realización de actos de comunicación con capacidad de certificación o por la realización de actos de ejecución para los que se les confiera la condición de agente de la autoridad y, en su caso, la capacidad para documentarlos”. Con todo, la aprobación de los nuevos aranceles queda supeditada a la emisión de un Real Decreto que acompañará esta ley.

Otro de los cambios que estaba en el aire era la posibilidad de que los ingenieros visaran edificaciones civiles. Finalmente, se quedará como estaba. Esto es lo que se llama reserva de actividad, esto es, que solo determinadas profesiones puedan ejercer ciertas funciones y en este caso solo lo podrán hacer los arquitectos. Precisamente, los ingenieros son uno de los colegios más descontentos con el texto final, ya que consideran que facilitará el intrusismo en la profesión y que no crea seguridad ni para usuarios ni profesionales. Este colectivo suma a la lista de agravios sus problemas de homologación de la titulación con Bolonia, y prepara para esta semana intensificar las protestas.

Tarifa plana para colegiarse

La otra gran novedad del texto, que ya había venido anunciado el ministro de Economía en varios encuentros informativos, es la de imponer un tope máximo a la cuota colegial. Solo se podrán cobrar 240 euros anuales y se elimina la cuota de inscripción. Estas cifras solo podrán cambiar si lo decide por tres quintas partes la Asamblea del Colegio.

No cabe duda de que muchos colegiados se beneficiarán de este tope, ya que la dispersión es muy elevada en cuanto a tarifas por comunidades y profesiones. Pero también llama la atención que una ley liberalizadora ponga un tope en los precios, precisamente uno de los elementos que utilizaban los colegios para competir entre ellos. Es famoso el caso de Lucena (Córdoba) que había conseguido atraer a miles de abogados gracias a la tarifa de colegiación más baja de España. Gracias a los escasos 38 semestrales que se deben pagar, se colegiaron hasta 6.000 abogados en la localidad andaluza.

Esta tarifa plana que quiere imponer Economía acabará con esta competencia y facilitará algo que, indirectamente, demandan precisamente los colegios: que los profesionales se colegien donde residen y no hagan turismo colegial en busca de la mejor tarifa. A igual tarifa, lo más lógico es que el profesional se registre en el colegio que le quede más a mano.

Con este texto, que se tramitará como Proyecto de Ley por lo que aún puede sufrir más cambios en las Cortes, Economía quiere cubrir el expediente ante la reiterada llamada de Bruselas para liberalizar el sector. Finalmente, Bruselas se tendrá que contentar con que ni notarios, ni registradores, ni procuradores, ni farmacéuticos ni abogados ni prácticamente ninguna profesión relevante sufra cambios de calado.

Anteproyecto de Ley de servicios y colegios profesionales