El trabajo doméstico equivale a precariedad y falta de derechos. En España, el 30% de las empleadas del hogar carecen de protección social: de las 614.200 ocupadas en este sector, solo 424.423 están afiliadas a la Seguridad Social. El último informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) alerta de que a nivel mundial este porcentaje asciende al 90%: 60 millones de las 67 millones de empleadas domésticas trabajan sin tener acceso a ningún tipo de cobertura social.
Este trabajo, fuertemente feminizado -el 80% de la mano de obra son mujeres-, tiene una de las remuneraciones más bajas en el mercado laboral. Las trabajadoras sufren, además, una alta rotación, pagos en especie frecuentes, salarios irregulares, y falta de contratos de trabajo formales.
Aunque son los países pobres los que registran las mayores bolsas de empleo doméstico desprotegido, la situación en los países ricos está lejos de ser garantista para estas trabajadoras. En España, las modificaciones normativas (desde 2011, el alta en la Seguridad Social es obligatoria) han hecho que la afiliación pasara del 42,9% al 69,1% en 2015. En Francia, el porcentaje de trabajadoras desprotegidas es similar que en España, del 30%. En el caso de Italia es aún mayor: el 60% no figura en la Seguridad Social.
A pesar del aumento de la afiliación en España, las empleadas domésticas siguen sin tener las mismas condiciones laborales que el resto de trabajadores, por ejemplo, carecen de derecho al desempleo. La OIT asegura que no existen razones que justifiquen esta merma de protección. “Atendiento a los datos del informe se demuestra que la protección social para este colectivo es factible, como muestra la experiencia de Mali, Senegal o Vietnam. Esa protección puede también ser completa, incluido el derecho a la protección por desempleo, que en países como España podría implementarse de inmediato”, asegura el director de la oficina de la OIT para España, Joaquín Nieto.
¿Cómo hacerlo? El informe recoge algunas de las estrategias que han puesto en marcha los países donde hay más cobertura social. Por ejemplo, que la contribución a la Seguridad Social sea obligatoria y no voluntaria, que el Estado apruebe incentivos fiscales, o esquemas de afiliación pensados para las empleadas que trabajan para más de un empleador -una circunstancia frecuente- o que lo hacen a tiempo parcial.
Hay varios países donde la cobertura social para las trabajadoras domésticas es total. Es el caso de Luxemburgo, Países Bajos, o Noruega: la afiliación a la Seguridad Social es obligatoria, cuentan con atención médica, cotizan para una futura pensión, cuentan con prestación por enfermdad y accidente profesional, tienen derecho al desempleo y también a prestaciones familiares y por maternidad.
Las migrantes, más vulnerables
El informe de la OIT constata que las trabajadoras migrantes se enfrentan aún a más precariedad. Y precisamente en algunos países hay más trabajadoras domésticas migrantes que nacionales, como en España, donde la mayoría proceden de América Latina. “Tienen mayor exposición a jornadas laborales más intensas, salarios más bajos en comparación con los trabajadores locales y registran una mayor proporción de casos de acoso sexual y violencia de género”, dice la organización.
La OIT insiste en la necesidad de que los países ratifiquen el convenio 189 sobre estándares de protección del dempleo doméstico remunerado: “Tiene el objetivo de garantizar que trabajadores y trabajadoras del hogar puedan disfrutar de condiciones de empleo justas como el resto de los trabajadores, tener un trabajo y vida decentes”. España aún no lo ha ratificado.