Primeros ingresos para La Granjilla de la Fresneda SL, la empresa que utiliza la familia de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre para participar, a través de una empresa instrumental en Luxemburgo, en una inmobiliaria a la que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso adjudicó en diciembre de 2021 un contrato de 2,8 millones de euros.
La Granjilla de la Fresneda SL acaba de publicar sus cuentas anuales de 2022. Estas reflejan que el pasado ejercicio empezó a facturar por primera vez desde la creación de esta empresa en 2008. No mucho: su cifra de negocios fue de 10.770 euros, según esas cuentas, disponibles a través de Insight View. Lo novedoso es que hasta ahora su cifra de negocios siempre había sido cero.
En teoría, el objeto de La Granjilla de la Fresneda es la explotación de la finca que la familia Aguirre tiene en San Lorenzo de El Escorial (Madrid), junto a “la prestación de servicios de hostelería, actividades deportivas, culturales y de ocio, en la citada finca” y “la comercialización de productos agrícolas y/o ganaderos de producción propia y de terceros”.
Pero documentación oficial depositada en el Registro de Luxemburgo apunta que el origen de esos ingresos estaría a muchos kilómetros de El Escorial, en esa instrumental del Gran Ducado, EPISO 4 Rebound Holding S.à r.l., en la que la empresa de los Aguirre tiene una pequeña participación. EPISO a su vez controla el 100% de Orbis Properties, una sociedad cotizada inmobiliaria (socimi) con sede en Madrid que tiene sus acciones a negociación en París desde 2020.
Esta socimi es casera de la Consejería de Familia de la Comunidad de Madrid a través de un contrato de arrendamiento adjudicado por el procedimiento negociado sin publicidad el penúltimo día de 2021. Pese a la adjudicación de ese contrato, la empresa disparó sus pérdidas en 2022 (prácticamente se multiplicaron por cinco, hasta 15 millones) por el deterioro del valor de sus oficinas, según las cuentas que acaba de presentar.
Sin empleados hasta 2022, La Granjilla de la Fresneda SL tiene como administrador desde su creación en 2008 al empresario y consultor inmobiliario Santiago Aguirre, hermano de la expresidenta. Como apoderada figura su hermana Piedad.
La vinculación de los Aguirre con la finca La Granjilla, una propiedad de recreo mandada construir por Felipe II en las inmediaciones de El Escorial, es conocida. Sin ir más lejos, el pasado 22 de abril, en vísperas de la exhumación de José Antonio Primo de Rivera del cercano Valle de Cuelgamuros, a Aguirre, de 71 años, se la pudo ver al volante de un vehículo merodeando por el municipio de Galapagar, preguntando a los lugareños cómo llegar hasta el vecino El Escorial.
Seis días después, el 28 de abril, los socios de la propietaria de la socimi, entre ellos, la sociedad de los Aguirre, acordaron en una asamblea extraordinaria cambiar sus estatutos y renovar el consejo de administración de su instrumental luxemburguesa. Nombraron por tiempo indefinido a una ciudadana rusa, Ana Schmitt, como administradora.
El palacio de La Fresneda en la finca La Granjilla lleva años ofreciéndose para eventos. “Recientemente se ha realizado una moderna rehabilitación de sus principales edificaciones y jardines. La Casa de los Frailes, su claustro renacentista, sus jardines y estanques acogen hoy la celebración de bodas, reuniones de empresa y actos culturales”, se explica en su web.
La finca figuraba en un extenso listado de más de un centenar de fincas rústicas en la Comunidad de Madrid que se utilizaban para la celebración de bodas y eventos recopiladas en un informe publicado en 2019 por Ecologistas en Acción.
La ONG criticaba en ese informe el impacto de esta actividad en el medio natural. Y recordaba que ese tipo de actividades habían sido legalizadas mediante una ley autonómica de 2012 que la Asamblea de Madrid aprobó cuando “debido a las denuncias, se estaban logrando precintos y fallos judiciales contrarios a la actividad que se desarrollaba, en varias fincas, y sin que se hubiera llevado a cabo ningún análisis previo del impacto ambiental ni de las repercusiones económicas y sociales de la actividad”.
Junto a La Granjilla, en el extenso listado recopilado por Ecologistas en Acción aparecían otras como la finca La Muñoza, de Carmen Cafranga, amiga de varios dirigentes del PP, socia de Lourdes Cavero (esposa de Ignacio González, entonces presidente de la Comunidad de Madrid) y condenada por las tarjetas Black de Caja Madrid; la finca La Montaña (Aranjuez), explotada por una sociedad vinculada a Heliodoro Martínez, empresario inmobiliario que fue socio en varios proyectos de David Marjaliza, uno de los cabecillas de Púnica; o El Regajal, también en Aranjuez y del empresario Daniel García-Pita Pemán, expresidente de Andbank, exconsejero de OHL y exvicepresidente de Indra.
Esa ley autonómica de 2012, aprobada tres meses después de la salida de Aguirre de la presidencia de la Comunidad, permitió, previo informe de calificación urbanística por parte de los ayuntamientos, una serie de usos en fincas situadas en suelos no urbanizables de protección y en suelos urbanizables no sectorizados, por considerarse que favorecían “el desarrollo rural sostenible”: aquellos “vinculados a la celebración de actos sociales y eventos familiares de especial singularidad, así como los usos caninos y ecuestres”.
La Granjilla contaba con un informe preceptivo de calificación urbanística del Ayuntamiento de El Escorial emitido por las fechas en las que se creó la empresa. Pese a tener ese permiso, la empresa creada hace ahora 15 años no había registrado facturación en sus cuentas hasta ahora.
La empresa estuvo aparentemente inactiva hasta 2020. Pero ese año, meses después de que la Comunidad de Madrid adjudicase (de nuevo, sin concurso público) dos contratos a Orbis por importe de cerca de medio millón de euros (en diciembre de 2019 y en junio de 2020), La Granjilla de la Fresneda SL se convirtió en accionista de la dueña de la socimi.
Su entrada en el capital de la matriz luxemburguesa se produjo el 24 de noviembre de 2020, dos meses después de aprobar en España una ampliación de 200.000 euros que fue directa a la partida de “inversiones financieras a largo plazo”, según se desprende de sus cuentas de 2020.
En 2021, esta partida, cuyos activos la empresa de los Aguirre no detalla, se triplicó y alcanzaba los 610.117 euros. Y el año pasado ya se situaba en algo más de un millón de euros, según las cuentas que acaba de publicar. Estas reflejan que la compañía tuvo por primera vez personal contratado el pasado ejercicio. El gasto asociado fue de cerca de 33.000 euros durante el año.
La Granjilla de la Fresneda es, además de accionista minoritario, prestamista de la dueña de Orbis Properties. A cierre de 2021, esa instrumental de Luxemburgo tenía contraído con la sociedad de los Aguirre un préstamo a largo plazo de 259.209 euros que ese año devengó unos 8.000 euros en intereses, según sus cuentas de ese ejercicio.
Sin empleados, la socimi Orbis es dueña de siete inmuebles de oficinas en Madrid y es el casero de la Consejería de Familia madrileña en sus dependencias de la calle Agustín de Foxá, 29, junto a la estación de Chamartín. El Gobierno madrileño viene ocupando ese inmueble desde antes de que perteneciera a Orbis. El Gobierno de Ayuso amplió el espacio alquilado después de que esa empresa se hiciera con el edificio.
A finales de 2021 la Consejería de Economía, que entonces dirigía Javier Fernández-Lasquetty, ex pupilo de Aguirre, pactó una subida de la renta del 20% respecto al contrato original firmado en 2016 con el anterior propietario del edificio, Inmobiliaria Colonial, que había sido posteriormente ampliado (con el edificio ya en manos de Orbis) en 2019 y en junio de 2020, en lo peor de la pandemia de coronavirus.
El contrato de 2021 permitió a la empresa paliar la desocupación del inmueble en un momento de incertidumbre en el mercado de oficinas por la crisis sanitaria. El alquiler pactado es superior a las rentas que hay en esa zona en 2023, con el mercado en una mejor situación, de acuerdo con un reciente informe de BNP Real Estate.
De haber abandonado el edificio la Comunidad de Madrid, este se habría quedado medio vacío. El espacio sin alquilar en Agustín de Foxá, 29 se habría disparado hasta rozar el 57%, teniendo en cuenta la superficie que figura en el contrato de diciembre de 2021.
La pérdida de ese inquilino habría sido un duro golpe para la propietaria del inmueble, que ese año tuvo que refinanciar su deuda. Al quedarse la consejería que entonces dirigía María Dolores Dancausa en el edificio, este pudo cerrar 2021 con el 25,3% de sus oficinas sin alquilar, frente al 11,5% de 2020 y el 4,1% previo a la pandemia. A cierre de 2022, ese porcentaje todavía superaba el 20%, según las cuentas que ha publicado recientemente.
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