Enresa aplaza a “mediados de 2023” el regreso de los residuos nucleares enviados a Francia
Enresa, la sociedad estatal que gestiona los residuos radiactivos y el desmantelamiento de las centrales nucleares, ha vuelto a aplazar la fecha de retorno de los residuos de la antigua central de Vandellòs I (Tarragona) que custodia en La Hague (Normandía) la empresa francesa Orano (antigua Areva). En su informe anual de 2018, aprobado en la junta de accionistas del pasado viernes y publicado esta semana, Enresa indica que “la fecha estimada de retorno es a mediados de 2023”.
La nueva estimación de Enresa implica aplazar tres años la vuelta a España de esos residuos con respecto a lo previsto hace ahora un año, cuando pronosticaba su vuelta para 2020. El baile de fechas podría dar una pista de los plazos que maneja Enresa para la puesta en marcha del futuro almacén temporal centralizado (ATC) de residuos de alta actividad.
La construcción de esta infraestructura está contemplada (aunque sin precisar su ubicación) en el borrador del séptimo plan de residuos en el que la sociedad estatal “continúa trabajando” y que presentará una vez se constituya el Gobierno, según fuentes de Enresa. Y la vuelta de los residuos de Vandellòs está condicionada a que exista un almacén de espera de contenedores que se pondría en marcha como primera fase del ATC.
La tramitación de esta instalación fue suspendida por el Gobierno de Pedro Sánchez hace un año, nada más llegar al poder, y el presidente en funciones de Castilla-La Mancha, el también socialista Emiliano García-Page, volvió a descartar de plano este martes, en una intervención en las Cortes regionales, que ese “basurero” nuclear vaya a construirse en Villar de Cañas (Cuenca), localidad elegida a finales de 2011 por el Gobierno de Mariano Rajoy para acoger el ATC. “Nos lo estamos ventilando”, dijo el dirigente socialista, que confió en que “a nadie se le ocurra una tontería cuando salga la estrategia definitiva de Enresa” porque le tendrían “enfrente”.
En su informe anual, Enresa indica que la penalización diaria que Francia cobra desde el 1 de julio de 2017 por la gestión de los residuos de Vandellòs, derivada del retraso en la construcción del ATC, ascendió en 2018 a 74.887,03 euros diarios. En 2017 fue de 73.044,94 euros diarios, lo que elevaría a más de 55 millones lo abonado en los dos últimos años por ese concepto.
Tal y como recuerda la sociedad estatal, “las cantidades pagadas por Enresa a Areva por este concepto serán devueltas” en el momento “del último retorno de residuos, una vez deducidos los costes de almacenamiento soportados por Areva desde 1 de octubre de 2015”.
Cerca de 600 millones
En octubre de este año se cumplirá el 30 aniversario del incendio que obligó a clausurar Vandellòs I, el peor accidente nuclear de la historia de España. Desde el cierre de esa central, España ha tenido que abonar a Francia cerca de 600 millones por quedarse con su basura radiactiva. Tras la clausura, se firmó un primer acuerdo con Cogema (a la postre Areva, hoy Orano), fabricante del reactor, para la custodia y reprocesamiento del combustible (uranio enriquecido) a cambio de unos 250 millones sufragados por los consumidores mediante un recargo en el recibo de la luz del 0,7%.
Ese primer acuerdo fijaba como primer plazo para traer los residuos de vuelta a España el 31 de diciembre de 2010. Como para entonces no había donde guardarlos, el plazo se incumplió y Enresa empezó a abonar una penalización de unos 65.000 euros diarios hasta que en octubre de 2012 suscribió una adenda al convenio original.
Con ella, a cambio de retrasar la devolución hasta junio de 2017 y recuperar las penalizaciones diarias devengadas hasta entonces, Enresa se comprometió a abonar 213 millones más que incluían el encargo a Areva de cuatro contenedores para el transporte y almacenamiento de los residuos hasta Villar de Cañas.
La custodia de esos recipientes, que ya están construidos, también tiene un coste de más de 450 euros diarios. Tal y como explica Enresa en su última memoria, “se ha formalizado un contrato con Orano para el almacenamiento temporal de los contenedores vacíos en el emplazamiento de La Hague hasta su carga con un coste de 167 miles de euros en 2018”.
Todos esos costes corren a cuenta del Fondo que gestiona Enresa para la financiación de sus actividades, que tal y como recogía un reciente informe del Tribunal de Cuentas, contaba con una dotación de 5.674 millones a cierre de 2018. El órgano de fiscalización advirtió en ese informe, adelantado por eldiario.es, de que ese fondo sigue siendo insuficiente, aun con el reciente acuerdo alcanzado entre Gobierno y eléctricas para alargar la vida de las nucleares hasta una media de 45,7 años.
Para eliminar ese déficit y poder afrontar el coste del desmantelamiento de las plantas y el tratamiento de sus residuos, y según avanzó la semana pasada El País, el borrador del plan de residuos ultima Enresa contempla un incremento del 20% en las tasas que pagan las eléctricas por su producción nuclear para alimentar ese fondo. Como era de esperar, el lobby atómico rechaza de plano esa idea.
El presidente de Foro Nuclear, Ignacio Araluce, insistió este martes en Barcelona en pedir una “rebaja fiscal” para que los siete reactores nucleares en funcionamiento puedan “sobrevivir” hasta la fecha pactada para su desmantelamiento. Según Araluce, los números no salen y las nucleares “no pueden vivir con unos impuestos que llegan al 42% de los ingresos”, informa EFE.
