El ministro José Luis Escrivá dice que es sólo una propuesta. Pero en realidad tampoco tiene mucho margen de maniobra porque él mismo lo pactó así con Bruselas. El ministro de Inclusión y Seguridad Social ha anunciado este lunes que la reforma de las pensiones incluirá una extensión del cálculo del periodo de las pensiones de 25 a 30 años, de los cuales el trabajador podrá elegir los 28 mejores. Unidas Podemos y los socios de investidura han criticado la propuesta, que Escrivá ha corrido a rebajar. Sin embargo, el margen es muy estrecho.
¿Por qué? Pues porque el contrato para los fondos europeos firmado en noviembre de 2021, hace exactamente un año, incluye la reforma de las pensiones “extendiendo el período de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación”, en idénticos términos a lo pactado en junio de 2021 entre el Ejecutivo y la Comisión Europea.
Hubo muchos tiras y aflojas en la comisión del Pacto de Toledo, en el diálogo social y dentro del Gobierno de coalición. Hasta tal punto, que el Escrivá sopesó hasta el último minuto enviar a Bruselas una propuesta de reforma de las pensiones que recogiera expresamente un aumento de 25 a 35 del número de años cotizados para calcular la prestación a cobrar al llegar a la jubilación. Así consta en la penúltima versión de las fichas que el Ejecutivo ha remitido a la Comisión Europea, a la que tuvo acceso elDiario.es y que se distribuyó en las últimas semanas de 2020. La versión definitiva que envió a Bruselas ya no recogía esta precisión, aunque sí mantenía la intención de ampliar los años de cálculo.
En mayo de 2021 se conoció el texto enviado a la Comisión Europea, el componente 30, que definía varias cuestiones de la reforma de pensiones, como el margen temporal en el que pretende aumentar lo que cotizan los salarios más altos de manera progresiva, durante las próximas tres décadas, y sobre el periodo de cómputo para calcular la pensión se usa el verbo “adecuar” a partir de 2023.
El componente 30 del Plan europeo de Recuperación tenía por título 'Sostenibilidad a largo plazo del sistema público de pensiones en el marco del Pacto de Toledo'. “La reforma de las pensiones está orientada a asegurar la sostenibilidad financiera del sistema en el corto, medio y largo plazo, mantener el poder adquisitivo, preservando su adecuación y suficiencia en la protección frente a la pobreza, y garantizando la equidad intergeneracional”, recogía el documento, que enfatizaba la voluntad de la que la reforma adquiera el consenso en el diálogo social después de alcanzar el acuerdo político en las recomendaciones del Pacto de Toledo.
Un mes después, ya en junio de 2021, ese verbo “adecuar” da paso al verbo “extender”. El hito 408, llamado “adecuación del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación”, se define como “entrada en vigor de la legislación relativa a la adecuación del período de cómputo, extendiendo el período de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación”.
Así, en el contrato conocido en noviembre de 2021, las llamadas disposiciones operativas para la evaluación de los hitos y metas a los que se ha comprometido España para los fondos europeos, se vuelve a decir lo mismo.
Como confirma un portavoz de la Comisión Europea, “las disposiciones operativas acordadas con las autoridades españolas no establecen nuevos requisitos sobre el hito 408 correspondiente del anexo CID [Decisión de ejecución del Consejo por la que se aprobó el plan de recuperación español en junio] sobre la ampliación del plazo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación. El hito 408 establece que esta legislación entrará en vigor a finales de 2022. De manera más general, corresponde a los Estados miembros determinar qué reformas o medidas incluir en el plan. La Comisión Europea evaluará los planes de recuperación y resiliencia sobre la base de los 11 criterios establecidos en el reglamento de los fondos europeos, que ha sido acordado por todos los Estados miembros y el Parlamento Europeo”.
Dudas en Bruselas
Hace cinco meses, en junio pasado, Bruselas avaló el pago del segundo tramo de los fondos de recuperación: 12.000 millones de euros. El tramo iba de la mano de la reforma laboral. Pero, al mismo tiempo, en su informe la Comisión Europea expresaba preocupación por el mecanismo de sostenibilidad de las pensiones, que deberá evaluar el próximo año, una vez lo apruebe España a final del presente año.
Para avalar el desembolso del segundo tramo de 12.000 millones, el mayor de todos los que recibe España, se tuvieron en cuenta dos reformas de las pensiones: su indexación con el IPC y los incentivos para alargar la vida laboral y evitar las prejubilaciones.
En este sentido, Bruselas consideraba correctos los cálculos del Gobierno del incremento del gasto (en torno al 2,7% del PIB) pero veía demasiado optimistas los cálculos del ahorro fiscal de las medidas para prolongar la vida laboral (entre el 1,1% y el 1,7% del PIB para 2050).
En todo caso, Bruselas dio su evaluación positiva del segundo tramo, si bien avisaba al Gobierno español de que veía divergencias en torno al cuarto tramo, el vinculado con la reforma que acaba de anunciar Escrivá, y que es necesario el consenso entre Madrid y Bruselas para que se libere ese dinero.
En su evaluación, la Comisión Europea afirmaba: “Las autoridades españolas han facilitado estimaciones de que la sustitución del factor de sostenibilidad por el mecanismo de equidad intergeneracional sería fiscalmente neutral, mientras que los servicios de la Comisión Europea consideran que es probable que con el tiempo dé lugar a un aumento significativo del gasto público en relación con el PIB”.
“Para respetar el objetivo general de sostenibilidad fiscal del paquete de reformas del componente 30 [el de las pensiones]”, añade el Ejecutivo comunitario, “sería necesario abordar el riesgo de que surja un agujero fiscal significativo de las medidas adoptadas para asegurar el cumplimiento satisfactorio de los hitos 409 (reemplazo del factor de sostenibilidad por un mecanismo de equidad intergeneracional) y 410 (proyecciones actualizadas que muestran cómo las reformas previsionales acometidas en 2021 y 2022 aseguran la sostenibilidad fiscal a largo plazo)”.
La Comisión Europea concluía: “La necesidad de lograr el objetivo del componente 30 de asegurar la sostenibilidad financiera del sistema (que se probará como parte del hito 410) también debe tenerse en cuenta en el diseño de otras reformas pendientes en el componente 30, entre los que destacan el hito 408 (ampliación del plazo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación), el hito 411 (reforma de las cotizaciones a la Seguridad Social de los autónomos) y el 415 (aumento de la base máxima de cotización)”.