El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la prórroga, hasta el próximo 31 de octubre, del llamado “escudo social” aprobado por el Ejecutivo en los primeros meses de la pandemia en 2020 para contrarrestar algunas de las consecuencias provocadas por la crisis sanitaria en los colectivos más vulnerables, y que decaía el próximo 9 de agosto. La extensión había sido pactada en los últimos días por los dos partidos que componen el Ejecutivo, PSOE y Unidas Podemos. Además, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha lanzado un mensaje a las compañías eléctricas en plena escalada de precios de la luz.
Ribera, que ha presentado un “paquete verde” de medidas para hacer frente a las consecuencias del cambio climático en la rueda posterior al Consejo de Ministros, ha asegurado que “no es momento de maximizar beneficios”, en un claro mensaje a esas compañías eléctricas. “Los costes de la generación eléctrica no pueden recaer en las espaldas de los más vulnerables”, ha añadido, tras la reunión en la que el Consejo de Ministros también ha aprobado el proyecto de ley para atajar el exceso de beneficios de la hidroeléctrica y la nuclear y ha dado su visto bueno a la opa parcial del fondo IFM sobre Naturgy. “Es hora de invertir, más que de repartir dividendos”, ha advertido Ribera.
El Ejecutivo ha acordado prorrogar hasta final de octubre la garantía de suministro de agua y energía para consumidores vulnerables, la ampliación del derecho al bono social para determinados colectivos y la suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional, entre otras medidas que componen el llamado “escudo social”.
“Ojalá que los indicadores sanitarios permitan entonces decir que podemos enfrentarnos al futuro sin el escudo porque vayan mejorando”, ha señalado la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, que ha destacado las favorables cifras de crecimiento del empleo y caída récord del paro en el mes de julio. “Este país no solo ha resistido sino que estamos despegando en la recuperación”, ha sostenido Rodríguez.
Además, el 'escudo' regula la prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento, la prórroga de la consideración como esenciales de los servicios de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género, las medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género y la compatibilidad de la pensión de jubilación de las y los profesionales que ejercen la medicina y la enfermería con el desempeño de su actividad, entre otras.
Las organizaciones sociales que defienden el derecho a la vivienda, como la PAH y el Sindicato de Inquilinos, denuncian que el decreto no ha funcionado ya que, pese a las medidas recogidas en el “escudo social”, los desahucios se han seguido produciendo. En el primer trimestre de 2021 hubo más desahucios por alquiler que en el mismo período de 2020 aunque menos que en 2019.
El Gobierno aprobó por primera vez estas medidas denominadas “escudo social” el 31 de marzo de 2020. Todas estas medidas, y alguna más, fueron prorrogadas más allá de la vigencia del estado de alarma y se estableció el mes de agosto como el final de este escudo ante la certeza de que el ritmo de vacunación y la mejora de los datos del turismo lo harían innecesario.
Finalmente, pese al avance de la población vacunada que ha situado a España como líder en Europa, aún la pandemia sigue haciendo estragos con una quinta ola del virus en el país. Así, la quinta oleada de contagios y la incertidumbre sobre la campaña veraniega han hecho temer al Gobierno que las situaciones de vulnerabilidad provocadas por el coronavirus puedan seguir manteniéndose unos meses más.
En Unidas Podemos reclamaban que las medidas se extendieran hasta el 31 de diciembre, pero finalmente la coalición del Ejecutivo pactó ampliar estas medidas de protección hasta pasado octubre. En el caso de la electricidad, el precio mayorista que determina el coste de la energía lleva semanas en niveles récord.