España es uno de los países que menos deuda reduce en Europa en comparación con su crecimiento económico

La deuda pública apenas ha bajado algo más de dos puntos desde que en 2014 alcanzara el 100,4% del PIB y España se convirtiera en uno de los estados más endeudados del mundo. Según el último dato (mayo de 2019), en estos momentos es del 97,5% del volumen total de la economía, y ha superado la barrera del billón de euros (1,19 billones). Sin embargo, la economía ha crecido un 15% acumulado desde hace cinco años.

Esta circunstancia, según recuerda la Autoridad Fiscal en su último informe sobre sostenibilidad de las finanzas públicas, convierte al país en uno de los que menos ha logrado reducir su deuda en Europa en comparación con su crecimiento económico.

Según la AIReF, es improbable que el país cumpla con su objetivo para este año, fijado en el 95,8% del PIB. Para finales de 2019 la AIReF proyecta una ratio de deuda sobre PIB de 96,1% para el conjunto de las administraciones públicas. En todo caso, el organismo opina que la fijación de estos objetivos anuales adolece de numerosas deficiencias. El ratio deuda/PIB que marca la UE es del 60%, un objetivo al que no se llegará hasta 2037 al actual ritmo de reducción, según la AIReF.

Pero el panorama podría mejorar. La Autoridad Fiscal prevé que este año se cumpla uno de los requisitos necesarios para la reducción de deuda pública: que el país obtenga superávit primario, es decir, que antes de pagar los intereses de la deuda los ingresos sean mayores a los gastos. En concreto esperan que sea de una décima de PIB.

Otro de los requisitos, como recuerda el economista José Carlos Díez, es que el crecimiento del PIB sea mayor que el tipo de interés medio de la deuda, algo que sí se ha producido en un contexto de bajos tipos de interés. Pero la existencia de déficit primario ha evitado la reducción de la deuda.

¿Y qué puede pasar si suben los tipos? “Mientras nos compran la deuda a tipos negativos y a 0,4% a 10 años no hay problema. Si dejan de comprar y exigen tipos de interés más altos empiezan los problemas”, afirma el economista.

A su juicio, “la deuda es como montar en bici. Llevamos 4 años en la bici estática sin reducirla en el 100%, máximos del último siglo. Si los tipos de interés suben es como subir un puerto. Si suben mucho hay riesgo de rescate y recesión como en 2012”.

Cada año España tiene que emitir casi el 20% del PIB en deuda pública. “La anormalidad histórica es que la compran a tipos negativos. Y la causa que explica la anormalidad es estar en el euro y las compras masivas de deuda del BCE”, incide Díaz.

Sin embargo, el responsable de políticas económicas de Izquierda Unida, Carlos Sánchez Mato, recuerda que la deuda pública de España que llegó a alcanzar el máximo del 100,4% del PIB a final de 2014, se ha reducido hasta el 97,1% del PIB a finales de 2018. “La ortodoxia de algunos plantea que no es suficiente el ritmo de reducción en esta etapa de crecimiento económico. Pero en mi opinión, no puede plantearse un objetivo de reducción de más deuda pública mientras tengamos tantas necesidades sociales no cubiertas”.

Riesgo de estabilización y jubilación del baby-boom

baby-boomEn un reciente informe sobre deuda, la AIReF advertía del riesgo de que la deuda pública se estabilice en el entorno del 90% del PIB en la próxima década y de que alcance el 132,2% en 2048. Una de las principales razones, según aseguran, es el número creciente de pensionistas, y la posibilidad de que las pensiones mantengan su poder adquisitivo, es decir, que se actualicen según la inflación. Su incidencia en la deuda pública, aseguran, puede llegar a ser de más de 60.000 millones de euros (50 puntos de PIB) cuando se jubile a partir de 2030 la generación del “baby boom”, los nacidos entre principios de los sesenta y mediados de los setenta.

Como alternativa, la AIReF cree que si las administraciones públicas consiguen tender hacia el equilibrio presupuestario, la deuda pública podría estabilizarse por debajo del 75% del PIB. Advierten de que este escenario implicaría alcanzar y mantener indefinidamente un control del desequilibrio entre ingresos y gastos muy exigente desde una perspectiva histórica. Por ejemplo, la Administración Central tendría que mantener un superávit primario del 2% para financiar el creciente déficit de las pensiones.

En este sentido Sánchez Mato recuerda que El Gobierno de Pedro Sánchez se comprometió con la Comisión Europea a seguir manteniendo una senda de reducción del déficit que en su opinión es incompatible con las necesidades sociales. De hecho, en el propio documento enviado por el gobierno del PSOE se reconoce “la magnitud de los recortes realizados”, añade, cuando se indica que 'casi la mitad del ajuste fiscal realizado en este periodo ha sido estructural, situándose España entre los países europeos que mayor consolidación fiscal han realizado en la última década'.

Por eso, el político de IU cree que “no es la deuda pública el problema que tienen los ciudadanos de nuestro país. Es la erradicación de la vulnerabilidad de tanta gente, invisible para la AIReF, la que tendría que ser objetivo prioritario y esencial de las Administraciones Públicas”.

Razones para este escenario y deuda ilegítima

La deuda pública en España ha pasado de ser especialmente contenida (36% del PIB en 2007) a estar disparada, rompiendo récords tanto en ratio deuda/PIB como en cantidad adeudada. El motivo es que durante la crisis económica los ingresos se desplomaron mientras que, a pesar de los recortes, se dispararon gastos públicos como los de desempleo y, muy significativamente, se pidió un rescate para la banca de 64.900 millones de los que hasta el años pasado únicamente se habían recuperado 5.150 millones de euros.

Son varias las organizaciones y economistas que hablan de “deuda ilegítima”, entendida como “una deuda donde los términos o condiciones de un préstamo infringen la ley, porque violan los derechos humanos y civiles reconocidos por la legislación internacional”.

El responsable de políticas económicas de Izquierda Unida añade que “el concepto de ilegitimidad de la deuda no es un concepto jurídico, es político. Es deuda pública 'ilegítima' toda aquella que ha sido contraída para satisfacer intereses particulares y enriquecer a élites y no a satisfacer las necesidades de todas y todos”.

Como ejemplo, recalca que “todo incremento de deuda para mejorar y potenciar la sanidad y educación públicas es legítima y deseable”. No lo es en su opinión endeudar a las administraciones públicas para hacer obra pública para hacer líneas férreas de alta velocidad “que solo son disfrutadas por una minoría”. También sería ilegítimo el dinero destinado al rescate bancario o la emisión de deuda pública “cuando esta se realiza para satisfacer una rebaja fiscal regresiva. por ejemplo, la realizada por la Comunidad de Madrid”.