La pesadilla de los arbitrajes contra España por los recortes del gobierno de Mariano Rajoy a las renovables continúa. El grupo estatal galo Electricité de France (EDF) ha logrado un resultado favorable a sus intereses en la demanda que interpuso en 2016 contra el Reino de España ante la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya (CPA), en Países Bajos.
Según confirman fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica, la CPA, la corte en Países Bajos de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, emitió en abril un laudo que reconoce a EDF el pago de una indemnización de 29,6 millones de euros.
Esa cifra equivale al 55% de los 53,2 millones que reclamaba la filial de renovables de la eléctrica francesa. Ese porcentaje está entre los más elevados en las condenas contra España que se han dictado hasta ahora por esas decisiones de Rajoy.
Para neutralizar la ejecución del laudo de la Corte de La Haya ante los tribunales de Suiza, Transición Ecológica acaba de adjudicar un contrato de 300.000 euros (más IVA) a la firma helvética de servicios legales MLL Meyerlustenberger Lachenal Froriep.
Con ello, el gasto en asesores por estos litigios, que este año ha superado la barrera de los 40 millones, ya ronda los 42 millones, según estimaciones a partir de la información disponible en el portal de contratación del Estado.
En el Gobierno consideran que es un dinero bien empleado, si se tiene en cuenta que las reclamaciones alcanzan los 10.576 millones, a la espera de una demanda cuyo importe está todavía pendiente de cuantificar.
La existencia de esta denuncia la avanzó elDiario.es en 2017. EDF, cuyo rescate anunció el Gobierno francés hace un año ante los problemas de su envejecido parque nuclear, explotaba a cierre de 2016, cuando interpuso esa demanda, cerca de 47 megavatios (MW) de energía fotovoltaica en España.
La compañía estatal se sumó con esa denuncia a otros gigantes mundiales de la energía como la alemana RWE o la estadounidense NextEra, que a la postre también obtuvieron laudos favorables.
Ninguno de los denunciantes que han logrado condenas contra España ha cobrado todavía aún euro. La Abogacía del Estado y sus asesores han logrado frenar la ejecución de las sentencias y no se ha ejecutado ningún laudo.
Varios inversores que quieren cobrar esas indemnizaciones están iniciando procesos ante tribunales nacionales para solicitar el embargo de bienes españoles. También han puesto el ojo en la deuda española, por ejemplo, presionando a las agencias de rating mediante el envío de cartas, sin que hasta ahora haya tenido impacto alguno, según el Banco de España.
Hasta ahora se han presentado 52 arbitrajes contra España en distintos tribunales por la violación de la Carta de la Energía, un tratado de protección de inversiones que España firmó en los años 90 y que, tras esta avalancha de denuncias, ha decidido abandonar, en línea con otros grandes países europeos, que creen que ese acuerdo multilateral puede ser un obstáculo al despliegue de las renovables.
Las denuncias se han concentrado sobre todo en la Corte Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, aunque algunas se han presentado ante otras instancias, como el CPA, como ocurrió en el caso de EDF.
El ministerio subraya que España ha conseguido reducir en más del 85% el importe de las indemnizaciones que demandaban los inversores. Se han neutralizado 7.103 millones y se han reconocido a los denunciantes 1.226 millones en compensaciones, con unos intereses acumulados de 116,9 millones. Todavía hay denuncias que reclaman 2.247 millones pendientes de resolución.
De esos 52 procedimientos, hasta ahora se han emitido 31 fallos; dos procesos han sido anulados y ha habido tres desistimientos de los denunciantes. 16 están pendientes de resolver.
Para intentar frenar la avalancha de denuncias, el gobierno de Pedro Sánchez aprobó en 2019 un decreto que garantizó a las plantas afectadas una rentabilidad del 7,4% hasta el 31 de diciembre de 2031 a cambio de que las empresas que hubieran denunciado retirasen sus demandas.
Cuando en 2032 venza esta rentabilidad garantizada, todas las instalaciones afectadas, la inmensa mayoría construidas antes de 2008, estarán sobradamente amortizadas y podrán optar por percibir la retribución regulada residual que les pueda corresponder –el plazo máximo es de 25 años– o por cobrar el precio del mercado hasta el final de su vida útil.
Desde que se promulgó ese decreto, “se han frenado radicalmente las denuncias contra España en cortes internacionales; sólo se han presentado cuatro y uno de los demandantes ha desistido”, subraya el ministerio.
La proporción de demandantes internacionales acogidos al RDL 17/19 es, reconoce el ministerio, pequeña.
El departamento de Teresa Ribera atribuye a la expectativa de los denunciantes de obtener una mayor rentabilidad si ganan la demanda, a desacuerdos entre los propietarios de las instalaciones afectadas, o a la venta de los litigios a fondos buitres especializados que no pueden acogerse a la compensación, una opción por la que ya se habrían decantando en más del 50% de las denuncias.
El fondo Blasket Renewable Investment, muy activo en medios de comunicación, ha adquirido los derechos de varios litigios, como los de RREEF e Infrared. De este último deriva la reciente congelación de las cuentas del Instituto Cervantes en Londres.
El Gobierno sostiene que pagar a los demandantes sería contrario al derecho de la UE “y constituir una Ayuda de Estado ilegal, incompatible con el mercado interior”.
Cuando España recibe un laudo reconociendo una indemnización, lo notifica a Bruselas, de acuerdo con los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la UE y con la Decisión de la Comisión Europea por la que se aprobó el régimen de ayudas en apoyo a la generación de electricidad por fuentes renovables de energía y cogeneración.
“España no puede pagar antes de que la Comisión se pronuncie, de modo que obra cumpliendo fielmente con sus obligaciones legales en tanto que Estado Miembro de la Unión Europea”.
En algunos casos, los demandantes están solicitando la ejecución de los laudos en tribunales nacionales de varios países, como Australia, EEUU o Reino Unido, y algún juzgado ha reconocido que los laudos son vinculantes, “pero ello no implica que estos juzgados tengan capacidad de ejecutar los laudos en sus territorios y embarguen bienes españoles; para ello hace falta que se inicie un nuevo procedimiento en el que el Estado español podrá esgrimir argumentos de oposición”, señala el Gobierno. “Sólo con una situación muy excepcional estos tribunales nacionales podrían intentar un pago forzoso”.
El Ejecutivo “no tiene ninguna responsabilidad en los litigios internacionales contra España por los recortes a las renovables, ha adoptado medidas adecuadas para compensar las políticas del anterior Ejecutivo del PP y está defendiendo los intereses del país con notable éxito en las diferentes cortes de arbitraje internacional”.
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